Con dos encuentros en los últimos dos meses, EPM ha intentado apagar el malestar con alcaldes y comunidades del Oriente antioqueño, pero hasta ahora no solo no han funcionado, sino que los ánimos están aún más caldeados.
El pasado 28 de febrero, EPM citó a reunión a los ocho alcaldes de los municipios en zona de embalses del Oriente, donde socializó el plan de inversiones de la empresa en la región, y de la cual los mandatarios esperaban salir con el compromiso del gerente John Maya de que la tercerización de los proyectos de compensación llegara a su fin después de diez años de peleas e inconformidades.
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Pero eso no pasó. Y aunque los alcaldes manifestaron que encontraron una buena receptividad por parte del gerente Maya, el panorama no varió. “Vamos a analizar”, fue la conclusión de dicho encuentro ante los mandatarios de Guatapé, El Peñol, Alejandría, San Rafael, San Carlos, Concepción, Granada y San Vicente.
Una salida diplomática, pues desde antes de la reunión, en el Oriente ya se habían enterado de que desde el equipo social que integra la vicepresidencia de Generación de EPM se adelantaba la contratación de estos programas con varias ONG y organizaciones, señaladas por los diferentes alcaldes durante la última década de ser ineficientes y responsables de que los recursos realmente no lleguen con el impacto que necesitan las comunidades.
La decisión que tomó diez años atrás la empresa de tercerizar la compensación social en el Oriente se dio luego de una evaluación para la cual contrataron a la Fundación Carvajal, una firma vallecaucana que en su momento fue abiertamente criticada por comunidades y mandatarios por su desconocimiento del territorio.
La situación ha derivado en una relación cada vez más tirante entre los municipios y EPM, pues desde la zona de embalses consideran que la inequidad en esa sociedad de generación de energía se ha ampliado con decisiones como esta.
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Los megavatios generados por el Oriente antioqueño superan el billón al año. Pero a la hora de la compensación, tal equidad no figura, a juicio de los mandatarios. Según señaló Sergio Calderón, presidente del Consejo de Alejandría, en esa relación costo-beneficio, los costos los terminan asumiendo los municipios con su patrimonio ambiental, social y comunitario, y los beneficios terminan siendo para la empresa.
Las líneas de los programas de compensación establecidos por ley para esta llamada compensación son el fortalecimiento institucional; comunitarios; productivos; recreación, cultura y deporte.
En 2021, luego de años de peleas y de llevar el asunto incluso hasta el Congreso a través de la bancada antioqueña, los alcaldes lograron que el entonces gerente de EPM, Jorge Carrillo, les devolviera el convenio de recreación, deporte y cultura. Fueron cerca de $400 millones para cada municipio con los que los alcaldes esperaban dejar clara su capacidad para manejar los recursos del resto de las líneas de compensación. Pero pese a que la ejecución de los convenios fue exitosa, el resto de los programas continuaron tercerizados.
Con el ambiente tenso y la incomodidad manifiesta de los alcaldes, EPM realizó el pasado sábado 20 de abril, por primera vez, una rendición pública de cuentas del año 2023 a la población del Oriente antioqueño.
En ese espacio entregó varias cifras, pero algunas de las que más llamaron la atención fueron los $40.706 millones por transferencias del sector eléctrico a 18 municipios del Oriente y Cornare. Hay que recordar que la Ley 99 de 1993 ordena a las empresas generadoras de energía transferir el 6% de las ventas de energía a los municipios y Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área de los proyectos.
También se habló de $22.000 millones “destinados a alianzas para el desarrollo”, de los cuales $15.000 millones, dijo EPM, fueron destinados a “procesos de formación y fortalecimiento comunitario y protección y restauración de bosques, entre otros”. Esos $15.000 millones fueron los que terminaron tercerizados y ejecutados por las ONG que, según los alcaldes, no han demostrado que la inversión llegue efectivamente a las comunidades.
La esencia del problema es que en los municipios consideran que EPM no los trata como los socios que son en la generación de energía. La alcaldesa de Alejandría, Gloria Naranjo, insistió en que son los municipios los que tienen que tener la potestad para direccionar y ejecutar estos proyectos, porque es a los territorios a los que se les adeuda la compensación, no a las ONG ni a ningún actor privado.
La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, insistió en que tener el manejo de estos convenios se traduciría en mayor índice de empleo y familias beneficiadas. El caso de El Peñol sirve para ilustrar el porqué de los reclamos de los alcaldes. Allí han reclamado durante décadas que el sacrificio de inundar su casco urbano para facilitar el embalse nunca ha sido debidamente compensado.
Para el presupuesto de un municipio como El Peñol, que no alcanza a llegar a los $30.000 millones anuales, tener el manejo directo de los programas de fortalecimiento institucional, los productivos, comunitarios y demás, podría significarle una inyección de aproximadamente $2.000 millones que, insisten, cambiaría de manera importante los indicadores de ejecución y cumplimiento de las administraciones frente a las comunidades.
En El Peñol, además, acaban de darse cuenta de que durante décadas dejaron de recibir miles de millones en impuesto predial por parte de EPM. Resulta que el año pasado en el municipio vio la luz el nuevo catastro multipropósito, una actualización catastral que les permitió evidenciar que EPM ocupa cientos de predios por los que nunca tributó debido al vetusto catrastro. Hasta el año pasado EPM pagaba $320 millones por este rubro. Ahora pasó a pagar $2.500 millones adicionales con la actualización catastral que hizo el municipio.
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El trasfondo de esta discusión tiene a la Ley 56 de 1981, que hace más de 40 años definió la figura de compensación, una figura que en los municipios socios en la generación de energía consideran que mantiene la relación asimétrica e inequitativa con EPM. Varias discusiones, hasta ahora improductivas, se han dado en el Congreso para cambiar esa figura de compensación por impuestos reales, por una nueva que le garantice una retribución económica acorde a los municipios que ponen al servicio de la generación de energía sus territorios, los servicios ecosistémicos de su jurisdicción y los impactos sociales.
Pero aunque la ley actual ampare a EPM, lo que sigue sin explicarse públicamente es por qué los municipios del Oriente son los únicos que siguen con los programas de compensación tercerizados. Esa respuesta, dicen, nunca la han recibido con claridad en los territorios.
Tampoco la ha recibido la prensa. Dos veces EL COLOMBIANO le ha solicitado respuestas a EPM sobre este asunto. Una en 2022 (en medio del tira y afloje de alcaldes con el gerente Carrillo) y otra desde el 11 de abril pasado. Tras este último requerimiento, la empresa señaló inicialmente que el vicepresidente de Generación de Energía brindaría la posición de la entidad sobre el tema, pero posteriormente desde EPM manifestaron no tener vocería disponible para el tema, pues tenían como prioridad la atención de la prestación servicio de energía y generación en plantas en medio de los desafíos que ha impuesto el Fenómeno del Niño.
