Superintendencia tiene en la mira a los analistas de las redes sociales

La interacción en redes sociales de los analistas financieros independientes está bajo la lupa de la Superintendencia Financiera. Y hace poco, Fénix Valor, una reconocida firma proveedora de información sobre el mercado bursátil, tuvo inconvenientes porque, presuntamente, cruzó la línea de la regulación e hizo supuestas recomendaciones directas de inversión.

Orlando Santiago, gerente de la entidad, asegura que tiene una trayectoria de más de 20 años, no se considera un influenciador financiero y defiende su rol como ingeniero en finanzas y especialista en el mercado de capitales. Incluso, defendió que cuenta con Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAM).

Aún así, desde mediados de febrero la Superintendencia Financiera, bajo la dirección de César Ferrari, ordenó revocar ese registro, precisamente, argumentando que la firma había sobrepasado el margen de la regulación al emitir recomendaciones de inversión.

A partir de allí, muchos otros analistas que no trabajan para bancos de inversión y firmas comisionistas de bolsa manifestaron que hace falta delimitar mejor lo que es una opinión de una recomendación, dado que sus opiniones en redes sociales, argumentan, no pueden ser censuradas y creen que la línea normativa no precisa muy bien los límites; lo que, a su juicio, los deja expuestos a que el ente supervisor los empapele.

La regulación en Colombia establece que la asesoría financiera es una actividad que solo pueden ejercer las entidades vigiladas por la Superfinanciera y toda la normativa está en el Decreto 2555 de 2010.

Esto está fundamentado en que, por disposición constitucional, esta actividad ha sido reconocida como de interés público, pues guarda relación directa con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, así como con la protección a los consumidores financieros. Es decir, esta regulación es el instrumento para resguardar a los colombianos ante posibles asesores fraudulentos.

Todo esto tiene una razón de ser y es que todos los días en el país, hay interesados en aumentar su patrimonio y pueden ser presas de timadores sin formación ni acreditación para orientarlos.

El final más trágico es la pérdida de la plata que se pensaba multiplicar. Sin embargo, muchos analistas independientes aseguran que no tienen intenciones de incidir ni dirigir los ánimos inversionistas de nadie y aseguran que la opinión igualmente es un derecho amparado por la ley.

Un analista que pidió la reserva de su nombre indicó que hay un “tufillo” a persecución por parte del ente supervisor, dado que esa entidad es un brazo del Gobierno y siente que hay un “desquite” contra los financieros autónomos que han manifestado su desacuerdo con proyectos de reforma por traer incertidumbre.

Agregó que la regulación debe ser más clara sobre las palabra que se pueden utilizar y las que no. “Si decir que una acción está regalada, que el valor de las empresas que cotizan en Bolsa es bajo en relación con su potencial, entonces, el análisis independiente está condenado”, dijo.

“Si nos prohiben emitir opiniones con datos y evaluaciones técnicas —añadió— estarían trabajando al servicio de grandes bancos y comisionistas de bolsa, porque a ellos les conviene que no existan análisis adversos para las compañías que ellos representan y que recomiendan a la gente”, agregó.

Daniel Medina, especialista en mercados de valores, indicó que “la regulación sigue estando coja en el tema de asesoría financiera y que la linea es muy delgada entre una opinión y una recomendación”.

“Los ‘opinadores financieros en ningún momento lo hacemos como recomendación de comprar o vender cualquier activo financiero. Es nuestra responsabilidad aclarar que lo que hacemos con nuestras visiones de mercado y análisis es meramente personal y con una finalidad educativa y de entretenimiento, nada más”, añadió.

Desde su óptica, por mas serios y confiables que sean los análisis de operadores independientes en un mercado financiero, no está bien hacer estrategias de inversión basándose solo en recomendaciones de terceros.

Al respecto, la Superfinanciera contestó que no pueden referirse a este asunto puesto que hay casos en proceso. Sin embargo, otras fuentes con conocimiento de la regulación señalaron que el mismo Decreto 2555 detalla que el suministro de información al mercado de valores pueden realizarlo entidades constituidas en Colombia o el exterior, siempre y cuando se inscriban en el RNAMV, para ser vigilados. Aunque coinciden en que la norma debe actualizarse y definir con precisión quirúrgica cuando un análisis se convierte en una opinión.