Gobierno alista decreto para subir retención en la fuente: así afecta a empresas y trabajadores

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que está sacudiendo a buena parte del aparato productivo del país. La propuesta, que modifica las tarifas de retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, incluye un cambio clave: que los autorretenedores también sean sujetos de retención.

En la práctica, esto implica que el Gobierno podrá recaudar por adelantado una tajada más grande del impuesto de renta de sectores económicos estratégicos.

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El argumento del Ministerio es claro: se busca aumentar la caja estatal para cerrar el hueco fiscal de 2025, así como se hizo en 2023.

Pero los analistas ya prenden las alarmas por un posible efecto rebote: un menor recaudo en 2026, más presión fiscal para el próximo Gobierno, y empresas sin oxígeno financiero en medio de un estancamiento económico.

¿Qué cambia con este nuevo decreto?

El proyecto busca modificar el Decreto 1625 de 2016, basado en el artículo 365 del Estatuto Tributario. Este artículo le da vía libre al Ejecutivo para regular por decreto el cobro de la retención en la fuente, sin pasar por el Congreso.

Entre los cambios más relevantes está el aumento de las tarifas para varios sectores productivos. Por ejemplo:

-Cultivo de arroz, tabaco, café, legumbres y caña de azúcar: del 0,55% al 1,20%.

-Extracción de hidrocarburos y minerales: 4,5%, la tarifa más alta.

-Producción de gas natural: también 4,5%.

-Minerales de uranio y torio: 2,8%.

-Petróleo crudo: 2,7%.

Además, se modifica la base mínima para aplicar retención y las tarifas de autorretención. El rango va desde 0,55% hasta un tope de 4,5%, dependiendo de la actividad económica. Esto convierte el nuevo decreto en uno de los más agresivos en materia de anticipación del recaudo tributario.

El campo y la minería en alerta roja

Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, lo que está ocurriendo es un adelanto masivo de renta, con impacto macroeconómico inmediato.

“Están anticipando las retenciones de muchos sectores económicos del país, pero sobre todo con unas tarifas muy elevadas para el sector minero energético e hidrocarburos. En pocas palabras significa que van a poner a pagar anticipadamente la renta del año 2026, y muy seguramente lo parte de 2027, todo en el año 2025”.

Según Junco, esto genera un efecto negativo doble: oxigena artificialmente la caja de este gobierno y le quita margen de maniobra al próximo.

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Según analistas, los sectores más golpeados son los que soportan buena parte del aparato económico: el agro y la minería.

Además, gremios rechazan el aumento de tarifas para productos como el arroz, el café y la caña, porque no solo se duplican las tarifas, sino que se cargan aún más sectores que ya enfrentan altos costos, informalidad laboral y falta de apoyo financiero.

En el caso de la minería, el golpe es directo. Asocoro, la Asociación de Comercializadores de Oro, advirtió que la tarifa de 4,5% para la extracción de oro “absorbería las utilidades”.

“La comercialización formal de oro opera con márgenes de utilidad cercanos a 1,5%. Cualquier retención que supere ese porcentaje elimina la rentabilidad de la operación y la convierte en una pérdida automática”, advirtió el gremio.

“Esto no es sostenible fiscalmente”

Desde el sector académico y financiero también hay preocupación. José Ignacio López, presidente de Anif, explicó que el efecto puede ser contraproducente.

“Aumentar las retenciones en la fuente puede ayudar a solventar el problema de caja del Gobierno, pero redundará en una caída de ingresos fiscales en un futuro —dado que las retenciones son anticipos de impuestos—. Además, una mala calibración puede afectar la liquidez y estabilidad financiera de las empresas”.

Por su parte, Francisco Mejía, profesor del IE Business School y expresidente del Banco Agrario, detalló que aumentar la retención en la fuente para anticipar impuestos tiene un impacto devastador.

Lo anterior lo afirmó porque “deja a las empresas sin capital de trabajo en un momento de parálisis de la inversión. Los términos de pago se extenderán y muchas empresas, especialmente pequeñas, no aguantarán y se quebrarán”.

El antecedente más claro fue en 2023, cuando se anticipó el recaudo por decreto y en 2024 el ingreso fue menor. Incluso el propio presidente Gustavo Petro reconoció que fue un “error administrativo”, ya que se alivió el hueco de un año, pero se trasladó el problema al siguiente.

Ahora, con el nuevo decreto, el Gobierno repite la fórmula: aliviar el déficit de 2025, hipotecando el recaudo de 2026.

Katherine Miranda y Vargas Lleras arremeten con todo

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, fue contundente en su cuenta de X- “¡Esto realmente es el colmo! Se gastan más de 11 millones de dólares en casas de mentiras en Japón, $600.000 millones en una consulta para hacer campaña y quieren desfinanciar el próximo gobierno. ¡El presidente no puede ser más irresponsable!”.

Por su parte, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras alertó que el gobierno Petro ahora pretende adelantar el impuesto de renta de 2026, aumentando las retenciones para mejorar sus cuentas antes de las elecciones.

“¿Necesidad fiscal? No. Hay billones represados en fiducias sin ejecutar. Lo que buscan es caja para engrasar su maquinaria política, no para resolverle nada al país”.

Y agregó: “Si no logran perpetuarse, dejarán al próximo gobierno sin oxígeno fiscal. Ahogan a empresas y contribuyentes hoy para asegurar votos mañana. Inmoral y destructivo”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal (Centro Democrático), se sumó a las críticas contra el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, y con cifras en mano, puntualizo cómo afectaría directamente el bolsillo de millones de colombianos.

“Con este borrador de decreto el gobierno busca dejar sin liquidez a los colombianos con un recaudo forzado de la retefuente. Esto no es una reforma tributaria, es una emboscada fiscal”, sostuvo el congresista.

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Espinal cuestionó que uno de los cambios más sensibles será la reducción de los umbrales desde los cuales se aplica la retención en la fuente.

“A quienes prestan servicios se les descontará la retención a partir de pagos de $99.598, cuando hoy ese umbral está en $199.196. Es decir, bajan a la mitad el monto mínimo. Eso es asfixia para los independientes y pequeños empresarios”, advirtió.

El café, uno de los pilares de la economía rural, también sufriría un recorte importante en su margen operativo. “Hoy no hay retención para ventas de café por menos de $7,9 millones, ahora quieren reducirlo a $3,4 millones. Lo mismo ocurre con los insumos agrícolas: pasan de estar exentos por debajo de $4,4 millones a solo $3,4 millones. Esto va a golpear con todo al agro colombiano”.

Para Espinal, sectores clave como el agro, la construcción y la minería van “derecho al matadero” con estas nuevas tarifas.

“Pretenden subir las autorretenciones en más del 100%. Así no hay liquidez, ni inversión. Esto no es una planeación seria del Estado, es una maniobra para cuadrar caja hoy y dejar el hueco mañana”, sentenció.

¿Una movida legal pero riesgosa?

El Ministerio de Hacienda justifica la medida en que existen “brechas” entre la autorretención y el impuesto a cargo real, lo que genera un “costo de oportunidad” para el Estado.

“Esta diferencia, atribuida principalmente a una tarifa de autorretención que no evoluciona en consonancia con el impuesto a cargo, genera un costo de oportunidad para la administración tributaria, que no logra recaudar oportunamente los recursos correspondientes”, dice el borrador oficial.

Sin embargo, Stiven Angulo, contador y especialista en Finanzas, cuestiona: “¿Cómo van a aumentar la retención en la fuente? Hay muchas pymes que ya tienen grandes saldos a favor producto de la retefuente que les practican. La liquidez que destinan tiene un costo que deben asumir”.

Desde su experiencia como abogada experta en impuestos, con formación en Business Management and Negotiation en Harvard, la asesora Carolina Restrepo Cañavera no dudó en lanzar una advertencia clara y directa sobre los efectos del borrador de decreto del Gobierno Nacional.

“El aumento de la retención en la fuente que está planteando el Gobierno es una maniobra desesperada de caja, sin sustento técnico ni visión estructural. No se puede improvisar con la tributación de esta forma”, afirmó Restrepo.

Según ella, la retención en la fuente está siendo malinterpretada por el Ejecutivo como un nuevo impuesto, cuando en realidad es un mecanismo de anticipo de tributos, cuyo uso indiscriminado pone en riesgo la liquidez del tejido productivo.

“La retención en la fuente no es un impuesto adicional. Es un cobro por adelantado, que el Estado le hace a los contribuyentes sobre unos ingresos que ni siquiera se han terminado de consolidar. Eso es jineteo fiscal. Y ese jineteo lo paga el país productivo”, enfatizó.

Restrepo fue más allá y explicó que las consecuencias no recaen únicamente sobre grandes empresas, sino sobre trabajadores independientes, asalariados, y pequeños comerciantes que verán cómo se les disminuye el flujo de caja sin haber terminado de generar el ingreso gravado.

“No nos digamos mentiras: esto no solo afecta a empresarios. Afecta a todos los trabajadores. Porque cada vez que suben la retención, quitan capacidad de consumo, afectan el bolsillo de quienes sí pagan y cumplen. El ciudadano de a pie, el independiente, el asalariado, el pequeño comerciante. Todos”, explicó.

Al final, cuestionó el mensaje que esta política fiscal envía al país: un castigo a quienes producen y cumplen, mientras no se corrige el modelo estructural del gasto público.

“Esta medida no estimula el crecimiento ni la formalización. Lo que hace es agrandar el hueco social y fiscal, porque castiga a los mismos de siempre: a quienes generan ingresos, a quienes aportan. La caja del Estado no puede sostenerse a costa del trabajo de los demás. No se puede seguir castigando al que produce, solo porque el Gobierno no ha querido corregir su modelo de gasto”, concluyó Restrepo.

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