Los retos en infraestructura para el próximo presidente

Definir cómo va a ser la participación de las empresas privadas en los proyectos de infraestructura; es decir, “si se mantendrá el modelo de concesiones para los diferentes modos de transporte”, es uno de los tres puntos clave que plantea el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, a quien sea el próximo Presidente de la República.

Ese modelo explica, en buena medida, la inversión pública y privada realizada en las últimas décadas para modernizar carreteras, puertos y aeropuertos del país, precisó el directivo, a propósito de que mañana inicia el XVI Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena.

Así mismo, invita a tener un plan de acción para pequeñas y medianas empresas de ingeniería, al considerar que el 99 % de las compañías del sector son pymes dedicadas a actividades de construcción de obras, consultoría en estudios, diseños de obras e interventoría de proyectos.

Lo anterior implica que, por el tamaño de esas compañías, las oportunidades de negocios para ellas se encuentran en la oferta de proyectos que presenten los municipios y los departamentos.

El tercer aspecto propuesto por la CCI es cómo combatir la corrupción en la contratación pública, que se presenta por ausencia de pluralidad de oferentes en los procesos de compra pública, así como falta de transparencia, que en últimas afecta en mayor proporción a las pymes. En los departamentos, en 2016, un 71 % de los procesos fueron adjudicados a únicos oferentes habilitados, y en municipios, un 87 %.

Esa tendencia se presenta en cualquier modalidad de selección (licitación pública, concurso de méritos, entre otros). Por ello, la entidad es enfática en la implementación de pliegos tipo, para estandarizar los requisitos habilitantes con los que se evalúan las propuestas de los interesados (ver Paréntesis).

Consultas previas

Frente al proyecto de ley de consultas previas, la CCI cree que es indispensable que el Gobierno realice un censo que identifique y ubique geográficamente a las comunidades del país, lo que permitiría determinar con certeza la presencia de estas en el área de influencia de un proyecto.

También, recomienda fijar los requisitos para que una comunidad sea incluida en el registro de la entidad a cargo del procedimiento de consulta.

De esa forma, “se brinda seguridad jurídica y se evita la suspensión de proyectos por la ‘aparición’ de comunidades inexistentes al iniciar la consulta previa, y que reclaman luego de formalizado este trámite”, señaló Caicedo.

El socio de la empresa Infraestructura Legal, Francisco Suárez, afirmó que de lo que se trata es de regular un aspecto vital para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la protección de los derechos de la comunidades.

No obstante, “deben concretarse un poco más los criterios establecidos por la Corte Constitucional, en el sentido de que a veces se benefician comunidades que posiblemente tienen derechos que no son susceptibles de protección a través de la consulta previa”, dijo el experto.

Por otro lado, es sujeta de revisión la forma en que se interpretan las sentencias de la corte, “que al parecer presenta excesos”, añadió Suárez.

En relación con quién debe asumir los costos de un trámite de consulta previa, la CCI opina que deben ser asumidos por el Estado en los casos en que los proyectos de infraestructura de transporte sean estructurados por sus entidades, “máxime por ser proyectos de interés público que deben cumplir con el deber de planeación”, concluyó la cabeza de la CCI