Criminalizar a los opositores
El 27 de agosto, la Fiscalía General acusó a Sergio Fajardo Valderrama, ante la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los presuntos delitos de “contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado”, delitos agravados porque —se aduce— “vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación”.
Esto, al “tramitar y celebrar” el contrato de “sustitución de deuda N.° SF140013 de diciembre 5 del 2013”, que involucra al departamento de Antioquia, Corpbanca e Idea como contratistas, con el objeto de “otorgar un empréstito por la suma de noventa y ocho millones de dólares (98.000.000), con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante”. Ello, se dice, permitió una “apropiación en favor del contratista”, por la suma de 98.433.870.402 pesos.
Antes, pues, se le había formulado imputación porque el dólar incrementó su valor en pesos, y ahora porque firmó un contrato para “beneficiar” a terceros. Esas conductas se le endilgan como “coautor” y se agravan por la intervención de otras personas: los miembros del Comité Financiero y de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, quienes, se advierte, “tuvieron un aporte criminal funcional” y son investigados por cuerda separada. Nada se dice, sin embargo, de la conducta de los contratistas.
Desde luego, si bien este tipo de hechos debe ser objeto de escrutinio judicial para que brille la verdad, también es lo cierto que la manera como se ha manejado este caso por parte de la Fiscalía —igual con el exgobernador Gaviria Correa— muestra cómo se quiere injerir en el proceso político mediante la utilización de las herramientas jurídicas para la persecución, la inhabilitación y el aniquilamiento político de los adversarios por la vía judicial. Un viejo procedimiento manejado por los regímenes autoritarios para perpetuarse, encubrirse y deshacerse de quienes son hostiles a sus dictados; los casos de Trump, Ortega y Maduro, entre muchos otros, son bien representativos de ese fenómeno.
Se trata, en otras palabras, de la Lawfare (guerra jurídica), que combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y a su entorno, de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones, muchas veces sin prueba. Y, para acabar de ajustar —recuérdese la noticia de prensa de la Fiscalía cuando habla de sus hallazgos— eso se hace prevalidos de “expertos”, que acuden a un lenguaje técnico objetivo (el jurídico), que alardean de no estar “contaminados” por la política; un buen maridaje, pues, entre lo judicial y lo mediático que da cierta apariencia de legalidad a la tarea que se cumple.
Y, así, la polarización aumenta y las ganancias se redoblan: “en río revuelto, ganancia de pescadores” —está bien pescar en aguas turbulentas, diría el dicho inglés (“It’s good fishing in troubled waters”)—. Eso sí, nada se dice —muy poco— de los casos graves de corrupción que involucran a otras figuras de la vida nacional; las desapariciones forzadas; los crímenes de líderes sociales, etc. La persecución penal es selectiva e invisibiliza a otros. Por ello, el contrato cuestionado a Fajardo se muestra como un acto de corrupción, pero no lo son los viajes de placer de ciertos funcionarios de cuenta del erario, o, para no ir muy lejos —y recordar un hecho muy grave, silenciado—, tampoco lo es la llamada “ñeñepolítica”.
Con razón, en reciente editorial del diario El Espectador, se dice que “los fiscales terminan haciendo juicios de valor sobre cómo se debió gobernar”; se pervierten, así, las bases del Estado de Derecho Social y Democrático y se despedaza el principio republicano de la separación de poderes. Algo que, hace rato, sucede en esta caótica y polarizada organización social, que perdió su rumbo y, ahora, solo da espectáculo ante el mundo civilizado. ¡La persecución mediático-judicial a los opositores parece caminar sobre ruedas!