Posconflicto y justicia transicional
Con el avance de las negociaciones de La Habana, que llevan más de dos años, se abren puertas importantes para que los actores armados –como las autodenominadas Farc y el Eln– se desmovilicen y se reincorporen a la vida civil; no obstante, en atención a lo que se conoce de las discusiones, parece claro que a los miembros de la primera agrupación solo les preocupa su propio modelo de organización social al que tendrán que plegarse los colombianos si aspiran a vivir en paz.
En cualquier caso, si las cosas toman el rumbo esperado, se debe pensar –¡y muy en serio!– en el posconflicto porque, ante una eventual desmovilización de esos actores, el Estado y la clase dirigente (empresarios, industriales, etc.) tienen que preparar respuestas serias a sus demandas y a las de las víctimas en todos los frentes. Una de ellas es la jurídica que, para el caso, debe atenerse a la mal llamada justicia transicional, un modelo que no posibilita una verdadera equidad en el sentido propio de un régimen jurídico plegado a los dictados de principio de legalidad, sino un calco del mismo.
En verdad, son posibles cuatro diseños en ésta materia: uno, el maximalista, que hace hincapié en la responsabilidad penal y en los juicios de los criminales por violación a los derechos humanos ante los tribunales; se anida, pues, en la justicia retributiva. Otro, el minimalista, para el cual se debe de entronizar una especie de amnistía para los alzados en armas, con lo cual los derechos de las víctimas quedan en suspenso y los victimarios terminan por recibir un verdadero premio por sus comportamientos antisociales y criminales.
Además, cabe un patrón moderado que hace énfasis en la responsabilidad de los autores de los atentados criminales a través de procesos no judiciales y le da cabida a institutos como la comisión de la verdad y la reconciliación entre los asociados; de esta manera se piensa en las víctimas y se busca restablecer su dignidad, con la consecuente prevención de futuros episodios. Finalmente, cabe hablar de un diseño holístico que, en su afán de dejar satisfechos a todos, termina por combinar las estrategias señaladas.
Esos esbozos, con énfasis en uno o en otro de sus componentes, han sido puestos en escena en diversos países a lo largo de las últimas décadas: Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica, Mozambique, Irlanda, Sierra Leona, Timor Oriental, Sri Lanka, Alemania, Japón, etc., en los cuales se ha logrado una armonía relativa que, sin embargo, no necesariamente se ha traducido en auténticas transformaciones sociales y políticas como para poder preconizar que, en realidad, ha advenido la verdadera paz, esa que en medio de la libertad lleve al crecimiento en lo social.
De todas maneras, ha de tenerse en cuenta que la situación colombiana es también muy atípica en esta materia, porque no solo se negocia en medio del conflicto armado sino después de haber firmado el Estatuto de Roma de 1998 que, una vez ratificado (30 de noviembre de 2002), genera precisas obligaciones para el Estado en el concierto de las naciones como la de garantizar que haya verdad, justicia y reparación.
En fin, el camino por recorrer es muy difícil y, si se llegaren a firmar los acuerdos que posibiliten un arreglo equilibrado para las partes y no la genuflexión enfrente a las demandas de los actores armados (que no tienen un proyecto ético para exhibir), el país tendrá que estar muy preparado en los planos indicados, sin olvidar los necesarios perdón, reconciliación y olvido –después de que, por lo menos, los miembros de esas agrupaciones paguen unas penas alternativas como las impuestas a los paramilitares–, para dar el salto requerido y asegurar la convivencia en medio de una cultura de la tolerancia y el respeto por las concepciones de los demás, algo muy difícil para un pueblo dividido, pisoteado y atormentado como el nuestro.