El exalcalde de Apartadó Felipe Cañizalez, defendió que en la transacción de un lote en las postrimerías de su administración (2020-2023) para ejecutar un proyecto de vivienda de interés social en ese municipio no se cometió ninguna irregularidad. Actualmente la Contraloría de Antioquia avanza en una indagación preliminar sobre este tema, que involucra específicamente al exfuncionario, donde habría involucrado un presunto detrimento patrimonial de $6.329 millones.
El pasado 6 de agosto, EL COLOMBIANO publicó un artículo al respecto, titulado “El lote de más de $6.000 millones que el exalcalde de Apartadó habría entregado en menos de $200 millones”. Previamente este medio trató de comunicarse con Cañizalez pero este no contestó a las llamadas ni al mensaje de Whatsapp que se le puso para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, posteriormente hizo una publicación en redes y le envió a este medio un derecho de réplica al respecto.
Le recomendamos leer: El lote de más de $6.000 millones que exalcalde de Apartadó habría entregado en menos de $200 millones
De acuerdo con la denuncia efectuada por la administración sucesora de Cañizalez, no solo ante la Contraloría de Antioquia sino ante la Fiscalía y la Procuraduría, sería irregular la manera como se tramitó y firmó el efectuó el convenio 448 de 2023 en el que se habla de “Entregar el lote de terreno identificado con matricula inmobiliaria 008 – 59014 como subsidio municipal de vivienda en especie, valor del aporte correspondiente al lote de terreno donde se desarrollará el proyecto...”
Entre otras cosas y según la queja, el valor que se consignó de ese terreno en el documento fueron $192,5 millones, un valor muy por debajo de los $6.512 millones en que había sido valorado en octubre de 2022. Pero además, indican que se debió actualizar esa valoración que sólo era válida por un año.
Fuera de eso, los denunciantes ponen en tela de juicio que el mismo 27 de diciembre y a tan solo cuatro días de que Cañizalez terminara su periodo, se hubiera firmado el convenio, se expidieran las pólizas de garantía y se llenaran otras formalidades de la contratación que rutinariamente no gastarían menos de 45 a 60 días.
También le podría interesar: Sobre la hora, candidato a la Alcaldía de Apartadó sí podrá aspirar en estas elecciones
No obstante, en el escrito que publicó en Facebook Cañizalez el 8 de agosto, sostiene que “en ningún momento se le entregó un predio del municipio de Apartadó a un particular”, que “el predio es y seguirá siendo propiedad del municipio hasta que se desarrolle en su totalidad el proyecto, y una vez sea así, los lotes que se deriven del predio, pasarán a ser propiedad de los directos beneficiarios en calidad de subsidios de vivienda en especie, previa caracterización de los mismos”. Según él, en cualquier momento la administración podría desenglobar franjas para otros proyectos que considere.
Explicó así mismo que se mantuvo el valor catastral del lote porque si se hubiera puesto el precio comercial actualizado se encarecería el proyecto de forma significativa y “se imposibilitaba su entrega a los posibles beneficiarios”.
Igualmente, puede visitar: Fiscalía judicializa a 10 exfuncionarios de la alcaldía de Apartadó
Y aunque uno de los elementos de la denuncia que reposa en los entes de control indica que el entonces alcalde debió contar con autorización del Concejo para la enajenación, Cañizalez aduce que no la requería porque ya en un acuerdo de 2018 la corporación municipal le había dado el visto bueno a la Alcaldía para entregar predios como subsidios en especie a los ciudadanos que llegasen a cumplir con los requisitos, y que tampoco la necesitaba para destinar vigencias futuras, porque en este caso no hubo erogaciones en dinero.
Finalmente, rechazó que se hable de un proceso “maratónico”, pues en su concepto ello insinúa que hubo “improvisación, temeridad y mala fe”, lo cual, en su concepto, es “totalmente alejado de la realidad” y que se le relacione como ficha del clan Char en Urabá.
Estas explicaciones de Cañizalez deberán pasar el examen de los organismos de control que lo investigan.
