Economía

Gobierno se queda sin tiempo para presentar nueva reforma tributaria ante el Congreso

La actual legislatura cierra el 20 de junio y, según varios congresistas, una nueva ley de financiamiento tendría que surtir trámite en al menos cuatro comisiones económicas, lo que deja al Gobierno sin margen de maniobra.

hace 11 horas

El Gobierno arrancó el año con un hueco en las finanzas de $523 billones y ya tuvo que echar mano del freno: aplazó $12 billones del gasto. Desde el Ministerio de Hacienda dicen que están buscando cómo tapar ese roto fiscal, y una de las salidas que barajan es una nueva ley de financiamiento.

A principios de año, el director de Presupuesto, Jairo Bautista aseguró que iban a radicar una reforma tributaria, pasado el primer trimestre del año tanto el ministro de Hacienda Germán Ávila como el director encargado de la Dian, Luis Llinás, secundaron la idea, aun así siguen sin presentarla ante el Congreso y por ello abogados y congresistas aseguran que ya el Gobierno Petro no tiene chance para radicar la ley que ayude a financiar el presupuesto.

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¿Alcanzan los tiempos para la tributaria del Gobierno?

Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados resaltó que la legislatura actual culmina el 20 de junio por lo que un proyecto como este debería presentarse antes de la fecha, pero resaltó que si esta ley viene con algunos artículos que atañen tema de impuestos ya quedará para el presupuesto general del año entrante.

Además, destacó que el artículo 338 de la Constitución Política establece que las modificaciones a impuestos de periodo entran a regir a partir del año siguiente.

Por lo que insistió que, si en este año se expide una ley de financiamiento o reforma tributaria, el recaudo solo se vería a partir de 2026.

La ley de financiamiento está estructurada para ser discutida paralelamente con la ley de presupuesto. Es de advertir que el presupuesto de 2025 fue expedido por decreto porque el Legislativo no aprobó el presupuesto porque lo encontró desfinanciado y no vio prudente el proyecto de ley de financiamiento que se archivó en diciembre de 2024”, recordó.

Radicar la ley de financiamiento

Milton César Jiménez, profesor e investigador del derecho público de la Universidad de Caldas señaló que el Gobierno debe planear qué hará con el manejo de la hacienda pública al no tener una ley de financiamiento.

Señaló que esto debe discutirse en dos periodos legislativos, por lo que para este año ya no alcanzaría a presentarse el proyecto, es decir que la reforma que radique será para el presupuesto de 2026.

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“El Gobierno debe presentar un marco temporal para radicar otro proyecto, pero antes debe dedicarse a dialogar con las fuerzas económicas y políticas para que sea un proceso y un proyecto deliberativo, un consenso que permita que se logren financiar las principales actividades del gobierno y desde luego las disposiciones constitucionales”, aclaró.

Esta teoría concuerda con lo dicho por el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, quien aseguró que es imposible que el Gobierno presente este proyecto para financiar el PGN 2025 porque los tiempos no dan.

“El trámite implicaría que debe pasar por cuatro comisiones económicas, dos de Cámara de Representantes y dos del Senado, la reforma tributaria tiene trámites muy lentos, no es una ponencia que se dé de forma tan rápida”, señaló.

Resaltó que cuando una ley implica impuestos tardaría más de lo habitual, porque de lo contrario solo pasarían por las comisiones terceras, pero destacó que el Gobierno no tiene mayoría en esas instancias.

Factores para las decisiones económicas de una tributaria

Además, enumeró los factores que complican las decisiones económicas del Gobierno, la primera es que ya viene la discusión del presupuesto del año próximo, cuyo anteproyecto ya fue presentado la semana pasada, destacó que esto enredaría mucho más el debate.

En segundo lugar recordó que la ejecución presupuestal de 2024 no fue lo que se esperaba, incluso la calificó de lamentable, “hay muchos dineros inmovilizados, sobretodo en fiduciarias”, comentó.

Un tercer factor que agregó el representante a la Cámara es que el Ministerio de Hacienda acaba de poner en observación un borrador de decreto que modifica la retención a la fuente de forma gravosa.

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“Es un decreto que se convierte en una reforma tributaria disfrazada, dudo que el Gobierno haya emitido ese decreto para radicar una ley de financiamiento; para qué el Gobierno necesitaría una nueva reforma tributaria si ya va a recaudar este año lo del año entrante”, aseveró Pérez.

“Sí están a tiempo”

Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que el Gobierno aun está entre los tiempos para presentar una ley de financiamiento, recordó que ya han presentado proyectos en septiembre o en octubre.

Sin embargo, me preocupa que el Gobierno opte por el camino más fácil, hacerlo por decreto en la emergencia económica. Aunque esta vía estaría sujeta al control de la Corte Constitucional, le permitiría evitar el debate en el Congreso y tomar decisiones sin consensos ni deliberación, lo cual considero inconveniente”, dijo.

La senadora resaltó que incluso un proyecto para financiar el presupuesto no es suficiente para tapar el hueco fiscal porque aseguró ya supera $50 billones.

“Eso no lo recauda una tributaria. Entre el aumento de retención en la fuente y la ley de financiamiento, por mucho recaudarán $15 billones. Tendrán que recortar $35 billones o más para cuadrar cuentas”.

Sobre el recorte presupuestal que debe hacer el Gobierno para tapar el hueco fiscal, Lozano aclaró que no es del todo realista que se deba recortar tanto dinero para poder cumplir con la financiación, pero dijo que la forma más sensata es que eliminen entre $15 billones y $20 billones de lo que tenían calculado para este año.

Además, comentó que los sectores en los que se debería hacer el recorte deben ser los que tienen un gasto más flexible más no en compromisos como deuda, el Sistema General de Participaciones, SGP, las pensiones, el sector salud, vigencias futuras y sentencias.

“Son gastos que están protegidos por la Constitución, que tienen impacto directo en derechos sociales de los ciudadanos que no se pueden tocar”, explicó.

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