Apoyos, gasto y productividad
El Sistema de Monitoreo de las Políticas Agropecuarias, Agrimonitor, del BID, publicó la versión actualizada del comparativo del Estimado de Apoyo al Productor (EAP) de los países del continente americano.
El EAP es un “indicador que mide las transferencias proporcionadas individualmente a los agricultores” y se expresa como un porcentaje de los ingresos de los productores. Estas transferencias vienen de los consumidores y de los gobiernos a través de mayores precios, apoyos y subsidios.
Según el BID, mientras en Argentina el EAP es negativo (-23,1 por ciento), lo que indica que, en lugar de que el productor reciba transferencias, este se las hace al resto de la sociedad, en las otras naciones los agricultores sí reciben apoyos. Pero estos varían entre países.
Así, mientras en Chile y Brasil el EAP es de sólo 3,0 y 3,8 por ciento respectivamente, en Canadá, Estados Unidos y México el mismo es, en su orden, de 9,3, 9,5 y 9,8 por ciento. Estos valores del EAP son menores a los correspondientes a Colombia y Perú, donde ascienden a 15,7 y 19,0 por ciento, respectivamente.
Estos resultados ratifican las estimaciones de la OCDE en el sentido de que en Colombia los agricultores reciben, relativamente, un nivel alto de apoyo, que, como lo muestra Fedesarrollo, no ha implicado un mejor desempeño productivo frente a sus pares latinoamericanos.
El problema con los apoyos es que tener niveles altos de los mismos no necesariamente conduce a un mayor crecimiento agrícola.
Precisamente, un estudio reciente sobre el gasto público en Mozambique y su impacto en el crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza muestra cómo el hecho de incrementar el gasto en agricultura (que en el período 2012-2017 se duplicó en esa nación) no condujo al crecimiento esperado.
Lo anterior lleva a los autores del estudio a señalar que “en vez de incrementar el gasto, el Gobierno debió redistribuir los recursos públicos hacia la investigación y la extensión agrícolas, en vez de dirigirlos hacia los subsidios a los fertilizantes y la irrigación”.
En el caso de Colombia no sólo es necesario, como lo plantea un estudio de Fedesarrollo sobre el desarrollo de la agricultura, que el gasto público en el sector esté acorde con su aporte al PIB, sino que el mismo se destine prioritariamente a la creación de bienes públicos.
Según este estudio, para que dicha medida sea eficaz, se necesita, además, establecer un nuevo marco de incentivos que facilite el uso adecuado de la tierra agrícola y la asignación de los recursos productivos en las actividades en las que se tienen ventajas comparativas y competitivas.
Dicho marco debe asegurar la eliminación de las rentas derivadas de la tierra (mediante la acumulación y la valorización de este recurso), de la política comercial (que les asegura la alta protección a ciertos grupos de productos) y del gasto público (a través de los subsidios y los apoyos), pues dichas rentas inhiben los mayores niveles de productividad y el desarrollo de nuevas alternativas productivas.
Sólo así, será posible asegurar una senda de crecimiento alto y continuo de la agricultura colombiana.