Sobretasa a la seguridad en Antioquia se cobraría solo a la energía y no a todos los servicios públicos, como dicen el exalcalde Quintero y Minuto30

El pasado 8 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, presentó por segunda vez (el primero fue en julio del 2024) un proyecto de ordenanza para cobrar una sobretasa de seguridad en la factura de servicios públicos de EPM (Empresas Públicas de Medellín).

La ordenanza, con número 59, fue radicada el 12 de noviembre en la Asamblea de Antioquia y tiene como finalidad imponer una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana para financiar la cuenta territorial de seguridad del departamento, como ya se ha ensayado en otros departamentos como Valle y Atlántico. Esto se basa en el artículo 12 de la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-363 de 2023.

La polémica propuesta regresa al ruedo en la Asamblea de Antioquia. En julio pasado, el gobernador Rendón tuvo que retirarla por cuenta de una ponencia negativa, auspiciada por el movimiento Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el rechazo de los gremios, lo que hizo imposible su aprobación en ese momento.

Sin embargo, el objetivo del proyecto sigue siendo el mismo: cargar un costo adicional en la tarifa de energía eléctrica para los estratos 4, 5 y 6, además de los comercios e industrias, con el fin de destinar esos recursos a fortalecer la seguridad.

Tras conocerse este proyecto, empezó a circular por redes sociales una imagen con la cara del gobernador Julián Rendón y con la siguiente afirmación: “Gobernador insiste en subir los servicios públicos en Antioquia y cada vez se queda más solo”.

Esta publicación afirma que el gobernador de Antioquia subirá los servicios públicos del departamento, lo cual es engañoso. A esta conclusión llegamos tras realizar una verificación a la imagen publicada por Minuto30 y compartida por políticos como el exalcalde Daniel Quintero, como elemento de desinformación sobre el nuevo impuesto, con base en lo que dice la ordenanza y expertos, porque la sobretasa solo se aplicará, si se aprueba el proyecto, al servicio de energía eléctrica, y solamente a los estratos 4, 5 y 6, y sectores industrial, comercial y oficial.

¿Qué dice la ordenanza?

Según el artículo 1 del proyecto de ordenanza , la Gobernación impondría la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana para financiar proyectos de seguridad en Antioquia. La misma Administración departamental sería la encargada de administrar y recaudar la tasa, como indica el artículo 2.

Por lo tanto, todas las personas y empresas que estén registradas como suscriptores del servicio de energía eléctrica en Antioquia serán quienes deberán pagar este tributo (artículo 3), pero el artículo 6 de la misma ordenanza precisa que se aplicará solo a los estratos altos y Sectores económicos y públicos.

De acuerdo con el texto presentado, los hogares pagarían $79,91 adicionales por cada kilovatio consumido; los comercios, $70,60; las industrias, $61,18; y las entidades públicas, $56,48. La Gobernación es la encargada de definir los valores, mientras que las empresas de energía se encargarían del cobro. En su mayoría, este recaudo recaería sobre EPM, dada su presencia dominante en el departamento. Estos valores resultan de convertir un UVT, la Unidad de Valor Tributario (para el 2024 es de $47.065) a pesos.

El gobernador Rendón aseguró, como lo registró EL COLOMBIANO, que en promedio para un hogar de estrato 4, la tasa podría traducirse en un incremento adicional entre $9.000 y $15.000. El cobro no tocará a los estratos 1, 2 y 3, que equivalen al 85% de los clientes residenciales, y se estimaría que entre 2025 y 2027 podrían recaudarse hasta $1,2 billones.

¿Qué pasó con la imagen que circula en redes?

En EL COLOMBIANO hicimos una búsqueda inversa de la imagen en Google y encontramos que el origen de esta pieza gráfica es el portal de noticias Minuto30, que publicó una noticia con el mismo titular de la imagen, el pasado 15 de noviembre.

Este medio también subió la pieza, en formato de reel, en sus redes sociales como Instagram y Facebook. Pero en X (antes Twitter) circuló el pantallazo de dicha publicación, compartido por figuras políticas opositoras al gobernador Rendón como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Quintero publicó esa misma imagen el pasado 15 de noviembre y lo hizo en dos ocasiones en su perfil de X (1 y 2). El primer trino, en el que el exalcalde dijo que el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón están engañando a Medellín y Antioquia, obtuvo mil retuits, 2 mil me gustas y 334 comentarios. Por su parte, la segunda publicación, en la que Quintero cuestionó a los electores del alcalde y gobernador porque con el nuevo impuesto pagarán más plata, registró 805 retuits, mil me gustas y 121 comentarios. Ambos trinos sumaron más de 75 mil vistas.

El exalcalde también publicó la pieza gráfica en sus perfiles de Facebook (333 comentarios y 161 veces compartido) y de Instagram (1.330 me gustas).

La foto fue compartida por más usuarios en X, donde al menos 37 perfiles más la publicaron. Se destacan las publicaciones de Alejandro Toro (43 mil seguidores en X), representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, con mil retuis y mil me gustas, quien denuncia que la Gobernación de Antioquia está enviando cartas para que los mandatarios locales las firmen sin modificaciones, “aceptando el impuesto que se cobrará en la cuenta de servicios públicos de los Antioqueños”; y de Juan David Muñoz (2 mil seguidores), diputado de Antioquia por el partido Alianza Verde, quien recordó el proyecto ya fue rechazado inicialmente, incluso por diputados aliados.

¿Suben los servicios públicos?

El proyecto de ordenanza precisa que la sobretasa se cobrará, si se aprueba en la Asamblea, a los suscriptores del servicio público domiciliario de energía eléctrica del departamento de Antioquia y la base para cobrar el impuesto será el consumo mensual kilovatios por hora de energía eléctrica, según la facturación.

Es decir, el artículo 4 del proyecto puntualiza que el cobro de dicha tasa especial se activará simplemente al estar inscrito al servicio público de energía, por lo tanto, se toma como referencia el consumo mensual de energía, medido en kilovatios por hora (kW-h), según las facturas emitidas (artículo 5).

“La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se causa con la expedición de la factura o el documento que haga sus veces para el cobro (consumo) del servicio público domiciliario de energía eléctrica”, se lee en el artículo 7 de la ordenanza.

De esta manera, el articulado especifica que la tasa se incluye en las facturas de energía y no en la de otros servicios públicos (artículos 7 y 8). Y ese dinero recaudado se destinará exclusivamente a programas de seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional en Antioquia. Además, cada seis meses, la Secretaría de Seguridad debe rendir cuentas a la Asamblea Departamental sobre el uso de los recursos, detallan los artículos 12 y 13.

De esta manera, solo aplicaría para el servicio de energía eléctrica y no para todos los servicios públicos como lo publicó el portal Minuto 30 y lo han replicado el exalcalde de Medellín Daniel Quintero en sus redes sociales y otras cuentas citadas en este chequeo.

Incluso la ordenanza aclara, como se ha reiterado en este texto, que la tarifa se cobrará con base en kilovatios, que es la medida de consumo del servicio de energía. Mientras que el servicio de agua se mide en metros cúbicos, así como el del gas natural.

Aunque todos los servicios se cobran en la misma factura y, si se aplicara el impuesto se vería reflejado en la suma total del recibo, tal como lo explicó Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy; dicha sobretasa no se cobraría en los servicios de acueducto, alcantarillado, gas natural, aseo y alumbrado público.

Cabe recordar que en la factura de EPM se cobran los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas, como lo muestra esta foto tomada a un recibo de un usuario en Medellín:

¿En qué va el debate de la sobretasa?

Este 25 de noviembre arrancó el debate de la ordenanza. El proyecto de Rendón, que ya ha sido golpeado por un concepto jurídico del gerente de EPM (ver más adelante EPM rechaza la sobretasa) cuestionando su viabilidad y por la oposición de la bancada de Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez, volvió al centro del debate, quien mostró su capacidad de convocatoria al reunir a más de 100 alcaldes de todas las subregiones de Antioquia, dejando claro que no piensa dar marcha atrás. Como lo registró EL COLOMBIANO:

El acto, que tuvo lugar en el salón Pedro Justo Berrío del piso 12 de la Gobernación, puso bajo presión a los 26 diputados de la Asamblea Departamental. En medio de cámaras, alcaldes y hasta miembros del Consejo Departamental de Juventudes, el calor y la multitud hicieron que se abrieran las ventanas para mejorar el ambiente. Rendón llegó alrededor de las 9:30 a.m., justo cuando la Comisión Primera de la Asamblea —responsable de asuntos económicos— iniciaba la discusión de un paquete de cuatro proyectos, entre ellos la polémica tasa especial de seguridad que sigue generando divisiones.

De manera paralela, el primer debate del proyecto de ordenanza quedó en el aire. La Asamblea de Antioquia decidió aplazar la discusión tras una recusación contra dos diputados clave. Aunque se esperaba que ese 25 de noviembre la iniciativa avanzara sin problemas en la Comisión Primera, donde ya contaba con el respaldo de diputados de los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático, el camino se complicó, como lo contó EL COLOMBIANO.

El diputado Luis Eduardo Peláez, quien no pertenece a esa comisión, presentó una recusación contra Luis Gabriel Gómez Grisales, presidente de la Comisión, y Carlos Humberto García Velázquez, argumentando que ambos tendrían un posible conflicto de intereses. Peláez aseguró contar con pruebas suficientes para sustentar su denuncia, frenando temporalmente el avance del proyecto.

Este 27 de noviembre, la Comisión Primera de la Asamblea de Antioquia aprobó este martes en primer debate el controvertido proyecto de ordenanza con el que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, busca imponer un nuevo impuesto de seguridad que se cobrará vía servicios públicos. La decisión fue tomada por un margen de 6 votos a favor y solo 2 en contra.

EPM rechaza la sobretasa

EPM, encargada de facturar los servicios públicos en Antioquia, respondió a la Asamblea el pasado 22 de noviembre a través de una carta firmada por John Maya Salazar, gerente general de la empresa. En la misiva, la compañía explica que la propuesta de facturar y cobrar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según el Proyecto de Ordenanza 59 de 2024, no tiene base legal o “no se considera jurídicamente viable”.

Entre los argumentos de EPM se encuentra que no existe una ley que permita a los entes territoriales imponer este tributo, lo que viola principios básicos como la legalidad y la certeza tributaria. Aunque, dijo EPM en la carta, la Sentencia C-363 de 2023 avaló la Ley 2272 de 2022 (las dos normas que usó el gobernador Rendón para justificar su impuesto) no devolvió a las entidades locales la facultad de aplicar esta tasa, originalmente contemplada en la Ley 1421 de 2010.

“Por tanto, adoptar dicha obligación sin una ley que la respalde, acarrearía un vicio de nulidad, sustentado en el artículo 243 de la Constitución Política”, dice la carta de EPM a la Asamblea.

Otro argumento de la compañía es que, en Colombia, los municipios y departamentos no tienen autonomía para crear impuestos por su cuenta de manera plena, sino que necesitan que una ley nacional que los autorice. Además, la normativa que regula los servicios públicos domiciliarios, como el Decreto 2223 de 1996 y su modificación por el Decreto 828 de 2007 dice que las empresas solo pueden facturar conceptos directamente relacionados con estos servicios. Por eso, EPM afirmó que la Tasa Especial de Seguridad no está autorizada en estas leyes ni en las normas vigentes, y añadirla a las facturas de servicios públicos iría en contra de la legalidad y la transparencia que rigen este sector.

En esta misma línea, el experto Vera precisó que cualquier impuesto que se incluya en las tarifas de los servicios públicos tiene que tener un sustento y base legal, por lo cual es riesgoso que las entidades territoriales, como la Gobernación de Antioquia, intenten incluir tasas o sobretasas adicionales en la tarifa, sin que se tenga total claridad de su legalidad y aplicabilidad tributaria, no solo por mayores costos para los usuarios, sino por las implicaciones que podría tener aplicar ese impuesto, por más que goce de legalidad en un acto administrativo.

Otros sectores también rechazan la sobretasa

Este proyecto de ordenanza ha sido polémico porque traería más cargas impositivas a empresas y usuarios. Incluso, el presidente Gustavo Petro publicó un trino diciendo: “Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarles la comida a los pobres y a los trabajdore(a)s en Antioquia. Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el gobierno nacional bajará las tarifas de la luz”.

Hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con su movimiento Creemos, no está de acuerdo con la sobretasa de seguridad, así mismo, gremios como Fenalco, Cámara de Comercio de Medellín y la Andi Antioquia. Los principales argumentos son: no hay garantías jurídicas para aprobar dicho proyecto de ordenanza, habría un impacto negativo en las empresas y la competitividad regional, y falta de socialización con empresarios y ciudadanos.

En medio de esta controversia, si se apoya o no un nuevo impuesto en Antioquia, decir que subirán los servicios públicos es engañoso, como lo ha compartido en sus redes sociales el exalcalde Quintero y lo publicó el portal Minuto30, porque, si se aprueba la ordenanza en la Asamblea, solamente la tasa especial aplicará para la energía eléctrica y no para todos los servicios públicos que cobra EPM en su factura. Y únicamente se cobraría a los estratos más altos, y a los sectores industrial, comercial y oficial.