En medio de una controvertida audiencia y pese a las alertas por posibles irregularidades en el proceso de licitación, en la mañana de este miércoles fue adjudicado, al consorcio Unidos por el Adulto Mayor, el lote 2 del contrato para operar los programas de atención a los adultos mayores más vulnerables de Medellín.
La adjudicación del lote, que tiene un valor de $17.049 millones, estuvo precedida de críticas porque algunas fuentes cercanas al proceso de licitación e incluso veedurías nacionales consideraron que se habría actuado para favorecer al contratista que finalmente se quedó con la adjudicación.
La crítica más grande radicaba en que la audiencia de adjudicación de dicho lote fue suspendida el pasado 13 de junio cuando algunos consideran que la licitación debió declararse desierta en vista de que el único oferente, el consorcio Unidos por el Adulto Mayor, compuesto por las entidades 4E SAS y el Centro Empresarial Educativo Corpocemped, no habría subsanado a tiempo un requisito indispensable y aún así lo dejaron seguir participando.
La Alcaldía justificó la suspensión en que tenía que elevar a la Gobernación de Antioquia la consulta sobre la obligatoriedad de que el oferente presentara el certificado de normatividad de Esales (entidades sin ánimo de lucro) que son vigiladas y sujetos de control del Departamento.
En efecto, la Gobernación, según lo socializado en la audiencia que se retomó este miércoles 15 de junio, habría dicho que ese certificado no es obligatorio para el proceso de licitación, a menos que se hubiese establecido como requisito inhabilitante en el pliego de condiciones.
Y aquí hay otra duda, porque fuentes cercanas al proceso indicaron que este requisito se estableció en el pliego, pero la Alcaldía de Medellín afirmó que no fue así, por lo cual se decidió adjudicar el contrato, pese a las observaciones realizadas por terceros.
Las veedurías nacionales que participaron en la audiencia de esta mañana solicitaron a la administración municipal que publique en el Secop la respuesta de la Gobernación y podrían llevar el tema a organismos de control porque consideran que hubo una presunta falencia en el respeto a los tiempos establecidos en el cronograma de licitación pública y que se habría buscado favorecer al contratista.
