El éxito de la institucionalidad

La semana pasada dicté un taller en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre política pública en el sector eléctrico colombiano en el contexto de la transición global a una economía baja en carbono. La evolución y el desarrollo del sector en los últimos 30 años, incluyendo el diseño y la implementación de la política de transición energética durante la última década, es considerado un caso de éxito a nivel internacional y genera gran interés en ámbitos académicos y profesionales. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes que asistieron a las charlas cursan programas de posgrado en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales, y aspiran ocupar cargos directivos en el sector público o privado de sus respectivos países.

Durante tres días repasamos como operaba el sector eléctrico antes del apagón de 1992 y las reformas estructurales que surgieron de ese costoso episodio para la economía del país. Revisamos como se transformó la arquitectura institucional con la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD); así como la promulgación de la ley de servicios públicos domiciliarios y del sector eléctrico (Leyes 143 y 142 de 1994), a la vez que se empezaban a imponer perfiles técnicos y menos políticos en cargos del Ministerio de Minas y Energía. Discutimos la apertura a la inversión privada mediante contratos de compra de energía, lo que permitió financiar la construcción de modernas centrales de generación térmica a gas, y cómo el sector dejó atrás una estructura estatizada e ineficiente para convertirse en uno de los más resilientes y con altos niveles de inversión privada y competencia en la mayoría de los eslabones de la cadena. Hoy parece imposible pensar que, a principios de los 90, el sector eléctrico se consumiera un cuarto del total de la inversión pública y representara un tercio del déficit fiscal del sector público no financiero. Analizamos también la evolución del mercado de energía mayorista, incluyendo el cargo por confiabilidad, los contratos de largo plazo, y la bolsa de energía. Finalmente, revisamos las oportunidades y los desafíos actuales y futuros a través de las subastas de energía renovable de 2019 y 2021, la Misión de Transformación Energética 2019-2022, la Ley y el CONPES de Transición Energética de 2021 y 2022, respectivamente, la medición inteligente y las hojas de ruta para el hidrogeno y la energía eólica costa afuera.

Al final de esta intensa agenda, llegamos a dos importantes conclusiones. Primero, que la creación, fortalecimiento y preservación de instituciones técnicas e independientes es una condición necesaria para atraer inversión privada y desarrollar un sector complejo, sofisticado y cambiante como el eléctrico. Segundo, que los funcionarios públicos que han trabajado por años dentro de esa institucionalidad o que se han preparado académica o profesionalmente para estar en entidades como el Ministerio, la CREG, la UPME o la SSPD, son uno de los principales activos que tiene el sector. Sin lugar a dudas, estos dos factores explican una gran parte del éxito del sector en los últimos 30 años.

*Miembro Distinguido Visitante del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia en Nueva York.