Es necesario comprender que una explicación de las violencias contra las personas LGBTIQ+ se encuentra a la luz del prejuicio; y que por tanto no son hechos aislados, sino un fenómeno social. La violencia por prejuicio puede ser jerarquizante o excluyente. La primera busca corregir lo desviado, poner al otro en un sitio de inferioridad, que se considera es el que le corresponde. Lo que enfurece al individuo “superior” es la insubordinación del ser “inferior”, que aspira a ciertos derechos. La segunda apunta a la eliminación de la víctima, con violencia, sevicia y crueldad, el uso de armas cortopunzantes y el apuñalamiento en partes específicas del cuerpo.
Estas definiciones plantean dos asuntos frente a la sevicia: i) es un mensaje simbólico que alimentan en la sociedad la idea de eliminar lo indeseado, causando pánico colectivo o violencia expresiva y ii) sin embargo, la sevicia también es una prueba del odio del victimario que recurre al ensañamiento para confirmar su prejuicio y su animosidad. La sevicia debe ser vista como un indicador de violencia por prejuicio o lo que llamamos “violencias basadas en género”.
El año pasado se reportaron en Antioquia 24 casos de homicidios/feminicidios, 19 casos de violencia policial, 275 amenazas y 229 casos de discriminación y hostigamiento. Nos preocupa que las amenazas están dirigidas contra liderazgos, activismos y procesos colectivos que le apuestan a la visibilidad y el empoderamiento en un momento de construcción de paz.
Dichas amenazas no solo ponen en riesgo una vida particular, sino que buscan frenar el florecimiento del activismo LGBTIQ+. A ello se suma la persecución sistemática que algunos líderes y lideresas LGBTIQ+ está teniendo en Medellín y algunos territorios del departamento, que los obliga a desplazarse y pone en riesgo a sujetos de reparación colectiva y otros perfiles que han tenido esquemas de seguridad y que han sido víctimas de amenazas directas.
La sistematicidad de estas violencias ha dado lugar a que ocurran en épocas y períodos determinados. En años pasados, se registraron también casos de crímenes contra personas LGBTIQ+, cuyas principales víctimas son hombres gays y mujeres trans, bajo modus operandi similares que se sirven del encuentro y el prejuicio para darse.
El sexo entre personas LGBTIQ+ sigue cargado de estigmas y criminalización social, por ello, el secretismo es una forma de relacionamiento “seguro” entre ellas. Este secretismo y la moralización del sexo les aumenta el riesgo a hombres gais y bisexuales de ser perfilados por los victimarios. En el caso de mujeres trans, sus cuerpos se convierten en territorios de guerra, cuerpos para violentar, forzados a vivir en lugares periféricos en los barrios y distintos espacios sociales de menor valor.
Por ejemplo, la Comuna 10, centro de Medellín, es el epicentro de las mayores violencias contra las personas LGBTIQ+. Hay fuertes controles de ilegalidad, que permiten y facilitan que se comentan estas y otras violencias. Allí la Alcaldía viene cambiando el modelo de intervención con su Gerencia de Diversidades Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas, lo que nos parece una decisión acertada: previniendo violencia en los sectores más periféricos y asumiendo enfoques diferenciales según cada contexto, aún con mucho por atender.
Medellín y el departamento de Antioquia en su conjunto, lastimosamente, han sido escenario de las mayores violencias contra las personas LGBTIQ+ en el país, por diferentes factores. De un lado, por las prácticas violentas del territorio, que no han dejado por fuera a las personas sexo-género diversas; y, por otro lado, a causa de una cultura machista, patriarcal, homofóbica y transfóbica, que ha hecho muy difícil los proyectos de vida de las personas LGBTIQ+.
En medio de los avances en materia de reconocimiento de derechos a personas LGBTIQ+, de la implementación de una política pública distrital y de la estrategia Región Arcoíris de la Gobernación, hay una creciente negativa de otros sectores sociales, grupos anti derechos y fundamentalistas religiosos, que se oponen de distintas maneras, incluso con violencia, a la visibilidad de las personas sexo-género diversas.
Los liderazgos territoriales y de ciudad y los procesos colectivos siguen siendo objeto de estigmatización y ataques por estructuras organizadas ilegales de la ciudad. La impunidad en las violencias investigadas no es un buen mensaje para la opinión pública y es aprovechada por los victimarios. Esfuerzos significativos como la articulación entre la Fiscalía y la Alcaldía con una unidad especial de atención y seguimiento a los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, primera en el país, es una oportunidad de romper una dualidad que se encuentra en Medellín: la impunidad de los casos y el estado de indefensión de las víctimas.
Las violencias contra personas LGBTIQ+ en algunos casos pueden estar relacionadas con grupos ilegales acentuados en Medellín y en otros lugares del departamento de Antioquia, que tienen control territorial y social y condicionan la estancia en el espacio público.
Estos grupos constriñen a las mujeres trans trabajadoras sexuales, mucho más cuando son migrantes venezolanas. Las migrantes, en su mayoría muy jóvenes, incluso menores de edad, son sometidas con engaños de ofertas de trabajo sospechosas, llevadas a prácticas ilegales —a veces utilizando la legalización de su estatus migratorio o con amenazas de deportación—, así como el riesgo de trata de personas.
Así mismo, preocupa la aprobación social que naturaliza la expresión cotidiana del prejuicio contra las personas LGBTIQ+, como un elemento para perpetuar las violencias, en tanto los grupos ilegales repiten o amplían las violencias para consolidar su control social y territorial.
Es necesario pensar la delincuencia organizada no en la simple comisiones de unos delitos, sino como una estructura en la que convergen distintas conductas ilegales, en la que se perfilan y sistematizan prácticas en contra de algunos individuos, en este caso personas LGBTIQ+.
Hay una potencial conexión entre los homicidios con grupos de criminalidad organizada y la utilización que hacen de las personas LGBTIQ+ en sus estructuras delictivas, sobre todo las más vulnerables. Y una visión sesgada de las autoridades cuando en medio de un acto delictivo hay personas sexo-género diversas.
En general, en el departamento de Antioquia las garantías a la vida o integridad personal se ven reducidas y se necesita un ejercicio estructural y colaborativo del Estado y la sociedad que rodee su existencia y garantice que las vidas de las personas LGBTIQ+ sean vidas vividas. Lo más importante no es tanto saber quién les mata, quién les amenaza, eso es necesario y por supuesto hay que particularizar para avanzar en las investigaciones; pero además de ello, es urgente conocer los por qué y cuáles son los orígenes de esas violencias, muchas naturalizadas en la cultura ciudadana para sancionar los hechos ocurridos e incidir para que no vuelvan a pasar. no es un buen mensaje para la opinión pública y es aprovechada por los victimarios. Esfuerzos significativos como la articulación entre la Fiscalía y la Alcaldía con una unidad especial de atención y seguimiento a los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, primera en el país, es una oportunidad de romper una dualidad que se encuentra en Medellín: la impunidad de los casos y el estado de indefensión de las víctimas.