Quién responde

La semana pasada el jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, responsable de la verificación del cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Santos y las Farc, denuncio que el 55 % de los exguerrilleros que estaban en las zonas de reincorporación a la vida civil, las abandonaron.

Este hecho, además de ser escandaloso, es preocupante, principalmente porque se estaría abriendo el camino para una gran burla al pueblo colombiano, cuando el Gobierno, las Farc y la ONU, no han hecho nada más que exaltar las bondades del “acuerdo del Teatro Colón”.

Entre las razones que expresó el alto funcionario del ente multilateral, sobresalió que existe en la base guerrillera una gran pérdida de confianza, derivada del incumplimiento de lo pactado. Más grave aún, afirmó que las personas salían de regreso con sus familias o a vincularse a las disidencias, es decir, regresaron sin rubor alguno a sus antiguas operaciones narco terroristas, retomando las armas y entrando de vuelta a la clandestinidad.

Entonces ante la gravedad de los hechos el gobierno no puede permanecer en silencio ni mucho menos tratando de minimizar la gravedad de lo ocurrido. Las autoridades deben decirle al país sin reparos cuántos de los más de 3.500 miembros de las Farc que abandonaron las zonas volvieron a las armas.

La misma misión de la ONU ha indicado que solo en el bloque oriental hay cerca de 1.100 personas en grupos disidentes, es decir más del 40 por ciento del total de integrantes de ese peligroso bloque criminal.

Ante toda esta situación el gobierno también está en el deber de decirle al país cuántas amnistías han sido revocadas por cuenta de la reincidencia y por cuenta de haberse incorporado a las disidencias de las Farc. Sería inexplicable que ante la denuncia de la ONU tuviéramos el reciclaje terrorista sin saber con precisión, cuáles son los miembros de las Farc que se burlaron de las instituciones.

Otro de los interrogantes que surgen de la vergonzosa denuncia tiene que ver con los beneficios de los reincidentes. Nos dirá el gobierno a cuántas personas se les suspendió el pago mensual que reciben por desmovilizarse, o por el contrario siguen pagando a todos los miembros “desmovilizados” sin saber cuántos han regresado a las armas.

No nos engañemos, el fracaso de la reincorporación es el fracaso rotundo de los acuerdos Farc-Santos y la evidencia de que el propósito de la negociación era la impunidad de los cabecillas y no la genuina y efectiva desarticulación de una organización criminal. Los hechos muestran que poco se sabe sobre la totalidad de los niños reclutados, sus redes de narcotráfico, y el paradero de centenares de secuestrados que deben estar en fosas comunes.

Mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo y los cabecillas de las Farc logran participar en política sin cumplir sus penas, el gobierno celebra un año de los acuerdos del Colón. Ojalá antes de tanto jolgorio el presidente que premió a las Farc le diga al país dónde está el 55 por ciento de los “desmovilizados”.

* Precandidato Presidencial CD