El descubrimiento de mafias que se habrían encriptado en el Sistema de Salud en Colombia, tendiendo una maraña que enreda a diversos niveles e instituciones, incluido el mismísimo Ministerio de Seguridad Social, y la reciente intervención en Saludcoop, son virus fuertes que atacan a un organismo con un débil sistema inmune: La Seguridad Social en Colombia.

Según Rofman y Lucceti, en las sociedades tradicionales las familias se hacían cargo de los mayores y los desvalidos. Pero, con el desarrollo del mercado laboral, la reducción del tamaño de las familias y el envejecimiento de la población surgió la necesidad de una propuesta alternativa para este problema. Una definición clásica W. Beveridge) asume la Seguridad Social como la abolición del estado de necesidad de los individuos, asegurando a cada ciudadano en todo tiempo, una entrada suficiente para hacer frente a sus necesidades.

En los modelos de economía de mercado regulados por el Estado (como los que existen, con diferencia de grado, en casi todos los países del mundo) el salario de los empleados es el principal garante de la Seguridad Social y es complementado con los ahorros para jubilaciones, desempleo (cesantías) y salud.

Salud y Pensiones: análisis comparativo entre Colombia y el mundo

Mientras en los países industrializados la cobertura de seguridad social es cercana al 100% en los Países Menos Avanzados –PMA- ésta no llega al 10% y, en promedio, en el mundo sólo el 25% de la población está protegida.

Las reformas realizadas en América Latina, a partir de la apertura económica, y que en Colombia se comenzaron a materializar con la ley 50 (cesantías) y la ley 100 (salud), han tenido un objetivo fundamental: priorizar la seguridad social de los colombianos a partir de la universalización de la cobertura.

Sin embargo, América Latina es un pésimo ejemplo de equidad en materia de acceso a salud. Según la OPS casi una cuarta parte de los latinoamericanos no tiene acceso a ningún servicio de salud y sólo el 50% cuenta con algún seguro de salud. Para la CEPAL, en Guatemala o Ecuador, el 30% de los gastos en salud van dirigidos a la población de mayores ingresos y sólo el 12% a los más pobres.

Según un estudio realizado por la U de A, la Procuraduría General de la Nación, la UIS y Colciencias, la cobertura en salud ha crecido significativamente en Colombia, pero el hecho de que las personas tengan un carnet (cotizante, beneficiario o SISBEN) no garantiza que obtengan atención de calidad. Las empresas prestadoras de servicios colocan barreras para controlar los costos en un sistema que no tiene al ser humano como centro, tal y como lo exige la Constitución.

El tema pensional es el otro gran pilar del Sistema y el comportamiento demográfico del mundo acrecienta las dificultades. En materia de pensiones Colombia ofrece uno de los peores indicadores de la región. Según el estudio de Lucceti y Rofman, los colombianos mayores de 65 años que gozan de un beneficio pensional no llegarían al 20% (para el año 2005) pero se reconoce que el indicador ha mejorado desde los años 90s. Sin embargo, en Argentina, Brasil o Uruguay, la cobertura de beneficiarios adultos rodea el 80%. Aunque en Argentina la tendencia es negativa, contrario a lo que pasa en el resto de la región.

Las fuentes del problema:

Según Rofman y Lucceti, en la última década del siglo XX, sólo 41% de los asalariados colombianos estaban aportando a la seguridad social y para 2005, este indicador aún no llegaría al 45%. Si medimos el dato en términos de Población Económicamente Activa, PEA, o sea, en edad de trabajar y que necesita empleo,  apenas el 20% de la PEA estaría cotizando. Lo más crítico, desde la  óptica de financiación del sistema, es que el número de personas ocupadas y de PEA que cotizan al sistema, en lugar de aumentar ha disminuido.

Según el DNP para el año 2006, 16 millones de colombianos contribuían al régimen de salud y 70% de los no contribuyentes gozaban del servicio subsidiado. Para el 2010, la meta del gobierno nacional era llegar a 100% de cobertura subsidiada (23 millones de personas, aproximadamente), contra 17 millones de contribuyentes.

También es destacable que incluso en el sector público se presenten elementos de informalidad. En casos como Argentina o Colombia, cerca del 20% de los trabajadores aparecen como no cotizantes. Eso evidencia que incluso el Estado incrementa los contratos de prestación de servicios y proveedores, en lugar de empleados vinculados laboralmente.

Contrario a lo que pasa en Colombia, en Chile y Costa Rica -referentes ideales de la región- cerca del 60% de la PEA está cotizando y, en el caso de trabajadores asalariados, el dato se aproxima al 80%.

Empleo Formal: eje de la solución.

Se pueden aplicar correctivos que se justifiquen matemáticamente como son el incremento en la edad de pensión, el alza en el valor del aporte por parte de trabajadores y/o empleadores, el establecimiento de copagos a los servicios o la reducción del monto de las mesadas. Incluso, es necesario luchar contra la corrupción en el sector para optimizar los recursos, pero un hecho es contundente: con la tendencia a un desempleo estructural superior al 10% y la informalización del empleo -ya sea por el subempleo, la masificación de contratos por prestación de servicios o a través de empresas de temporales-, el Sistema de Seguridad Social que nos soñamos con la Constitución del 91 nunca será una realidad.

El problema principal de los Sistemas de Seguridad Social es la relación inversa entre la cantidad de empleos bien remunerados y el número de personas que requieren de sus servicios. No es viable un Sistema de Seguridad Social que dice centrarse en el ser humano si, mientras la expectativa de vida de la población aumenta, no se estimula la creación de empleos formales y bien remunerados.

El régimen de Seguridad Social Colombiano es relativamente joven, aún  no cumple 20 años, pero hace parte de un sistema más complejo: el productivo. Si la economía no crece, (pero no nos referimos a las exportaciones de commodities de la minería, sino a la industria, a los servicios, a la agricultura diversa); y, en consecuencia, si no aumentan los empleos y los salarios altos, derivados de más productividad y competitividad de nuestras empresas, el Sistema de Seguridad Social de cobertura universal y justo nunca llegará a ser adulto.