Una tarde de abril, el juez Alexandre de Moraes —rostro inmutable y gesto firme— levantó su martillo en el Tribunal Supremo de Brasil. El eco de la resolución no solo resonó en la sala, sino en todo el país: una orden judicial directa a la red social X (antes Twitter), para cerrar una serie de cuentas de extrema derecha que llevaban meses propagando desinformación.
Las cuentas, fieles defensoras del expresidente Jair Bolsonaro, eran el centro de un torbellino político que había polarizado al país. Elon Musk, quien meses antes había comprado la plataforma, respondió desde su oficina en California con un gesto desafiante: no cumpliría la orden. Fue en ese momento que el conflicto entre uno de los gigantes tecnológicos del mundo y el poder judicial brasileño inició, un enfrentamiento que marcaría el futuro de las plataformas sociales en el vecino país.
Brasil, una nación conocida por su diversidad cultural, también se ha convertido en uno de los terrenos más complejos para las redes sociales, donde los medios digitales juegan un papel fundamental en la configuración del discurso político en un contexto de polarización similar al colombiano.
Las redes no solo son un medio de comunicación, sino también un campo de batalla donde ideologías se enfrentan en tiempo real. Desde las elecciones de 2018, que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia, plataformas como X se vieron inundadas por cuentas que impulsaban noticias falsas, teorías conspirativas y discursos incendiarios que alimentaron la polarización. Los tribunales brasileños, liderados por el magistrado De Moraes, tomaron como suya la misión de frenar la creciente desinformación que, según autoridades, estaba dañando la cohesión social. “El poder de las redes sociales en Brasil es innegable”, explica Pedro Texeira, periodista especializado de Folha de São Paulo, el periódico más importante de Brasil.
“Desde las elecciones de 2018, hemos visto cómo las redes se han transformado en los principales instrumentos de movilización política, especialmente para los grupos de extrema derecha que apoyan a Bolsonaro”, cuenta el reportero especializado en tecnología.
Sin embargo, ese poder digital pronto se convirtió en un problema para las autoridades brasileñas. La batalla legal contra la desinformación no era nueva, pero se intensificó significativamente con el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia en 2023, cuando la retórica extremista se volcó en ataques directos al nuevo gobierno.
El contexto político en Brasil, según Texeira, explica en gran medida la tensión creciente entre las plataformas tecnológicas y el gobierno. El ataque al Congreso en enero de 2023, cuando los simpatizantes de Bolsonaro intentaron desestabilizar el nuevo gobierno, fue el punto de quiebre. “La Corte Suprema, y en especial el juez De Moraes, estaban decididos a no permitir que lo ocurrido en Estados Unidos con el Capitolio en 2021 se repitiera en Brasil”. Ese ataque, impulsado por una oleada de desinformación en redes sociales, llevó a las autoridades a tomar medidas más drásticas, incluyendo el monitoreo y censura de cuentas sospechosas de incitar a la violencia.
Pero el epicentro de este conflicto está en la naturaleza misma de las redes sociales: su capacidad para amplificar las voces y mensajes de manera exponencial. El Tribunal Supremo de Brasil, consciente de la creciente influencia de las plataformas como X, trató de regular lo que consideraba un entorno caótico y peligroso.
La orden de bloquear cuentas no era la primera de su tipo, pero esta vez, la resistencia de Musk, amparada en su visión de la libertad de expresión sin restricciones, llevó la situación a otro nivel. Para el magnate sudafricano, la decisión de De Moraes no solo atacaba los principios de su plataforma, sino que también amenazaba su control sobre uno de los mercados de medios sociales más grandes del mundo.
Así, el conflicto entre X y Brasil fue escalando. La destitución del representante legal de X en el país, una figura obligatoria según las leyes brasileñas, se convirtió en un desafío directo a la soberanía judicial del país.
Para el juez, no era una simple batalla contra una compañía extranjera, sino una defensa de los valores democráticos, según ha explicado a la prensa. Mientras tanto, para Musk parece una cuestión de principios el hecho de defender su plataforma frente a lo que consideraba un abuso de poder por parte del Estado.
La batalla legal con Elon Musk
El enfrentamiento entre Elon Musk y el sistema judicial brasileño no solo estuvo marcado por el desacato a órdenes judiciales, sino también por el rechazo del multimillonario a las leyes locales, algo que agravó aún más la situación.
La posición del juez Alexandre de Moraes fue clave en este conflicto, pues dejó claro desde el principio que las plataformas digitales no podrían operar al margen de la ley.
El abogado Felipe Sánchez Iregui, especialista en redes sociales y exdirector del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, explicó que “Brasil ha sido uno de los primeros países en Latinoamérica en tomar acciones firmes contra las plataformas que incumplen las normativas locales. La decisión de De Moraes de suspender a X no solo tenía el objetivo de regular, sino de enviar un mensaje claro: las empresas extranjeras, por poderosas que sean, deben cumplir las leyes del país donde operan. Musk subestimó ese mensaje, y eso lo llevó al conflicto actual”.
La situación se agravó cuando Musk destituyó al representante legal de X en Brasil. Al no nombrar un sustituto, Musk dejó a X sin una figura que pudiera responder ante las autoridades brasileñas, lo que complicó aún más las posibilidades de diálogo.
Según Sánchez, “ese fue el error que selló el destino de la plataforma. Sin representación legal, no hay posibilidad de defenderse en los tribunales, y eso automáticamente pone a la empresa en desacato, como lo vimos con la multa impuesta”.
Uno de los aspectos más relevantes que abordó el juez De Moraes en este proceso fue la investigación sobre las llamadas “milícias digitais” (milicias digitales o bodegas, como las conocemos en Colombia), grupos organizados que utilizan redes sociales para manipular la opinión pública y difundir desinformación.
Estas milicias, siempre según investigaciones del Tribunal Supremo, estuvieron directamente involucradas en la propagación de mensajes a favor de Bolsonaro tras su derrota electoral en 2022.
“La acción de estas milicias es mucho más compleja de lo que parece”, señaló Sánchez. “No es simplemente un grupo de personas publicando contenido, es una operación estructurada con financiamiento y objetivos claros, como deslegitimar instituciones o crear caos social”.
La decisión de bloquear cuentas asociadas a la extrema derecha se convirtió en un símbolo del poder judicial brasileño para controlar las redes sociales en su territorio. Felipe Sánchez destacó el impacto de esta medida: “Lo que De Moraes está haciendo es proteger el orden democrático de Brasil, y eso incluye evitar que grupos organizados utilicen estas plataformas para difundir odio o desinformación. Por eso su posición fue tan firme: no se trata solo de una cuestión legal, sino de defender el sistema político del país”.
La batalla entre Musk y la justicia brasileña dejó en claro la necesidad de una mayor regulación sobre el funcionamiento de las redes sociales y el alcance de sus operaciones, especialmente en contextos políticos tan delicados como el de Brasil.
Las decisiones de De Moraes marcaron un precedente importante en la región y pusieron en la mesa un debate sobre hasta dónde deben llegar las redes sociales en su autonomía frente a los gobiernos nacionales.
Impacto en el ecosistema digital
brasileño
La prohibición de la red social X en Brasil ha desencadenado una serie de cambios en el ecosistema digital del país, afectando tanto a los usuarios como al mercado tecnológico. Pedro Texeira, periodista de Folha de São Paulo, compartió su perspectiva sobre las consecuencias inmediatas de esta medida: “La suspensión de X ha llevado a muchos usuarios a buscar alternativas. Bluesky ha visto un aumento significativo en su base de usuarios, con más de 500.000 nuevos registros en cuestión de días. Esto no solo representa una oportunidad para otras plataformas, sino que también refleja una búsqueda de espacios digitales donde los usuarios puedan expresar sus opiniones sin temor a ser censurados”.
Este éxodo de usuarios hacia plataformas alternativas no solo ha beneficiado a Bluesky, sino que también ha puesto en jaque a otras grandes empresas tecnológicas. “Las Big Tech están ahora bajo la lupa de las autoridades brasileñas. El temor a acciones similares podría motivarlas a ser más cuidadosas en el cumplimiento de las leyes locales, algo que no hemos visto de manera consistente hasta ahora”, añadió Texeira. Esta situación ha intensificado el debate sobre la regulación de las plataformas digitales y su responsabilidad en el manejo del contenido.
La cuestión de la libertad de expresión en Brasil también se ha vuelto un tema candente. Texeira comentó que “el pueblo brasileño entiende que la libertad de expresión no es sinónimo de permitir el odio, la desinformación y la violencia. De Moraes ha dejado claro que proteger el orden democrático es una prioridad, incluso si eso significa limitar ciertas expresiones en redes sociales”.
¿Podría pasar lo mismo en Colombia?
Esta experiencia de Brasil pone de relieve la situación regulatoria sobre libertad de expresión en Internet y la posibilidad de que una medida similar pueda implementarse en el país. La realidad colombiana es compleja, con un ecosistema digital en crecimiento, pero con desafíos en términos de regulación. Felipe Sánchez Iregui subrayó la importancia de la regulación, pues “Colombia tiene un marco legal que ha ido avanzando, pero aún hay vacíos en cuanto a cómo las plataformas deben comportarse ante situaciones de desinformación y abuso. Si bien es poco probable que una prohibición como la de X se lleve a cabo aquí, sí es necesario fortalecer las instituciones que regulan el uso de redes sociales”.
La situación de la libertad de expresión es muy delicada en este caso. Los discursos de odio y la desinformación han proliferado en las plataformas digitales. En palabras de Sánchez, “la libertad de expresión en Colombia no debería ser un escudo para propagar mensajes de odio. Necesitamos un equilibrio donde la libertad no se use para agredir o deslegitimar a otros”.
Comparando las situaciones en Brasil y Colombia, se puede observar que, aunque ambos países comparten retos en el uso de redes sociales, sus contextos legales y políticos son diferentes. “En Brasil, el Tribunal Supremo ha demostrado una firmeza que todavía no hemos visto en Colombia. Aquí, la regulación ha sido más laxa, y las empresas han operado con cierta libertad, lo que podría cambiar en el futuro si las autoridades deciden tomar un enfoque más proactivo”, reflexionó el legista.
Por eso, la posibilidad de una prohibición de una plataforma como X en Colombia parece remota, pero la experiencia brasileña sirve como un recordatorio de que las redes sociales deben ser responsables y responder ante la ley. Mientras tanto, el país continúa navegando entre la promoción de la libertad de expresión y la necesidad de regular un espacio digital cada vez más influyente.