Giovanny Cardona Montoya, noviembre 24 de 2019.

Un texto de economía para “dummies” ( de John Charles Pool) dice que un robot puede hacer un carro pero no puede comprarlo. Esa explicación tan simple de la lógica con la que funciona la economía de mercado me sirve de base para hablar de un debate cotidiano que se manifiesta de diferentes formas en la vida social y económica del país.

Digamos que los problemas del bienestar, tales como, la salud de la población (ineficiencia y baja calidad del servicio de las EPS), la baja cobertura educativa o del régimen de pensiones, se entienden como preocupaciones de las familias; o sea, son un problema de las personas naturales.

Pero, de otro lado, los problemas de la competitividad se entienden como retos de las empresas. Ahora que termina el año y se acerca la negociación del salario mínimo, pululan los discursos que reiteran la preocupación de los gremios por lo alto que es el salario mínimo y por lo oneroso que es para las empresas contratar trabajadores debido a los sobrecostos derivados de las prestaciones sociales y de las cargos parafiscales (primas, cesantías, aporte a salud, SENA, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación). ¿Es realmente alto el salario en Colombia?

Un robot puede hacer un carro, pero no lo puede comprar.

Es enorme el error de separar los temas de bienestar de los de competitividad. Son muchos los autores que han repasado este tema para explicar que hay una simbiosis entre las familias como proveedoras de ahorros y de mano de obra, a la vez que son demandantes de bienes y servicios. Esto es lo que en Introducción a la Economía se explica a través del “circuito económico”.

Por lo tanto, el acceso a la educación -incluido el reentrenamiento para salir del desempleo o las capacitaciones para un ocio más formativo-, la cobertura de salud y la capacidad de hacer un ahorro pensional, son oportunidades que se convierten en insumos para dinamizar los mercados. Todos estos terminan siendo multiplicadores de la demanda (de medicamentos, de dispositivos para la educación, de alimentos, de viajes, etc.). Si los trabajadores y las familias pueden acceder a su bienestar, entonces, impulsan los mercados. A más bienestar, más dinamismo de la economía. Es así de simple.

Pero la lupa también se puede poner en otro extremo de la ecuación: ¿cómo ser competitivos? necesitamos ciencia, conocimiento ingenieril, capacidad innovadora y creatividad. Entonces, ¿cómo elevar esa competitividad, cuando sólo el 22,2% de la población económicamente activa (PEA) ha culminado algún nivel de educación superior? En otras palabras, sin mayores logros en materia de cobertura y calidad del sistema educativo, elevar la competitividad de las empresas y de Colombia en general es una ilusión.  Por lo tanto, que los jóvenes puedan acceder a la universidad (o a institutos técnicos y tecnológicos de buena calidad) es un derecho y, a la vez, una necesidad perentoria de las empresas. Es una urgencia compartida que algunos, especialmente en el mundo gremial y la política, no han podido entender.

Lo mismo sucede con la salud. Aunque la legislación colombiana da autonomía a las empresas para que en los regímenes laborales internos se regulen la concesión de permisos para asistir al médico, sabemos que, en esencia, este es un tiempo que no se recupera. Por lo tanto, las demoras en la atención de las EPS, adicional a los problemas de calidad (demoras para una cita o tratamiento especial, escasez de medicamentos, etc.) terminan afectando la salud de las personas y, en consecuencia, el ritmo de trabajo de los empleados de las empresas. Ese tiempo no vuelve.

En síntesis, el antagonismo en el que se hallan los empresarios y diferentes grupos sociales (sindicatos, movimientos estudiantiles, agremiaciones de usuarios, entre otros) alrededor de estos temas, evidencia la miopía (particularmente de los primeros) en lo referente a la importancia de asegurar cobertura y calidad en salud, educación y pensiones.

Capitalismo Rentista o Capitalismo Competitivo.

Con frecuencia el debate políticos sobre lo económico entre los diferentes grupos, parece enfocarse en la disputa entre los que defienden el mercado y la libre empresa a toda costa y aquellos que consideran que se les debe regular, controlar o, incluso, eliminar. Y es verdad, este es un frecuente debate con mayores o menores matices. Pero ese no es el único debate y, de hecho, en la actualidad colombiana puede no ser el más relevante.

Llamo la atención sobre una nueva contradicción entre élites que defienden una economía rentista centrada en la tenencia de la tierra, las utilidades del comercio y la renta especulativa y financiera, de un lado y, del otro, los empresarios que buscan desarrollar una economía moderna, globalizada y con una competitividad basada en la agregación de valor, la tecnología y la innovación. Este es, en el presente, probablemente nuestro mayor debate.

Con la apertura económica del binomio Barco-Gaviria (desde finales de la década de 1980) se anunció la entrada de Colombia al modernismo económico y a la globalización. La liberalización unilateral del mercado y la firma de TLC con diferentes naciones y bloques se vendió como la panacea para exportar productos, fruto de la innovación de las empresas que ya no gozarían de las ventajas cuasi-monopólicas que les ofrecía el modelo proteccionista Cepalino (desde la década de 1960).

El balance de 30 años de apertura no puede ser más pesimista: de 39.000 millones de dólares que exportó Colombia en 2017, 24.000 millones fueron de commodities de origen mineral (petróleo, carbón, oro). Si a esto sumamos café (grano verde con un nivel mínimo de transformación), bananos y flores, entonces tendremos casi 75% del total de las exportaciones. ¿Dónde está la modernización del aparato productivo?

En consecuencia, el crecimiento del PIB de este país no se halla asociado a las industrias de talla mundial, sino a los hidrocarburos, a la construcción, al comercio y al sector servicios. La industria manufacturera, la agricultura y la agroindustria son los “patitos feos” del paseo. Colombia tiene aproximadamente 20% de sus tierras cultivables, no cultivadas; y en un mundo con problemas de hambre y con crisis ambiental, el tema de la agroindustria basada en innovación no es de menor envergadura.

Por esto es que señalamos que hay un antagonismo entre un capitalismo rentista (dueño de la tierra que no se cultiva, del comercio y de la banca) de un lado, y un sector productivo (manufacturero y agropecuario) debilitado pero latente. Este último sólo podrá conectarse a las cadenas globales de valor si se da un viraje al modelo económico, focalizándolo en la ciencia, la tecnología y la innovación.

En conclusión: bienestar para la competitividad.

Seguir promoviendo bajos salarios (nominales) y altos aranceles a los productos que vienen de China o de Panamá, en lugar de apostarle a la productividad y la innovación (mano de obra sana y cualificada), será mantener encadenado el país al subdesarrollo, a través de la economía rentista.

El salario medio en Islandia es casi 6000 Euros al mes (2018). ¿Es un salario elevado? No lo es, porque es un salario productivo; es la remuneración de un trabajador que agrega valor y genera riqueza que compensa dicho salario y produce ganancias a los inversionistas. Este trabajador está cualificado y se desempeña en empresas basadas en ciencia, tecnología e innovación. Por eso, en términos relativos es más barato pagar 6000 Euros a un islandés, que 200 dólares a un colombiano. Y tomo el salario mínimo colombiano como referente, ya que, según Fedesarrollo, éste representa el 86,2% del salario mediano y el 57% del promedio de los salarios.

Entonces, ¿resolver el problema de las pensiones, de la salud y de la cobertura educativa es realmente un reto del ciudadano de a pié? ¿No lo es también de los gremios empresariales?