Pros, contras y dudas de la nueva Ley de Licores
Mientras el Gobierno defiende las bondades de la iniciativa, en los entes territoriales se ventilan dudas sobre la futura aplicación de la medida.
Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.
Faltando aún su paso por la plenaria del Senado de la República, el proyecto de Ley de Licores sigue suscitando discusiones sobre la efectividad que tendrá para elevar los ingresos de los Departamentos y en la lucha contra el contrabando de bebidas alcohólicas.
Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, los cambios introducidos a la propuesta original resultan favorables, pues se logra que las gobernaciones mantengan el monopolio de los licores, igualmente, asumen controles para la comercialización de esas bebidas en sus jurisdicciones y percibirán nuevos ingresos.
El mandatario seccional consideró como un acierto de las anteriores administraciones, el hecho de que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) se haya mantenido como una dependencia de la Gobernación y que no sea una empresa industrial y comercial, lo que le permitirá que el IVA que paga para producir sus productos le sea retornado, representando unos 50 mil millones de pesos.
A su turno, el secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, espera que en la plenaria se desmonten los derechos de explotación que deben pagar los productores interesados en vender en otros departamentos.
“La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es la más afectada con el pago de esos derechos, pues es poco lo que introducen las licoreras de Cundinamarca Caldas y Valle”, comentó Palacio.
Desde afuera
El gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC), Luis Roberto Rivas, le dijo a EL COLOMBIANO que un aspecto positivo es que se unifica el esquema tributario para todos los licores. Pero señaló que al aumentarse la carga impositiva para las bebidas alcohólicas importadas, el contrabando resultaría más atractivo para los ilegales.
El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, manifestó que la norma solo servirá para promover el contrabando y la adulteración de licores. “Un incremento exagerado en los impuestos, 45 % en el aguardiente, 40 % en el ron, 100 % en los güisquis de 12 años y 130 % en los vinos, lo único que hace es disparar la ilegalidad”.
En el mismo sentido se refirió el senador Jorge Robledo. “Es una ley que no hace nada contra el contrabando, no lo persigue, y con más impuestos, estimula más esa práctica ilegal, sumado a la adulteración”.
Robledo también cuestionó que se vayan a aumentar las rentas departamentales con la nueva ley. “La realidad es que las cuentas que hace el Ministerio de Hacienda son supuestos, no son certezas, es una carnada para tapar el anzuelo con que le dicen a los gobernadores que las licoreras pueden recibir unos pesitos de más, cuando el problema evidente es el riesgo de perder participación de mercado”.
Lo que ve el Gobierno
El Ministerio de Hacienda aseguró que con la Ley se aumentará el recaudo de los departamentos del país en un 20 %, generando más de 250 mil millones de pesos anuales adicionales, que se destinarán en su mayoría a inversiones en salud, educación y deporte en los territorios.
El jefe de esa cartera, Mauricio Cárdenas Santamaría, precisó que la norma especifica que se pagará un impuesto de 220 pesos por cada grado de alcohol para todas las bebidas destiladas; también un impuesto ad-valorem de 25 % del valor final del producto y un impuesto de IVA del 5 % sobre el precio de venta.
Cárdenas exaltó que el proyecto busca generar equidad tributaria, y puso el siguiente ejemplo: actualmente un vino nacional de 10 mil pesos, uno que es importado de 60 mil y una champaña importada de 500 mil pesos tributan prácticamente el mismo impuesto, unos 3.500 pesos.