¿Hay una jugada del Gobierno Petro para redireccionar los recursos de los fondos parafiscales agrícolas?

Recientemente se conoció que el Ministerio de Agricultura expidió, al parecer de forma muy silenciosa, la Resolución 00124. La cuestión es que dicha medida despertó la preocupación de los gremios agropecuarios, ya que aseguran que podría transgredir las leyes que rigen los fondos parafiscales, por lo que apelarán a acciones legales en contra de la medida.

Dicho documento creó el programa de fomento a la Asociatividad Rural Productiva Confianza Colombia. En este se explica que la idea es generar desarrollo económico, social y mejorar la producción de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

No obstante, lo que causa malestar en los gremios agrícolas, consultados por EL COLOMBIANO, obedece al artículo cinco, que habla de los recursos con los cuales se va a financiar el programa. Menciona: platas del Presupuesto General de la Nación, de donaciones y aportes internacionales, de financiación crediticias, de convenios con entidades privadas y públicas, y por supuesto, en el parágrafo dos, estipula alimentarse de los fondos parafiscales.

Se lee: “Serán recursos del programa de Fomento a la Asociatividad Rural Productiva (...) los recursos parafiscales autorizados por el órgano competente para programas económicos, sociales y de infraestructura, destinados a las Organizaciones de Campesinos, Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios”.

Al respecto, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) explicó que los recursos de dichos fondos no pertenecen al Gobierno Nacional, ya que son aportes que por ley hacen los agricultores de cada sector para que esos recursos sean retribuidos en obras o acciones que beneficien a cada sector productivo.

La cuestión es que la Ley 101 de 1993, conocida como Ley General de Desarrollo Agropecuario, estableció las contribuciones agropecuarias y de allí se creo la normativa para cada fondo, la cual define exclusivamente en qué situaciones y para qué acciones se pueden gastar los recursos de cada ahorro.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, señaló que, sin duda, hay preocupación sobre la certeza de legalidad de la resolución, en cuanto al direccionamiento de la inversión de recursos parafiscales, ya que solo le corresponde a las leyes determinar el destino de la inversión, por lo que cualquier modificación debería pasar por el Congreso.

“Las leyes que crearon los fondos parafiscales definen con precisión en qué se pueden invertir sus recursos, y mal hace el Gobierno en expedir una resolución que puede ir más allá de lo que definen las leyes”, sostuvo el líder gremial.

Se estima que unos 13 sectores agrícolas cuentan con fondos parafiscales entre los que están la ganadería, la papa, la panela, el arroz, el café, la palma, las frutas, el cacao, el pollo y los huevos, el algodón y la porcicultura. Se estima que el gremio cafetero hizo un aporte de $78 millones de dólares (unos $304.200 millones colombianos) el año pasado a ese fondo.

La molestia de los productores está en que, al parecer, el Gobierno buscaría cambiar las reglas de juego con la nueva resolución. “Una jugadita”, señaló un productor.

José Félix Laufarie, presidente de Fedegán, aseguró que en el caso de la ganadería, la ley no contiene entre sus rubros que ese dinero se pueda invertir en obras de infraestructura.

“La esencia nuestra es atender al pequeño productor, además hay que atenderlo de acuerdo a las reglas de juego, no se trata de identificar a dedo a quién sí y a quién no, sino un juego claro, abierto y limpio, no sé para dónde van y cuál es la intención del Gobierno, los fondos parafiscales tienen un marco legal y una ley propia, vamos a ver en qué termina esto”, dijo el líder gremial.

Esto porque la resolución expedida por el Ministerio de Agricultura es muy clara en indicar que los beneficiarios serían pequeños y medianos productores.

Algunos gremios consultados expresaron su inquietud de que la administración de Gustavo Petro esté buscando beneficiar con ese capital a sectores afines a su horizonte político. Un temor que no sería nuevo, ya que en marzo de este año, EL COLOMBIANO publicó el artículo: “Cafeteros sospechan que Petro les está dando subsidios solo a sus departamentos amigos”. En ese texto se explicó que los subsidios del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia) no estaban siendo priorizados a las regiones más cafeteras, como sería lo ideal, sino que guardaban más relación con los departamentos y regiones que más apoyaron a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, es decir, donde cuenta con mayor capital político.

Entérese: Oxxo llegó a Medellín y espera abrir al menos 20 tiendas

Y ese no es el único temor que acecha a los gremios. La ley de los fondos parafiscales indica que cada fondo es administrado por el gremio más representativo de cada actividad económica, lo que quiere decir que si se constituye otro grupo con un respaldo popular de los productores, pues entraría a competir por el manejo de los recursos.

En definitiva, esa última inquietud tiene mas asidero para la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), ya que el Gobierno ha cuestionado en repetidas ocasiones su manejo sobre el Fondo Nacional del Café, incluso, la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, cuestionó la solidez financiera del gremio cafetero.

Además, en los primeros días de abril de este año, la cartera de Agricultura organizó una Asamblea Cafetera, en Bogotá, donde no invitó a la FNC, lo que el mismo gremio interpretó como una amenaza a la institucionalidad cafetera de la Federación. Otros analistas y columnistas hablaron de que Petro buscaba construir otra grupo cafetero para atribuirle el manejo del Fondo. Algo importante, pues en la junta directiva de los fondos parafiscales tienen asiento el Gobierno y el gremio administrador de los recursos.

Germán Bahamón, gerente de la FNC, anotó que también tiene sus preocupaciones sobre la resolución, además porque aseguró que no surtió el proceso de apertura a comentarios de la ciudadanía.

La SAC, por su parte, fue clara en que buscará todo los caminos jurídicos para comprobar la legalidad de la resolución. “Si esa medida va en contra de lo que aprobó el Congreso en la ley que dio vida a los fondos, entonces los entes judiciales determinarán tumbarla”, dijo Jorge Bedoya.

Lo cierto es que la primera medida de los gremios será tratar de dialogar con el Ministerio, luego, si no hay una concertación, tomarán acciones legales.