Se comercia con engaño y trampa

Falsifican documentos y suplantan personas para darle al mineral apariencia de legalidad.

Diego es un minero de Segovia y no ha sacado ni un solo granito de oro desde que se metió a La Fortuna, la mina que explota desde hace más de un año. En 2018 recibió una oferta para figurar en una compraventa como el vendedor de cuatro castellanos (4,6 gramos) del preciado metal, un total de 18,4 gramos que no había producido él, a cambio recibió 70 mil pesos. El real propietario de la transacción obtuvo más de 2 millones. “Yo lo acepté porque esa plata, en medio de esta escasez, me sirve”, cuenta.

No sabía de dónde había salido el oro, quién en realidad lo estaba negociando ni por qué no podía venderlo directamente. Era un asunto de necesidad, de hambre, así se vive en las zonas mineras.

La explotación ilícita de yacimientos es un buen negocio porque los ilegales lograron convertir ese oro ilegal en dinero, en una perfecta operación de lavado de activos. Todo el proceso inicia en la comercialización local, que la realizan compraventas comunes en el centro de los pueblos de las zonas auríferas, y hay personas que van hasta las minas a acopiar el oro.

“Como nosotros no podemos vender, porque en el papel ni existimos, lo terminamos dejando incluso 40 % por debajo del precio internacional”, explica Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros (informales) de Colombia (Conalminercol). Es decir, un minero ilegal puede vender el oro en boca de mina a 78.000 pesos, cuando el precio internacional ronda los 130.000 por cada gramo, el resto del dinero se queda en la cadena de comercialización.

Lo acopiado necesita demostrar su origen legal para venderse al exterior, o al mercado nacional de joyería. Así, estos comerciantes deben soportar el oro con explotadores autorizados, que según el Código de Minas son: títulos, solicitudes de legalización, áreas de reserva especial en camino a convertirse en títulos, mineros de subsistencia y subcontratos de formalización.

El modo de hacerlo cambió conforme la normatividad se ha desarrollado. Como dice el adagio: “hecha la ley, hecha la trampa”. Cuando inició la vigencia del Código de Minas, en 2001, los comercializadores inscribían en los listados de explotadores autorizados a personas que no existían o habían muerto, práctica que se destapó en 2015, cuando la Fiscalía capturó a los representantes de C.I. Goldex, acusados de lavar 2,3 billones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, los comercializadores locales que proveían el oro a Goldex tenían una red de subproveedores en la que utilizaron a una gran cantidad de personas que no tenían relación con la minería: muchos eran habitantes de calle o fallecidos.

Para la época, los mineros de subsistencia reportaban la producción de 40 toneladas de oro al año, de las 63 del total nacional.

Gerardo Villegas, quien lleva más de 40 años vinculado al sector, recuerda que, entonces, los comercializadores de Antioquia iban al Hueco, en el centro de Medellín, y compraban por 5 millones de pesos una USB con información de mineros ancestrales y sus números de cédulas, información suficiente para poner a circular una cantidad de oro a su nombre.

El Rucom

El Gobierno Nacional entendió que había que crear un listado de mineros de subsistencia que reflejara la realidad de los municipios auríferos. Por eso, en 2015, creó el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) con un capítulo para los barequeros y otro para los chatarreros (que deben extraer el oro sin ayuda de ninguna máquina), quienes debían inscribirse ante el alcalde para ser reconocidos como vecinos del lugar y confirmar su relación con la explotación de oro.

Las normas se hacían más estrictas y en 2017 fijó topes de producción para ellos: 35 gramos al mes o 420 al año, y empezó a exigir el Registro Único Tributario (RUT). Para ese año, la producción de los barequeros y chatarreros fue de 19,5 toneladas y la del país se redujo a 42,9 toneladas.

Es el alcalde de cada municipio quien debe velar porque el registro no se use mal, pero no ocurre. Casi todo el que sabe barequiar también sabe hacer minería y “a nosotros nos queda muy difícil dar un carnet de barequero y buscarlo en el punto, y si no lo encontramos ¿dónde lo buscamos?”, cuestiona Wilman Cañas, secretario de Minas de Remedios, uno de los principales enclaves del oro en el país.

Advierte que es “imposible” verificar que quienes llegan a su despacho pidiendo el ingreso al registro, no desempeñan su actividad ilegalmente. Son 1.314 barequeros para dos técnicos de su Secretaría.

Para Javier García Granados, vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad de la Agencia Nacional de Minería, hace falta una mejor regulación porque en la norma hay un inmenso boquete, nadie tiene la tarea de vigilar que el alcalde cumpla.

Explica Eduardo Chaparro, expresidente de la Cámara Asomineros de la Andi, que si a un pueblo minero se le ponen muchos controles, la bomba social le estalla en la cara al mandatario local por falta de empleo. De eso vive toda la economía, desde el comercio hasta los servicios.

En lo que coincide José Luis Pacheco, alcalde de Arenal (Bolívar): “El 99 % de los habitantes del municipio no tienen empleo. Aquí no hay empresa, los pobladores son barequeros, solo tienen trabajo los profesores y los funcionarios de la Administración”. Hoy hay 1.012 barequeros, registro que ha crecido 60 % en 2019.

Los comercializadores locales se aprovechan. Un comercializador del Bajo Cauca antioqueño, que pidió reserva de su identidad, cuenta que hay dos formas: la primera es ocupar el cupo de mineros de subsistencia que van a la compraventa a vender algunos gramos de oro. “Uno se los compra y se queda con copia de los documentos, les saca más copias y falsifica las firmas para que aparezca vendiendo el oro que uno ya ha conseguido por otro lado”.

La segunda es concertada: “Le ofrezco a un barequero 150.000 pesos mensuales traiga o no traiga oro, le compro lo que consiga y, el resto, hasta ajustar los 35 gramos mensuales, lo reporto del oro que conseguí en minas ilegales”, dice el comercializador. Los acopiadores son creativos y consiguen saltarse las normas.

Un mundo de propuestas

Este tipo de ofertas son habituales, no solo en Antioquia. A Simití, Bolívar, que cuenta con 21.700 habitantes, tres mineros formalizados y 4.175 barequeros (1.372 más que en 2018), llegaron en los últimos meses retroexcavadoras desde Antioquia y Boyacá. Desde ese momento, quienes las operan, abordan a quienes forman parte del RUCOM con ofrecimientos de 50.000 o 100.000 pesos para que firmen documentos que soportan ventas de oro ajeno. “Muchos llegan a la Alcaldía llorando porque se quedaron sin cupo en el Rucom y no saben por qué”, dice Jesús Alberto Ramírez, alcalde de esa población. El hecho es evidente.

Por ejemplo, entre el 1° de enero y 18 de febrero de este año, el registro reporta que 1.592 barequeros de Simití han realizado ventas de oro. De ellos 183 por 419 a 420 gramos, es decir, no pueden hacer una transacción más en 2019. Esos 420 gramos representan un monto superior a los 40 millones de pesos.

Para un barequero sacar esa cantidad únicamente utilizando una batea es tan imposible como que una persona construya un rascacielos en una semana únicamente con cemento y ladrillos.

Ocurre también en Arenal. “Por denuncias de la comunidad, se sabe que a la zona alta ha ingresado maquinaria pesada por vías del vecino municipio de Norosí con la intensión de realizar minería ilegal a orillas de la quebrada de Arenal, situación que afecta la tranquilidad y el orden público”, dice una carta enviada por el alcalde Pacheco al secretario del Interior de Bolívar, Pedro Castillo González, el 17 de diciembre de 2018.

En esa comunicación, con copia a las autoridades ambientales, al Ministerio Público, al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública, agrega que “en el municipio se tiene conocimiento de que a orillas de la quebrada se viene practicando minería con motores que de a poco la han sedimentado”.

Parece una fórmula matemática. Con la llegada de máquinas, el registro de barequeros se dispara. Víctor Enrique Obregón, secretario agrominero del municipio, explica que “hay gente que no está relacionada con la minería pero compra oro y para comercializarlo necesita estar en el Rucom. Los tenemos que registrar”.

De acuerdo con el funcionario, no hay cómo identificar a qué se dedican las personas registradas. Pero las cifras dan pistas que no son seguidas por las autoridades. En Arenal, 135 personas vendieron entre 419 y 420 gramos de oro hasta el 18 de febrero de 2019, de ellas 134 eran nuevos en el registro, según datos obtenidos por EL COLOMBIANO.

Los títulos mineros

Hace pocos días Gerardo Villegas recibió la llamada de un amigo que quería saber si todavía tenía títulos mineros a su nombre para reportar un oro que había conseguido en una explotación ilegal. Declinó la oferta, pero sabe la propuesta le llega a cualquier propietario de un título.

De acuerdo con Leonardo Güiza, del Observatorio de Minería de la Universidad del Rosario, esta es una operación común. Cada mina debe tener un Programa de Trabajos y Obras (PTO) en el que se determinan las proyecciones de las operaciones. En él se establece el promedio de oro que puede sacar de acuerdo con la inversión. “El problema es que en el país no hay autoridad que ejerza vigilancia a boca de mina”, lo que facilita que comercializadores compren títulos improductivos para registrar la producción de una mina ilegal.

Carolina Flórez García, gerente general de Mines and Business, quien hace la revisión de proveedores para CIIGSA, la segunda comercializadora internacional del país, aclara que muchos títulos llegan buscando que les compre el oro que supuestamente producen, pero no pasan la más mínima auditoría. En el lugar no hay ningún tipo de explotación o es insignificante en comparación con la cantidad de oro reportada. 

“Dependiendo del tenor se sabe cuántas toneladas de roca hay que sacar para conseguir un gramo de oro, digamos que de una tonelada se saquen, en un buen sitio, 50 gramos de oro, ¿dónde están las colas?, no aparece por ningún lado esa cantidad de mineral desechado”, argumenta Flórez.

De nuevo una ecuación perfecta. Cuando la Agencia Nacional de Minería elevó los requisitos para que los mineros de subsistencia vendieran oro, se disparó la producción de los títulos: en 2016 produjeron 13,5 toneladas y en 2017 fueron 20,8.

Dice García Granados que “la Agencia realiza una evaluación documental a todos los títulos mineros en los que verifica el PTO, los Formatos Básicos Mineros y la Declaración de liquidación de regalías. Además durante las visitas de seguimiento y control a los titulares, se verifica el tema”.

Pese a los controles, sigue pasando. Y ya con los documentos listos, habiéndole dado apariencia de legalidad al oro, el material cumple con los requisitos para llegar a las comercializadoras internacionales, el tercer eslabón de la cadena.

La Bomba social

El Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso establece que se implementará el Sisbén IV en 2020, una nueva forma de medir la base social sobre la que se focalizarán los programas sociales. Para ello, el Departamento Nacional de Planeación “actualizará la información de las personas registradas mediante cruces de información a nivel individual y geográfico con otros registros administrativos” y el Rucom es uno de esos registros. Es apenas lógico que quienes hagan transacciones con oro por encima de la línea de la pobreza no sean merecedores de los subsidios del Estado, lo que afectará a los barequeros que reportaron altas cantidades de oro que no produjeron y que en realidad siguen sumidos en la pobreza, porque quedarán por fuera del régimen subsidiado de salud y a los municipios mineros que cuentan con las transferencias del Estado para sostener sus servicios.