Incapacidades permanentes han aumentado en el último año por accidentes laborales

Un análisis desarrollado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en cifras e indicadores de riesgos laborales reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social evidencia que, en Colombia, más de 81.000 trabajadores han sido indemnizados por incapacidad parcial permanente (IPP) debido a siniestros laborales ocurridos desde 2019 y hasta mayo de 2024, lo que afecta su capacidad laboral entre el 5% y el 50%.

De igual manera, se han contabilizado más de 2.500 incidentes, en los cuales la pérdida de capacidad laboral superó el 50%, resultando en la concesión de pensiones de invalidez.

Solo en 2023, se determinaron 15.833 IPP, un 10,5% más que en 2022, de las cuales el 62,6% se originaron por accidentes de trabajo y un 37,4% por enfermedades laborales. A su vez, 471 trabajadores recibieron pensiones de invalidez, derivadas en un 80,9% por accidentes de trabajo.

El sector de industrias manufactureras reportó el mayor número de incapacidades parciales permanentes en 2023 con 3.397 casos (21,5% del total), seguido por construcción (1.692 IPP) y comercio al por mayor y al por menor (1.422 IPP).

En términos de pensiones de invalidez, construcción, industrias manufactureras y transporte y almacenamiento fueron los sectores más afectados.

Geográficamente, Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca observaron las mayores cifras tanto de IPP como de pensiones de invalidez.

Las cifras son reveladas en vísperas del Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora este fin de semana, 28 de julio, para motivar una reflexión sobre la urgente necesidad de restaurar los derechos y la estabilidad de los trabajadores afectados por situaciones adversas, especialmente aquellas relacionadas con accidentes y enfermedades laborales.

¿Qué pasa, entonces, con los trabajadores que se ven afectados por una incapacidad parcial permanente (IPP)?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el reintegro laboral como el proceso mediante el cual una persona logra compensar, en el mayor grado posible, las habilidades y destrezas afectadas por una discapacidad que repercute directamente en su desempeño ocupacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) añade que este proceso facilita la recuperación de la salud y la capacidad de trabajar.

En Colombia, la normativa establece que, al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores deben reubicar al trabajador en su puesto original o en uno de igual categoría para el cual esté capacitado. Para lograr el reintegro laboral, el proceso de rehabilitación integral es clave. Abarca la rehabilitación funcional mediante una recuperación física, sensorial, intelectual, cognitiva, psíquica y social, así como la inclusión laboral, ocupacional, social y familiar. Este enfoque tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los trabajadores afectados, ya que reduce la estigmatización y fomenta la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

A su vez, genera beneficios para las organizaciones: aquellas que diseñan programas de rehabilitación y reincorporación laboral adecuados e integrales pueden alcanzar una mayor resiliencia, retener talento y fomentar la diversidad e inclusión. Además, les permite alcanzar mayores grados de madurez de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), toda vez que se implementan políticas y prácticas destinadas a proteger a los trabajadores y promover ambientes de trabajos seguros, minimizando el impacto en los equipos de trabajo y los costos asociados.

“El reintegro laboral no solo restituye al trabajador en su puesto de trabajo, sino que también es un acto fundamental para la protección de su dignidad”, señaló Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

Este proceso evita el despido injustificado y la discriminación, garantiza condiciones justas y equitativas en el entorno laboral y promueve entornos laborales seguros y saludables que contribuyen a la gestión sostenible de las organizaciones en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 de la ONU, que busca el empleo pleno y el trabajo decente para todos.

Por lo tanto, el CCS instó a las organizaciones a establecer programas integrales de reincorporación laboral, no solo desde el cumplimiento normativo, sino desde la oportunidad de mejora continua que se genera en las condiciones laborales.

En ese aspecto, se enumeraron algunas recomendaciones, entre ellas la de una comunicación transparente y asertiva, que permita conocer las necesidades del trabajador para orientar el programa de reincorporación laboral de manera eficaz.

“Políticas, programas y procedimientos claros: planificar, preparar y controlar el proceso de reincorporación laboral basado en la evaluación individual de las condiciones de salud y necesidades específicas de cada trabajador y así poder determinar la intervención más adecuada”, anotó el Consejo Colombiano de Seguridad.

Igualmente, se sugirieron programas de educación y desarrollo para identificar y potenciar las nuevas habilidades de los trabajadores que se reincorporan. Programas de bienestar integral para evaluar condiciones individuales, intralaborales y extralaborales que incidan en la recuperación, adaptación y reintegro laboral.

Estas acciones posicionan a las organizaciones como mediadoras clave para la recuperación de la salud de los trabajadores y la adaptación de condiciones laborales óptimas, promoviendo entornos de trabajo seguros, saludables y sostenibles.