Gobierno dice que viene crisis fiscal, pero hay plata sin ejecutar y gastos de funcionamiento han crecido, ¿qué se debe recortar?

Luego de que el Gobierno perdiera el pulso en el Congreso y fuera hundida la segunda reforma tributaria, al Presupuesto General de la Nación de 2025, que se debe expedir a más tardar este próximo 30 de diciembre, le hacen falta casi $12 billones al monto anunciado.

De acuerdo con el director de Planeación Nacional, Alexander López, “con esta decisión le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país. Hemos honrado decisiones que tomaron gobiernos anteriores, de una manera responsable hemos honrado las deudas, como las irresponsables que nos dejó Iván Duque. Aquí lo que se afecta es el presupuesto de inversión, que finalmente lleva a que cerca de 26 de 31 sectores no vayan a tener presupuesto de inversión en el país”.

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Por su parte, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo que el Congreso negó las posibilidades de inversión y del desarrollo de proyectos regionales.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos de la oposición, hecho específicamente por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, es que se pretendiera un recaudo de $12 billones, cuando hay $92 billones del presupuesto (2024) por ejecutar.

Uribe señaló que “el gasto en funcionamiento y burocracia ha venido creciendo, mientras se reduce la inversión (...) El Gobierno en dos años aumentó el gasto de funcionamiento en $100 billones, lo que representa un aumento de 20%”

¿Y la política de austeridad del Gobierno?

Desde la óptica del concejal y economista Daniel Briceño, primero se debió tener una política de austeridad antes de una nueva reforma tributaria.

“Hay varios gastos que no son esenciales dentro del Estado, y que hoy le generan un gran detrimento, pero sobre todo un gran gasto de funcionamiento que podrían revisarse. Estos suman en estos dos años $14 billones y pueden llegar a sumar unos $30 billones al terminar el cuatrienio del presidente Gustavo Petro”, señaló Briceño.

Argumentó que, actualmente, hay $5,4 billones contratados por la Unidad Nacional de Protección en esquemas de seguridad, de los cuales $3,4 billones son en escoltas; $1,8 billones son en alquiler de camionetas blindadas y convencionales, y $75.000 millones en combustibles para este tipo de vehículos.

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Según el concejal, también hay $1,2 billones que están gastando todas las entidades en eventos y logística. “Creemos que ahí se puede hacer un esfuerzo para comenzar a ahorrar recursos (...) También están los $145.000 millones que se están gastando en pauta, y hay unos recursos que están quietos, que no han tenido una mayor ejecución, que son los $1,8 billones del Ministerio de la Igualdad, los cuales creemos que el gobierno debe comenzar a castigar a aquellas entidades que no han ejecutado y no han generado resultados para poder dirigir esos recursos a entidades que sí lo hacen”, indicó.

Por su parte, Rémi Stellian, profesor de Administración de la Universidad Javeriana, consideró que se trataría de un problema de gestión de las finanzas públicas.

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“Si los gastos públicos aumentan, esto debería reflejarse en prioridad en los gastos de inversión. Luego, mayores gastos de inversión implica mayores gastos de funcionamiento para el monitoreo de estos; sin embargo, este escenario no es lo que se observa, lamentablemente. Más bien, hay una cierta desconexión entre gastos de funcionamiento que crecen sin acompañarse de un mayor gasto de inversión. Eso es preocupante”, puntualizó.

José Manuel Restrepo Agregó que “de paso y con un gasto desbordado en burocracia y funcionamiento (derroche) que crece en promedio al 20% anual entre 2023 y 2025, un crecimiento en un 156% de los contratos de honorarios en burocracia y corbatas (OPS) en sus primeros dos años, la incapacidad para cumplir metas de recaudo de ingresos tributarios, una reforma tributaria que se sabía iba a ser declarada inexequible, y tanta incertidumbre económica que ha elevado el riesgo y costo país, pues el resultado es problemas severos de caja, no solo de deuda”.