35 años trabajando de irregular para esquivar la deportación

Esa incertidumbre se ha acrecentado después de que el Congreso de La Florida aprobó el proyecto de ley que radicó el gobernador republicano, Ron DeSantis, que rotula como delito acoger o movilizar a un indocumentado. Esa norma puede obligar a a los hospitales a reportar si les llega una de esas personas.

Sin siquiera regir la norma, ya León ha sentido de cerca cómo esta asfixiaría a los migrantes. Trabaja en una compañía de reparaciones locativas y hace dos meses y medio el patrón le comentó de forma confidencial que iba a tener que tomar medidas sobre un trabajador hondureño, porque sospechaba que no tenía los papeles en regla y se arriesgaba a que le impusieran una multa. Lo despidió y –desde entonces– León tiembla pensando que lo mismo le pueda ocurrir, ya que él tampoco los tiene.

Es el mayor de cinco hermanos que crecieron en el barrio San Pío X de Itagüí. Cuatro están en Estados Unidos y él es el único que no ha obtenido el estatus de legalidad. “Por de malas”, dice. Una hermana y un hermano alcanzaron la ciudadanía casándose con personas naturalizadas en uniones que deben demostrar una convivencia de por lo menos dos años. Otra hermana, la mayor, pidió la residencia y luego la ciudadanía en compañía de su esposo, también antioqueño. A su favor jugó que se dedica a cuidar ancianos, un oficio bien valorado por esos lares.

“Yo también me casé con una ‘americana’. Uno tiene que saber todos los caprichos y cosas de la otra persona porque, si lo pillan en la mentira, lo pueden deportar y queda manchado para volver a entrar. Pero no se dieron las cosas. Eso fue en 1995, en ese año se enfermó y falleció mi papá, y yo no pude viajar a despedirme de él. Después murieron mis tíos y tampoco pude ir a Colombia”, cuenta. Sabía que era un camino sin retorno.

Los intentos posteriores de conseguir los papeles han sido varios, sin que fructifiquen. Desde el 2007 la hermana lo “pidió”, pero pasados 14 años sigue esperando la ansiada respuesta. Sin embargo, hay un plan B. Consiste en que su mamá, que también comenzó yendo de vacaciones y terminó como residente, solicite la reunificación familiar; un plan C, que es la misma petición, pero por parte de su hija tan pronto cumpla la mayoría de edad, dentro de 3 años; y el plan D, más remoto aún, que lo haga la hija menor, que apenas cuenta los 16 años.

“Con la ayuda de Dios, espero que revienten las cosas a ver si dejamos esta zozobra”, agrega. Si fuera legal, de joven hubiera podido seguir la carrera militar, como deseaba, o estudiar en la universidad; pero por no serlo, en 35 años ha tenido que trasegar en distintos trabajos, todos demandantes de despliegue físico, todos no tan bien pagos. Así ha ejercido de encargado de oficios varios en un club social, se empleó en mantenimiento de carreteras y desde hace más de una década pinta casas y oficinas, repara paredes e instala decoraciones en papel colgante, lo más cercano a las dotes que pulió de adolescente en una escuela de artes de Itagüí.

Una vez laboraba de obrero raso y el jefe le vio condiciones para supervisor de un proyecto. Se sostuvo diez años e incluso lo pensaban ascender de nuevo a superintendente, hasta que lo paró la Policía en la vía, lo detuvieron, llamaron a la compañía, se destapó su secreto, lo echaron y se apagó la ilusión.

León advierte que “uno no les puede revelar su situación ni a los compañeros de trabajo porque el día en que se enojan pueden terminar denunciándolo. Es una zozobra todo el tiempo y no te deja avanzar” y si pasa la ley de DeSantis el asunto puede empeorar.

En este momento, León rueda en su camioneta. Como no posee licencia, se arriesga a que lo lleven a la cárcel si lo cogen, pero aún así maneja porque, si no conduce, no puede trabajar debido a que en el auto debe llevar las herramientas. Si no trabaja, no paga las cuentas.

León ya no sabría qué hacer en un país como Colombia que, aún siendo el suyo, le niega las comodidades de Estados Unidos. En realidad, al cabo de tantos años su sueño americano es más modesto: sugiere que le bastaría coronar la ciudadanía antes de los 62 años para poderse jubilar con salario que convertido a pesos le permita mercar bien en Colombia. Y, en el entretanto de estos seis años que faltan para entonces, conseguir con qué comprar una casita de campo.