Pese a acuerdo, tensión entre arroceros y el Gobierno sigue latente

Tras meses de negociaciones y varios días de bloqueos de vías —como el de Aguazul, en Casanare—, los arroceros colombianos y el Ministerio de Agricultura por fin llegaron a acuerdos sobre el incentivo al almacenamiento de este cereal y el precio piso de referencia para su compra.

No obstante, aunque se podría decir que con esto las dos partes salieron beneficiadas, algunas tensiones en la disputa siguen latentes: el gobierno se mantuvo en su posición de brindar dicho subsidio al almacenamiento solo por tres mes más, mientras los productores insisten en que esto será insuficiente y pondría en riesgo la soberanía alimentaria nacional.

¿Seguirá la puja?

Ante las protestas de los productores del cereal, el MinAgricultura expidió el pasado 24 de julio la resolución que reglamenta el programa de incentivo para el manejo de los excedentes del segundo semestre de 2023, para lo cual destinó un total de $25.000 millones.

Los beneficiarios recibirán $39.900 por cada tonelada almacenada —en 2022 la cifra era de $31.800—. Este pago se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se agoten los recursos.

Si bien desde la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) reconocieron que este precio genera una “relativa estabilidad” ante la situación de incertidumbre que vive el sector, afirmaron que siguen intranquilos por la continuidad del subsidio.

“Preocupa que solo se entregará durante tres meses, periodo que es insuficiente, ya que el excedente temporal debe estar almacenado hasta el inicio del siguiente semestre, cuando el arroz se necesitará para abastecer al país”, expresó Rafael Hernández, gerente general del gremio.

Y resaltó que mientras en el país no existan más distritos de riego, ni el gobierno promueva la construcción de infraestructura de secamiento y almacenamiento por parte de los productores, “será inevitable seguir pensando en el incentivo al almacenamiento u otro mecanismo con igual capacidad, para apoyar el proceso de comercialización de la cosecha, a menos que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria nacional”.

Y es que luego de 30 años de vigencia, la controversia sobre la efectividad de este incentivo como instrumento de política de comercialización no parece acabarse. En este punto, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, ha sido enfática en que dicho apoyo fue una medida temporal, que con el tiempo se volvió permanente, pero que tras estudios se demostró que durante tantos años no ha servido como instrumento para planificar siembras y organizar los niveles de producción.

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“A lo largo de los encuentros hemos reiterado que el objetivo en el sector debe ser avanzar en el Plan de Ordenamiento del Arroz que permita hacer transformaciones estructurales y no destinar los recursos a un incentivo”, dijo la jefe de la cartera.

Y agregó que una de las soluciones que se han planteado desde el gobierno es que los agricultores, asociaciones y cooperativas puedan construir sus propias infraestructuras de secado, almacenamiento, transformación y agro-industrialización del grano. Y para lograr el objetivo, el Gobierno pondrá a disposición $40.000 millones mediante el Fondo de Financiamiento Agropecuario (Finagro) y el Banco Agrario de Colombia.

¿Y los consumidores?

Los colombianos consumen más de 40 kilos de arroz al año, por lo que es uno de los alimentos más importantes en sus mesas. Sin embargo, la inflación hizo que en mucho hogares este se convirtiera en lujo.

De acuerdo con el Dane, solo en 2022 el precio del arroz subió un 54,05%. Y para junio de este año, aunque mostró un descenso en su precio, su variación anual del 19,82% siguió presionando el costo de la canasta familiar.

En este sentido, Silverio Gómez, ex director de la Cámara de Industriales de Arroz (Induarroz) de la Andi, en su columna en la Revista Semana, consideró que dado que el arroz es alimento clave en la canasta de los hogares y su demanda es mayor en los niveles más pobres y vulnerables, “el sentido común indicaría que los recursos públicos destinados al almacenamiento deberían favorecer a esos estratos, vía precio que pagan a diario”. Pero, dijo, las cifras parecen no confirmar esa idea.

“En 2022 el precio del arroz al consumidor se incrementó casi cuatro veces la inflación en el país, en tanto que el precio que recibieron los agricultores por parte de los molineros aumentó en 65% entre diciembre de 2021 y finales del 2022, sin contar con el subsidio del gobierno. Los costos de producción subieron 30% el año pasado, básicamente por los fertilizantes, pero muy por debajo del precio al cual vendieron (...) Con esos datos a la mano se puede afirmar que 2022 fue de jugosa ganancia para los cultivadores de arroz y también para los industriales. ¿Agricultores piden subsidios, pero quién protege a los consumidores?”, cuestionó Gómez.

Ahora, para el analista, el gran desafío de este sector es aumentar la productividad, pues, dijo, esta va muy lenta y “la amenaza es evidente no solo por el arancel cero con Estados Unidos en 2030, sino por la de importar libremente de los mercados vecinos”.