Economía

Sura gana el pulso por ahora: no ha vendido acciones en Nutresa

La batalla legal entre la administración de Sura y la familia Gilinski está declarada y en su furor.

16 de noviembre de 2022

En las cuentas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la participación accionaria de Grupo Sura en Nutresa, que es del 35,23%, no ha sido vendida en desarrollo de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por IHC Capital Holding LLC.

Hasta ayer, la bolsa contabilizó 573 aceptaciones que representan 7,65 millones de acciones del grupo de alimentos, es decir el 1,67% de las acciones en circulación de Nutresa, pese a versiones de prensa que aseguraban que Sura había decidido enajenar su participación acatando una orden de la junta directiva, o de lo que queda de ella.

A la actual tasa de cambio de $4.801,06 la oferta de IHC de US$15 por especie equivale a $72.015. En la rueda bursátil de ayer la acción de Nutresa se cotizó a $50.900, y en la jornada perdió $2.090 frente a los $52.990 del viernes.

En la mañana del martes, a través de la Superintendencia Financiera, Sura indicó que la junta de la compañía no ha tomado decisión alguna para la venta de las acciones que posee en Nutresa.

Y añadió que “la supuesta acta (de una reunión de junta directiva del pasado jueves) que circula en medios (Semana y La República), es un documento privado entre tres personas que no tienen la capacidad legal ni estatutaria de tomar la decisión mencionada”.

En ese sentido, hay quienes sostienen que la BVC debe rechazar cualquier aceptación en nombre de Sura en la OPA por acciones de Nutresa, porque en este momento la holding financiera no tiene junta directiva, y este es el único órgano facultado para tomar esa decisión. “Ya el mercado fue notificado sobre la inexistencia de una junta directiva”, anotaron.

Adicionalmente, insistieron en que una junta como la de Sura que está integrada por siete miembros la mayoría la conforman cuatro votos. “Los jueces están sometidos al imperio de la ley. La ley en Colombia dice que una junta de una empresa como Grupo Sura debe tener cinco miembros como mínimo, y que las decisiones se toman con al menos cuatro votos. Cualquier decisión que sea diferente a estas reglas es ilegal” (ver Para saber más).

Agitando la trama

Desde la óptica de los asesores legales de los Gilinski los tres miembros de la junta en su representación (Ángela María Tafur, María Ximena Lombana y Andrés Bernal) tienen la facultad para tomar decisiones, toda vez que en las circunstancias en las que se han desarrollado los hechos, el quórum del órgano de administración se recompone, o sea que sus votaciones son válidas y las decisiones que tomen deben ser acatadas por los representantes legales de la compañía: Gonzalo Pérez, Ricardo Jaramillo y Juan Luis Múnera.

Igualmente, le cuestiona a la administración de Sura que en la reciente presentación de resultados del tercer trimestre de este año, la revisoría fiscal volvió a emitir salvedades frente al reporte.

“Un exmiembro de junta directiva de Grupo Sura, durante el mes de agosto envío una comunicación a la revisoría fiscal, junta directiva y administración de Sura manifestando sospechas de presunto fraude contable relacionado con el tratamiento contable y revelación de acuerdos con coinversionistas (Munich RE, CDPQ y Grupo Bolívar)”, se lee en la nota 19 de los estados financieros publicados el viernes.

Para aclarar estas anotaciones, Sura contrató una auditoría forense con Kroll. Dicha firma se encuentra adelantando la investigación, y el comité de auditoría y finanzas está a la espera de los resultados.

Argos en acción

Hoy, el Grupo Argos, que posee el 9,95% de las acciones de Nutresa, convocó para las nueve de la mañana una asamblea extraordinaria de accionistas para deliberar y decidir sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de su junta directiva, en la oferta sobre acciones de Nutresa formulada por IHC.

Vale anotar que la junta de la holding de infraestructura, de siete personas, solo tiene cinco integrantes desde el pasado 22 de junio cuando renunciaron Carlos Ignacio Gallego y Gonzalo Alberto Pérez, sin que hasta el momento haya sido citada la asamblea para recomponerla.

A su turno, las integrantes del órgano directivo Claudia Betancourt Azcárate y Ana Cristina Arango revelaron los potenciales conflictos de interés que tendrían para votar en la decisión de la OPA, dado que indirectamente son accionistas en compañías del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Las proposiciones que se presentarán a votación buscan autorizar a Arango y Betancourt para que puedan deliberar y decidir respecto de la oferta de IHC.