Por Giovanny Cardona Montoya.

Versión en inglés: http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=1146

Traductor: Andrés Fernando Cardona Ramírez.

Hace ya más de 20 años, Colombia, al igual que la mayoría de las naciones latinoamericanas, renunció al modelo desarrollista inspirado por la Cepal y se matriculó en el modelo aperturista derivado del Consenso de Washington. Este cambio conllevó la reducción en la participación del Estado en la dinámica económica, la privatización de empresas, la liberalización unilateral del comercio y la masificación de acuerdos regionales de comercio (ARC) con los vecinos y con naciones del resto del mundo.

Para darle un marco de referencia que legitime política y  económicamente el nuevo rumbo el país ha sido dotado de documentos como el Informe Monitor, también hace 20 años, y una docena de CONPES que han pretendido ser faro para guiar hacia un puerto seguro.  Pero, el tiempo pasa y el balance no es nada satisfactorio. A pesar de ser, por décadas, una de las naciones más estables de la región en materia macroeconómica, de lograr un significativo crecimiento exportador y de ser una nación atractiva para la inversión extranjera, especialmente en los últimos años, los datos de desarrollo –que no es sinónimo de crecimiento- indican que el país no avanza en ninguna dirección.

La brújula:

En 2006 se aprobó el Conpes 3439 que creó el Sistema Nacional de Competitividad. Dicho sistema estableción una Visión del país para el futuro:

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”.

Pero, el tiempo nos está pasando cuenta de cobro por las tareas no realizadas. En 2006, en el Indicador Global de Competitividad del Foro Económico Mundial -que mide a 142 naciones-, el país se ubicaba en el puesto 65 entre 125 países. En 2011, Colombia se ubicó en el puesto 68 y en 2012 en el 69. Si nos comparamos con nuestros vecinos latinoamericanos, el escenario no es mejor: pasamos del 5º a 8º puesto.

Este indicador muestra que nuestra posición relativa no ha mejorado. Ahora, para lograr esta meta es necesario tener avances en otros indicadores relacionados con la producción y el ingreso:

–          Según el Consejo Privado de Competitividad, entre 2006 y 2010, el ingreso por persona en Colombia ha venido creciendo a una tasa promedio de 4,4%. Sin embargo, considera el Consejo, si se quisiera cumplir con la meta de ser al año 2032 un país de ingresos medios altos, se deberán alcanzar tasas de crecimiento entre 6% y 7% anual en promedio.

–          A comienzos de la última década del siglo XX, Colombia dependía en gran medida de las exportaciones de café, algunos hidrocarburos y otras exportaciones agrícolas o agroindustriales, principalmente. Después del hallazgo de petróleo en Cusiana y de la crisis mundial cafetera, Colombia  se hizo más dependiente de la minería. En 2006, las exportaciones colombianas con bajos niveles de innovación ascendían a 83% del total, para 2012, esta cifra alcanzó el 90%.  ¿Estamos retrocediendo? Todo indica que sí.

¿Es malo crecer dependiendo de la minería casi que exclusivamente?

No, no es malo. Primero hay que decir que un país con suficientes reservas para varias décadas puede financiar la dinámica de sus proyectos de desarrollo, incluso, apalancarse en aquellas para generar nuevas industrias (manufactureras, de servicios, etc.). Sin embargo, Colombia no ha logrado un aumento sustancial de sus reservas de petróleo. Estas se encuentran en promedio en 2.200 millones de barriles, una cifra muy baja comparada con otros países de América Latina como Ecuador que tiene 6.200 millones o México con 11.400 millones o Venezuela que tiene casi 300.000 millones.

Entonces, además de que necesitamos que los recursos de la “bonanza de hidrocarburos” se utilicen para crear capacidades (infraestructura, educación, CT+I, etc.) también se requiere que las exploraciones incrementen las reservas para tener el colchón que financie la reconversión industrial de nuestra economía.

Pero, a pesar de la relativa y sostenida estabilidad macroeconómica, del auge exportador minero y del creciente flujo de inversiones extranjeras, en el país se preservan unos lastres que no nos permiten avanzar hacia una economía más competitiva:

–          Debilidades del sistema educativo. Además de la baja cobertura -25% de los adultos no son bachilleres, menos del 40% de los bachilleres entran a la educación superior y sólo la mitad de estos se gradúa- hay serios problemas de calidad: la carrera de maestros (licenciados) no es elegida por los mejores bachilleres, hay poca demanda de cupos para estudiar carreras agropecuarias –sector que tiene gran potencial-, a la vez que los jóvenes manifiestan poco interés por la formación en matemáticas, física, química o biología, disciplinas fundamentales para la innovación y el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios;

–          Ausencia de una política de Estado en materia de infraestructura. Desde décadas atrás en este país se habla de la necesidad de un canal interoceánico, de túneles que faciliten el tránsito entre tantas montañas, de una nueva propuesta ferroviaria, de un proyecto de navegación por el río Magdalena, de otro puerto en el Pacífico, etc. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas aún están en el papel y las que están en construcción tienen años de retraso.

–          Alta informalidad laboral. Lo que se maneja como una estrategia de reducción de costos laborales, la informalidad, es  realmente un lastre que no permite modernizar nuestra economía: hay trabajadores que no cotizan a la seguridad social,  existen cooperativas de trabajo asociado que precarizan el salario, existen oficios que se desempeñan a través de contratos de prestación de servicios en lugar de vinculaciones laborales a término indefinido, etc. Todo esto agudiza el déficit fiscal –SISBEN-, debilita la base de ingresos de los hogares y, por ende, su capacidad de compra y endeudamiento, estancando al mercado doméstico.

–          Abandono del sector rural. El campo no es el proveedor de materias primas para la ciudad y, en consecuencia, no es un mercado sólido para la compra de bienes industriales y servicios. Aunque el conflicto armado es un determinante de este abandono, la informalidad rural, el latifundismo extensivo y de “engorde”, acompañados de un minifundismo improductivo, no facilitan el paso hacia un campo competitivo.

–          Colombia: un país que no invierte en I+D. Esto se evidencia de manera simple: nuestra oferta exportable de alta y mediana tecnología apenas alcanza el 9%, además somos un país sin trayectoria en materia de patentes. Mientras mercados emergentes exitosos dedican varios puntos de su PIB a CT+I, Colombia apenas dedica menos del 0,3%.

Aunque se ha definido un nuevo Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y a Colciencias se le ha dado la condición de Departamento Administrativo –un grado menos que  Ministerio-, a la vez que se han aprobado cuantiosos recursos de regalías para la investigación y la innovación, ya hay indicios de que la rapiña política por los recursos se impondrá por encima de las aspiraciones de largo plazo de este país.

Todas estas insuficiencias evidencian que estamos lejos de un nuevo Proyecto País, en otras palabras, que Colombia 2032 es un canto a la bandera…y nada más.