Nuevo Gobierno y agricultura (2)
Como se dijo en la anterior columna, la propuesta para el agro del presidente electo, Iván Duque Márquez, se puede organizar en cinco grandes grupos: incremento de la productividad; seguridad jurídica y aumento de la inversión privada; ajuste y modernización de la institucionalidad; mejoramiento de las condiciones del consumo de alimentos y grupos poblacionales rurales especiales.
En términos generales, la propuesta tiene un marcado enfoque productivista al tiempo que deja de lado el desarrollo de los territorios rurales, pensando, seguramente, que el impulso que reciba la actividad agropecuaria basta para asegurar un desarrollo integral del campo.
Sin embargo, la experiencia internacional y en particular la de los países latinoamericanos exitosos muestran que el crecimiento de la agricultura, aunque determinante, no es suficiente para asegurar la transformación y el progreso de los habitantes rurales. Para ello se requiere contar con una política social activa y vigorosa que complemente las políticas productivas.
De todas formas, la propuesta del nuevo Gobierno se enfoca en asuntos clave para el crecimiento de la agricultura como es el incremento de la productividad.
Entre las acciones para alcanzar este fin están la priorización del gasto gubernamental en la generación de bienes públicos sectoriales, lo que significa que los subsidios y los apoyos van a reducirse, como han recomendado los especialistas. También se propone crear líneas de créditos que incentiven los aumentos de productividad.
Redireccionar el gasto público sectorial sin afectar el marco de incentivos dentro del sector puede resultar poco eficaz, pues, sin dicho reacomodo, por ejemplo, la mayor generación de tecnología no necesariamente se aplica, ni las nuevas líneas de crédito se utilizan masivamente.
Al no modificar dicho marco (lo que implica llevar a cabo reformas estructurales en asuntos como la tierra, la política comercial, el gasto sectorial, etc.) los recursos productivos permanecen en las actividades de baja productividad, como lo ilustra el reciente libro de Fedesarrollo sobre la política comercial agrícola.
La propuesta de introducir y promover en el sector el uso de desarrollos digitales (como es el Big Data) puede ser de gran ayuda para la toma de decisiones de los productores y significarles mejoras en sus ingresos; sin embargo, ello por sí solo no basta.
De otra parte, de la mano del incremento de productividad se propone el aumento de la inversión privada en el agro para lo que se considera otorgar la entrega, por diez años, de incentivos tributarios para la generación de empleos permanentes y de calidad.
Con esta propuesta se vuelve a ignorar que el problema del bajo dinamismo de la agricultura colombiana está, como lo sugieren los estudios, entre otros, de la OCDE, Fedesarrollo y la Misión para la Transformación del Campo, en el inadecuado marco de políticas e incentivos.
A lo anterior debe agregarse que, dada la situación fiscal del país, no es claro que el uso de incentivos tributarios sea una medida adecuada y menos sin que previamente se establezca su real impacto sobre el empleo agropecuario.
Por su importancia, el análisis de la propuesta agrícola del nuevo Gobierno continuará en la próxima columna.