De la minería ancestral a la ilegal
La desaparición de la minería ancestral de la legislación favoreció la ilegalidad y con ello llegó el crimen.
A 90 metros de profundidad, en un socavón en el que no cabe de pie y que le ha llevado un año entero excavar, Diego ve como su esfuerzo brilla cuando la luz de su lámpara ilumina la pequeña veta dorada. Con 40 y tantos años, sus ojos achinados muestran ilusión y sus manos regordetas y callosas son evidencia de una vida dedicada al trabajo duro.
Desde niño, ha pasado sus días rompiendo las montañas del Nordeste antioqueño, donde encontrar oro es un sueño. Toda su vida se ha dedicado a buscarlo, y lo ha hallado, pero la pobreza gana. Entra por cada rendija que encuentra.
Este minero tiene un puesto, similar a una acción dentro del negocio del oro, en una sociedad que construyó de palabra —que en la región vale más que la vida—con otros siete amigos, cuyo aporte está en sus manos, en su labor diaria en la mina.
Su trabajo del último año ya está empeñado. Cada onza de oro arrancada a la montaña deberá compartirla con sus socios y los “gasteros”, que financian el combustible para la motobomba, los explosivos para romper la roca, el mercurio para separar y extraer el oro, la madera para sostener los bordes del socavón y el mercado de las familias de los mineros.
Además, patrocinan la construcción del apique, un cajón que se moviliza por rieles gracias a la tracción de una polea y que facilita el trabajo de los mineros al entrarlos al socavón y sacar el material. El gastero por eso tiene un derecho a siete puestos (acciones). Él, en la minería aluvial, que se da en los ríos y ha generado un gigantesco ecocidio, también financian las dragas, las motobombas y las retroexcavadoras.
Como la mina La Fortuna, donde Diego gasta sus días, no ha generado ni un solo peso, la operación debe ser financiada por los gasteros. Ahí es cuando estos se llenan de puestos que, al final de cuentas, si encuentran el preciado metal o, como se dice popularmente, se “enguacan”, se convertirá en dinero.
Los gasteros son como fantasmas: manejan enormes recursos, pero no dan la cara. Algunos contaron con fortuna en una explotación y resultan invirtiendo en varias minas. Otros son comercializadores locales que han amasado capital y están dispuestos a arriesgar. También y, esto es lo más preocupante, son representados por los grupos criminales que financian la extracción ilegal de oro en la región que, por una ruta de lavado dinero, lo convierten en papel moneda para financiar el conflicto armado.
El negocio del crimen
“Identificamos que de 300 municipios con vocación minera, en 170 hay presencia de grupos armados ilegales. En estas zonas hay financiación directa o indirecta de esas organizaciones a través del oro. Cada región, cada municipio y cada grupo tienen una forma diferente de financiar la guerra. Más de 80 % se da por la extorsión a los mineros”, asegura Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de Minería de la Universidad del Rosario.
Mientras usurpan las economías ilegales derivadas de la explotación aurífera, los grupos armados violan los derechos humanos de las poblaciones circundantes. Un funcionario del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierte que en las zonas en las que hay presencia de estas estructuras ilegales se conjugan las amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamiento de menores de edad y extorsiones. En donde hay disputas territoriales entre varios grupos, como el asunto es peor, en medio del fuego cruzado se dan asesinatos, torturas y desapariciones.
Se trata de un negocio redondo. En total, los grupos armados organizados podrían beneficiarse con 10 billones de pesos cada año, en todos los eslabones de la cadena de la minería ilegal, según las estimaciones del Plan Nacional de Desarrollo.
En este primer eslabón es en el cual actúa la Fuerza Pública para combatir el fenómeno ilegal. En 2018 realizó 276 operaciones (ver informe), que, reconocen, no han dado el resultado esperado: “Golpean de alguna manera a la estructura criminal, pero en el fondo la comunidad minera y el oro siguen allá. Por eso vemos que el fenómeno no disminuye, se sostiene o aumenta”, explica el coronel Carlos Montenegro, comandante de la Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal.
“Las operaciones nuestras golpean a la estructura criminal, pero en el fondo la comunidad minera sigue allá y el oro sigue allá”.
Coronel Carlos Montenegro
Comandante de la Brigada del Ejército contra la Minería Ilegal
No existen en la ley
De acuerdo con Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros (informales) de Colombia (Conalminercol), los mineros ancestrales trabajaban desde antes de que llegaran los títulos mineros que le fueron entregados a multinacionales, pero el Código de Minas (Ley 685 de 2001) los borró de un plumazo. Establece que existen los títulos mineros que cuentan con licencia ambiental; las figuras de formalización, que casi siempre son negadas; y los mineros de subsistencia.
De ahí que esta última sea la figura más utilizada para legalizar el producto de explotación ilícita. Los mineros de subsistencia produjeron 16,4 toneladas de oro en 2018, según la Agencia Nacional de Minería, lo que corresponde a la nada despreciable cifra del 46,19 %, casi la mitad de la producción nacional, sobre la cual la trazabilidad es difusa.
Entre los mineros de subsistencia se encuentran los barequeros. El Código de Minas establece que el barequeo, como actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales, será permitido y lo define como “el lavado de arenas por medios manuales sin ayuda de maquinaria o medios mecánicos. Con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en las arenas”.
A esta figura se le suman los chatarreros, quienes trabajan en la minería de veta o de socavón (que se da en las rocas, dentro de las montañas) en las plantas de beneficio de oro y le dan la segunda y la tercera lavada manual a las arenas. Esto permite aprovechar las sobras del mineral que no fue extraído por el dueño del título.
En ninguna de las dos definiciones podría ubicarse Diego, quien es un pequeño minero que no tiene título ni licencia ambiental, que además explota sin autorización el título de la Gran Colombia Gold, esto lo convierte en un minero ilegal.
Sin embargo, aparece en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) como barequero, con la anuencia del alcalde y de la Agencia Nacional de Minería. El oro que algún día producirá será exportado sin mayores controles, como ocurre hasta ahora.
Esta es una de las formas que el segundo eslabón de la cadena: la comercialización, utiliza para blanquear el oro de procedencia ilegal.
El resultado de la fuerza pública
La Policía y el Ejército realizaron 296 operaciones en contra de las explotaciones ilícitas de yacimientos mineros en 2017, para 2018 fueron 276.
En esas operaciones se presentaron 1.920 capturas.
Fueron destruidas 389 dragas, 225 máquinas amarillas, 562 motores, 492 motobombas y 2.510 kilos de explosivos. 86 socavones y 122 minas fueron desmanteladas.
Un operativo de un día puede costar cerca de 70.000 dólares (unos 210 millones de pesos), si es necesario llegar por aire, según el Ejército.