Por la dignidad de la educación
El pasado 22 de abril la ministra Parody se ancló en la decisión de no adelantar conversaciones con el magisterio, si no regresaban a las clases. Su argumento fue el cuidado del derecho de la educación para los nueve millones de niños y jóvenes que atiende el sector oficial. Lo que pocos sabemos es que cuando los maestros toman la determinación de un cese de escolaridad, se han frustrado muchas gestiones para intentar establecer puntos de encuentro en sus justas aspiraciones.
Es fácil satanizar su actividad sindical, y señalarlos como únicos responsables del paro. Pero la historia de la lucha por sus reivindicaciones dice otra cosa: siempre han tenido que llegar a acciones extremas para lograr sus conquistas. Muchas de sus últimas peticiones provenían de promesas no cumplidas de años atrás; otras, de deudas históricas para con la educación y los educadores, y, algunas, por las que reclamaban el estricto cumplimiento de la ley. El último pliego de peticiones que lograron concertar con el gobierno fue radicado el pasado 26 de febrero, un año después que el presidente Santos declarara la excelencia educativa como política nacional, trazara como meta que la nación sea la más educada de América Latina en diez años, y firmara un acta de acuerdo avalada por el Ministro de Hacienda. Así que la responsabilidad del cese de escolaridad no es solo de una de las partes, como se pretendía mostrar.
Posiblemente, el tema más sensible de la confrontación fue la justa remuneración de los maestros. Es mala señal que los mejores bachilleres no se sientan atraídos por la docencia. Así como se requiere que sean los más capacitados, se espera que reciban remuneraciones acordes con el esfuerzo que han puesto en su formación. Además de un nuevo modelo de ascenso en el escalafón docente, pedían implementar un sistema de evaluación no punitiva, sino diagnóstica y formativa, que permitiera al Ministerio, en asocio con las normales y las universidades, rediseñar el currículo de formación docente. Más que evaluar el desempeño de los profesionales, no solo de los maestros, el asunto es vigilar la idoneidad de las instituciones que entregan los certificados académicos. También urgían el mejoramiento del servicio de salud -ineficiente y humillante-, condiciones de infraestructura y nombramiento de nuevos maestros para garantizar el proyecto de jornada única, y la inclusión de los grados de preescolar en el Plan Nacional de Desarrollo, como etapas claves para el desarrollo de todas las potencialidades de los estudiantes.
Es justo reconocer que fue Sergio Fajardo, en su primera gestión pública como alcalde, quien puso en el debido lugar el asunto de la educación. Por primera vez se definió con acierto la inversión de un porcentaje importante de la enorme plusvalía de las Empresas Públicas de Medellín, política de prioridad que se mantiene hasta la fecha. Aunque hay réplicas en otras municipalidades, no ha sido así en el país, donde los problemas más sensibles de la educación, siempre en cuidados intensivos, se han pretendido resolver gota a gota. En cada uno de los períodos de gobierno creemos ver resuelto el panorama del sector educativo. Esperemos que los acuerdos ahora firmados no se tengan que reclamar luego con otro cese de actividades.
En discurso de campaña el presidente Santos, inspirado en el informe de la Fundación Compartir, “Tras la excelencia docente”, decía que la educación sería el pilar fundamental de su gestión. Enaltecía al maestro como la pieza fundamental de ese reto. Ahora cruzo esa percepción con algo que encontré en la Red: “En Japón, los únicos ciudadanos que no están obligados a inclinarse en reverencia ante el emperador son los educadores. La razón es que los japoneses sostienen que sin educadores no puede haber emperadores”.