Plaza Mayor tiene un pájaro de $15 millones y aún lo debe

De palabra, y sin estar autorizado para ello, un empleado de Plaza Mayor Medellín prorrogó un contrato de mantenimiento de jardines que se vencía en diciembre de 2014. El contratista afirmó que, obrando de buena fe, honró sus obligaciones, luego trabajó sin soporte legal entre enero-agosto de 2015 y que le están debiendo hoy 98 millones de pesos. De ese valor, 12 millones corresponden al valor pendiente del pájaro barranquero, una escultura de hierro que él, con 3.000 plantas, convirtió en un jardín vivo, que aún decora la zona de comidas de la empresa mixta y por el que cobró 15 millones.

Esteban Hoyos Arango, subgerente de Conserprados, le aseguró a este diario que recibió la orden verbal de Juan Álvaro Rendón Puerta, el mismo empleado de Plaza Mayor que se tomó fotos con el pájaro barranquero y acompañó una de ellas en su twitter con la frase: “un regalo para la ciudad”.

Conserprados es una sociedad familiar. Tiene 30 años de experiencia en labores agroforestales y ambientales. Emplea a 30 personas, dependiendo de los negocios que suscriba con el Estado, su mayor cliente. Hace unos diez años le hizo a Plaza Mayor las obras de paisajismo y en 2014 se ganó allí una convocatoria para mantener los jardines. Así nació el contrato PS 03, por 76 millones 320.000 pesos, con plazo 6 de mayo-31 de diciembre de 2014 y que fue firmado por Fernando Córdoba Carmona, en representación del centro de exposiciones y convenciones, y Gabriel Hoyos Ramírez, gerente de Conserprados.

El supervisor del contrato fue Rendón Puerta, quien, según la versión de Hoyos Arango, le dijo a él, a finales de 2014, que como no se había podido contratar el servicio de jardinería para 2015, que por favor siguiera al frente de esas labores. Añadió que el empleado de Plaza Mayor le recalcó que “por orden de los de arriba” se debía seguir, dado que en los jardines había una alta inversión, que no se podía perder.

Todo fue verbal. Y no hay, anotó el empresario, ni un email de Rendón Puerta ordenando esos trabajos.

Pese a su experiencia en contratos estatales, Hoyos Arango sostuvo que le inspiraba confianza el hecho de que le hubieran cumplido con los pagos del contrato que firmó en 2014. Además, creía en la repetida promesa que le hacían sobre una adición o las órdenes de servicio que le darían. Por eso, agregó, no facturó ninguno de los ocho meses que laboró de enero-agosto de 2015, cuando optó por frenar el mantenimiento. Él no pasó facturas. Y Rendón, según fuentes jurídicas de Plaza Mayor que pidieron la reserva, tampoco rindió los informes de supervisión, que en condiciones normales son vitales para poder pagarle al contratista.

Las afirmaciones del empresario se confrontaron con Rendón Puerta, incluyendo el supuesto mandato que habría recibido “de los de arriba” para ordenar, de palabra, seguir con el contrato. “No puedo dar declaraciones de nada. Hay un proceso que se sigue. No estoy autorizado para declarar nada”, manifestó el empleado, quien pidió consultar a la entonces secretaria General (e), Catalina Bolívar Castaño.

Esta última, por su parte, expresó que “no existió autorización por parte de ninguna de las gerencias de la Entidad para prestar estos servicios sin el lleno de los requisitos legales”. Rendón habría ido más allá, al presuntamente usurpar funciones del gerente General y de sus dos representantes legales, porque, dijo la secretaria General (e), son ellos los facultados para celebrar contratos y ejercer la representación legal de la sociedad.

“El contrato estatal tiene la solemnidad del escrito”, precisó Bolívar Castaño, a quien, más allá de la buena fe, le parece extraño que un experimentado proveedor haya prestado en 2015 los servicios “por cuenta y riesgo propio sin mediar un acto jurídico de por medio entre las partes, debidamente firmado”.

A pesar de ese vacío legal, las partes están de acuerdo en que hubo unos servicios que se prestaron. También en que hay una deuda pendiente. El contrato legal ya se liquidó, e incluyó un 20 por ciento del valor del pájaro barranquero. El restante 80 por ciento está dentro de los 98 millones de pesos en que el contratista estima lo que le deben, con intereses y sin perjuicios.

Las soluciones

El lío está en cómo pagar algo que a la luz de las normas de contratación estatal y del mismo manual de contratación de Plaza Mayor no es legal (un acuerdo verbal), efectuado, además, por un empleado que no estaba facultado para ello. Aún con ese telón de fondo, la empresa mixta le presentó al contratista dos salidas cuya legalidad es cuestionable.

Una de ellas fue la invención de un acuerdo de colaboración empresarial. Invento, sí, porque el documento se le remitió a Conserprados el 27 de noviembre de 2015, a las 5:43 de la tarde, desde el email de Maritza Soto Peña, contratista asesor jurídico de Plaza Mayor y reza allí que el acuerdo lo firmarían, con fecha 5 de enero de 2015, el entonces gerente General de Plaza Mayor, Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, y el representante de la sociedad contratista, Gabriel Hoyos Ramírez.

Consultada sobre el tema, la secretaria General (e) de la entidad, Catalina Bolívar Castaño indicó que “al ser un hecho cumplido no era posible buscar la legalización de estos servicios bajo ninguna modalidad contractual, transacción o liquidación, teniendo en cuenta que no se contaba ni con la disponibilidad ni reserva presupuestal anterior a la prestación del servicio”. Agregó que el Comité de Conciliación de la empresa “no aprobó realizar el pago, ni efectuar ningún trámite de naturaleza jurídica al respecto, en atención a lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia para los hechos cumplidos”.

La segunda opción presentada al contratista no se ajustaba a la realidad de los hechos, porque se incluía dentro de la liquidación del contrato PS 03 de 2014, que había cumplido con las formalidades legales, lo que Conserprados ejecutó, por un acuerdo de palabra, en 2015.

Es de enfatizar en que el contrato legal venció el 31 de diciembre de 2014, no se prorrogó ni adicionó. Y las labores efectuadas entre enero y agosto de 2015 carecen de soporte legal, no se facturaron ni el supervisor rindió los informes de seguimiento. Aun así, estas últimas se presentaron como obras adicionales del primer contrato, pasando su valor de 76 millones 320.000 pesos a 124 millones 20.000 pesos.

El subgerente de Conserprados le aseguró a este diario que él rechazó esa liquidación. Primero, porque, advirtió, el contrato no podía duplicarse con actividades adicionales. Segundo, porque los servicios no se prestaron durante el contrato que venció en diciembre de 2014, sino en los primeros 8 meses del 2015. Y, tercero, “porque luego en una auditoría a esa liquidación alguien podría decir que estábamos robando. Yo debía proteger la reputación de la empresa. No me quise meter en un problema jurídico y por eso les dije que buscaran una salida legal”.

A Uriel Hernando Sánchez Zuluaga y a Catalina Bolívar Castaño se les preguntó, con el debido respeto, si esa propuesta no era ilegal, delictuosa, a lo que la segunda manifestó que en la liquidación de un contrato “las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado”, se valora el cumplimiento o incumplimiento de los deberes y obligaciones que surgieron en el negocio jurídico, “pero también en ocasiones la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenas a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente a este”.

La abogada citó normas de la Ley 80, o Estatuto General de la Contratación Pública, para indicar que también en la liquidación del contrato las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Añadió que desconoce el calificativo de ilegal para el acta de liquidación del contrato PS03, “contrato que finalizó y donde las partes no se encuentran a paz y salvo por el pago pendiente de la factura 220”. Posterior a esa declaración dicha factura se pagó, por valor de 9 millones 540.000 pesos.

La abogada afirmó que “el acta de liquidación entregada por la empresa al medio de comunicación no es un documento que haya sido aprobado por la entidad para su firma” y que las cifras eran mayores a la ejecución real del PS 03, “por lo que no es procedente reconocer servicios ni valores que se hayan ejecutado fuera de la vigencia del contrato y que no sean en desarrollo del objeto del mismo”.

Pero esa propuesta sí la hizo Plaza Mayor. “Listo acta de liquidación”, le notificó al contratista la misma abogada, Maritza Soto Peña, vía un WhatsApp, fechado 11 de diciembre de 2015, a las 3:43 p.m. El documento que allí anexó, también lo remitió por email. La profesional del derecho le aclaró a este diario que, efectivamente, ella mandó ese documento, pero que el mismo no es de su autoría.

El tema sigue en el limbo. Esteban Hoyos Arango comentó que el hoy exgerente, Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, le dijo a finales del año pasado que definitivamente no le podían pagar y que, para ello, podría solicitar una conciliación judicial ante la Procuraduría. Que Plaza Mayor acudiría, aceptaría la conciliación y tendría un soporte legal para generar una reserva presupuestal y pagarle el dinero. A la luz de lo expuesto a este diario por la secretaria General (e) ese paso se puede dar, pero no es tan claro que de ahí salga la fórmula de pago. Al preguntarle sobre la salida legal, Catalina Bolívar Castaño sostuvo que se seguirán buscando alternativas legales y que “la empresa Conserprados determinará, de así considerarlo, el camino legal para su situación en concreto”.

Si al final Plaza Mayor paga, no sería de extrañar que recupere el dinero pasándole la factura a Juan Álvaro Rendón Puerta, a quien la empresa le inició el 21 de diciembre de 2015 una indagación preliminar administrativa, para definir si abría o no un proceso disciplinario en su contra.