Mermelada con sabor a “paz”

La Ley 996 del 2005, más conocida como la Ley de Garantías Electorales, ha sido un instrumento que limita la contratación pública, la vinculación de personal y la configuración de convenios interadministrativos en época electoral para prevenir que desde la Rama Ejecutiva y en contubernio con los gobernantes locales se pretenda utilizar el poder del presupuesto del Estado para incidir en los procesos electorales.

Esta ley también fue concebida de manera adicional en el contexto de la reelección presidencial para ponerles limitaciones a alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho y otras instituciones del orden departamental y municipal para evitar la tentación de que a través de la contratación intenten inclinar la balanza electoral con los candidatos de su predilección.

El gobierno Santos ha intentado varias veces hacerle trampa a esa ley para que el Presidente pueda incidir en las elecciones. Tal fue el caso del plebiscito, donde permitió a funcionarios hacer actos de campaña y pretendió por la vía de la contratación movilizar recursos que a sabiendas terminarían estimulando las pretensiones electorales de la Casa de Nariño. Ahora, vía fast track, quiere tramitar una ley estatutaria que reforma la Ley de Garantías Electorales con el propósito de permitir la contratación directa, la contratación de personal y la celebración de convenios interadministrativos en época de elecciones con el pretexto de adelantar la implementación de los acuerdos con las Farc.

¿Cómo consuman semejante descaro? Para empezar, utilizan expresiones como las cosas “estrictamente necesarias para implementar el acuerdo”, pero en ningún lado dicen cuáles son. Lo preocupante es que la asignación de los recursos de manera excepcional estaría concentrada en varias agencias que es bien sabido están escrituradas a sectores políticos afines con el gobierno. Estas entidades quedarían habilitadas para hacer toda suerte de contratos bajo el paradigma “de lo estrictamente necesario” donde no primará la meritocracia sino el clientelismo y la capacidad de presión de los gamonales que tienen influencia sobre el gobierno. Quedarán revestidas para utilizar el poder de la mermelada, si es que este adefesio prospera.

No nos crean tan pendejos, no se burlen de la población. El Gobierno sabía que tenía que cumplir con la ley de garantías y premeditadamente pensó en este proyecto para hacerle trampa a la ley demostrando una vez más que en este gobierno todas las normas son excepcionales cuando se trata de satisfacer a las Farc y de utilizarlas como pretexto para hacer de las suyas con los recursos públicos.

Espero seguir denunciando la inmensa gravedad de que esta reforma prospere, mucho más teniendo en cuenta que las agencias revestidas del poder de la mermelada tendrán influencia directa en las 16 circunscripciones especiales que están en zonas de influencia histórica de las Farc y en donde, además, hay preferencia por un sector político que tiene precandidato a bordo y que está queriendo jugar un papel en la conformación de coaliciones con los candidatos afines al Gobierno o que representan soterradamente su continuidad.

Hoy más que nunca tenemos que rechazar la mermelada como forma de hacer política y para ello debemos unirnos para evitar que este asalto a la legalidad y a las garantías electorales sea constituido por parte de un gobierno que todos los días pierde más confianza, más credibilidad y genera más rechazo ciudadano.

*Precandidato presidencial CD