La Inocencia de Gustavo Villegas
Lo escribí el pasado julio, cuando fue arrestado Gustavo Villegas: la acusación de que el secretario de Seguridad les hacía mandados a los mafiosos de la Oficina era una verdadera barbaridad.
Hoy son la misma Fiscalía y una jueza los que confirman que esta acusación no se sostiene. Después de haber privado de la libertad a Villegas, y después de casi dos años de investigaciones, seguimientos, interceptaciones, y hasta dudables confesiones de unos mafiosos, ningún indicio validó la acusación inicial. Por eso, durante la audiencia preparatoria el castillo de naipes de la Fiscalía se desmoronó.
De hecho, quienes estaban presentes en la audiencia del pasado 30 de enero confirman que fue el fiscal Andrés Cabrera quien pidió la suspensión de la audiencia para poder revisar las solicitudes probatorias de la defensa. Al día siguiente, el fiscal convocó al abogado de Villegas y le propuso un preacuerdo. Es decir, fue la Fiscalía de Medellín y no la defensa quien propuso el preacuerdo.
En realidad, lo que preocupó a la Fiscalía no fue solo el desfile de testigos que la defensa iba a llamar durante el juicio: alcaldes, senadores, candidatos presidenciales, obispos, curas, generales, policías, investigadores del CTI, exprocuradores y hasta fiscales. Fue también que la defensa iba a cuestionar, entre otras, las pruebas recolectadas por la fiscalía por medio de los pines de blackberry. Es decir, en el juicio la defensa iba a desmontar la evidencia central de la acusación.
Por eso, cuentan que en la Fiscalía consideraron que el riesgo de ir a juicio hubiera podido ser enorme, quizás un suicidio. Finalmente, un preacuerdo fue la táctica que la Fiscalía eligió para evitar un fracaso total, incluso, quizás, una acción disciplinaria contra los fiscales.
Frente a esto, extraña la reacción de la directora nacional de crimen organizado, Claudia Carrasquilla, quien definió como inaudito el preacuerdo ya legalizado por una jueza. Ahora bien, ¿es posible que el fiscal Cabrera no hubiera informado a Carrasquilla, cuando ella desde el primer momento ha sido la cara pública de esta investigación? ¿Es posible que frente a un proceso tan delicado y de alto perfil, un fiscal no se cuide en salud buscando la aprobación de sus superiores para un preacuerdo que iba a dejar por fuera una gravísima acusación? Es difícil de imaginar. De hecho, en los pasillos de la Alpujarra se rumora que el fiscal Cabrera no solamente informó a Carrasquilla, sino que, en la mañana del 7 febrero el fiscal general se reunió con Cabrera y le dio su visto bueno para el preacuerdo. Si eso es verdad, la Fiscalía General tiene que dar muchas explicaciones.
Si en Colombia el Estado de Derecho fuera una realidad, Gustavo Villegas ya estaría libre y el Consejo Superior de la Judicatura abriría una acción disciplinaria contra los fiscales del caso. Pero este es el país de Macondo, y aquí alguien con la función de la doctora Carrasquilla puede confundir un preacuerdo con un principio de oportunidad, e inventarse que es posible revocar un preacuerdo firmado por las partes y legalizado por una jueza.