Treinta años de autonomía

Dentro de los cambios institucionales de mayor importancia en la Constitución de 1991, que acaba de cumplir treinta años, se encuentra la autonomía del Banco de la República. La Asamblea Constituyente entendió que, en el entendido de salvaguardar la estabilidad de precios como un propósito de Estado, la entidad encargada de hacerlo, el Banco de la República, debería contar con la autonomía necesaria para tomar las decisiones necesarias para alcanzar ese objetivo.

La autonomía de los bancos centrales era una idea de buen recibo, que se había afianzado en la literatura especializada en los años ochenta y hacía parte del paquete de reformas estructurales que adelantaban muchos países en América Latina y el Caribe, y que promovían las multilaterales. En Colombia se había ambientado la idea, con el argumento de que la autonomía era una herramienta poderosa para luchar frontalmente contra la inflación, que se había acomodado a niveles superiores al 20 % anual.

Sin embargo, para llegar a la autonomía, tal y como quedo plasmada en la Carta Magna, se dieron grandes batallas. No fue fácil el consenso, como se conoce hoy por artículos y libros que reconstruyen ese periplo. La propuesta inicial de reforma surgió del propio Banco de la Republica, en un documento que contemplaba centralizar la función de regulación monetaria, cambiaria y crediticia en el Banco de la República, con lo cual desaparecía la Junta Monetaria.

Según el recuento del ministro de hacienda de la época (Hommes et al. En Historia del Banco de la República 1923-2015), se había emprendido con anterioridad a la Constitución, una serie de reformas que habían impactado la política del Banco, incluyendo el Estatuto Cambiario. Ya en la discusión sobre que se plasmó en la Constitución, a Hommes no le parece tan clara la historia del documento seminal que proponía la autonomía. Se percibe que, en la lucha por el texto final, pasó de todo.

Uno de los puntos más debatidos tiene que ver con un tema de actualidad: la posibilidad de un crédito del Banco de la República al gobierno. En la propuesta original del BR se buscaba prohibir que el gobierno y las demás entidades públicas tuviesen acceso a recursos primarios de emisión para financiar déficits fiscales. La prohibición se extendía a la adquisición por parte del Banco de papeles del gobierno y financiar cualquier gasto con crédito directo o indirecto.

La prohibición de comprar títulos del gobierno fue cuestionada y derrotada. Guillermo Perry (q.e.p.d.) cuenta en su autobiografía que se opusieron porque eso cerraba la posibilidad de hacer política monetaria como hacen muchos países, a través de la compra y venta de esos papeles. También se acordó que podía haber financiación directa solo en casos de emergencia y con voto unánime de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, a pesar de que un grupo de constituyentes quería que se mantuviera ese mecanismo, del cual se había abusado en el pasado. Hay que destacar que, con las nuevas reglas de juego, este no se ha usado ni siquiera durante la grave crisis de fin de siglo. Henos acá treinta años después recordando que se estipuló evitar la financiación directa del gobierno, por el peligro que acarrea de desbaratar la economía, al hacer explotar la inflación