La SIC multó al cartel del azúcar
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a 14 empresas y a Asocaña por obstruir importaciones de azúcar.
Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.
Un gremio, 14 empresas e igual número de directivos del sector azucarero fueron sancionados, en primera instancia, por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al encontrar que incurrieron en acuerdos anticompetitivos, para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
La Resolución 80.847, expedida ayer, fijó multas a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) por 30.445 millones de pesos, así como a Ciamsa (36.470 millones de pesos) y a Desarrollos Industriales y Comerciales (Dicsa, hoy en liquidación) por 900 millones de pesos.
Entre los ingenios multados figuran: Riopaila Castilla (40.157 millones de pesos), Incauca (49.059 millones de pesos), Manuelita (32.854 millones de pesos), Providencia (35.399 millones de pesos), Mayagüez (28.732 millones de pesos), La Cabaña (18.419 millones de pesos), Pichichi (13.399 millones de pesos), Risaralda (16.687 millones de pesos), Sancarlos (5.361 millones de pesos), Carmelita (7.492 millones de pesos), María Luisa (2.223 millones de pesos) y Central Tumaco en liquidación (1.794 millones de pesos).
Igualmente, fueron multados los empresarios: Luis Fernando Londoño Capurro (61,8 millones de pesos), Clemente Carlos Mira Velásquez (91,4 millones de pesos), Harold Antonio Cerón Rodríguez (120,4 millones de pesos), Juan José Lülle Suárez (275,7 millones de pesos), Adolfo León Vélez Vélez (409,1 millones de pesos), Rodrigo Belalcázar Hernández (60,5 millones de pesos) y Gonzalo Ortiz Aristizábal (875 millones de pesos).
También se impusieron multas para Mauricio Iragorri Rizo (492,9 millones de pesos, Juan Cristóbal Romero Renjifo (51,5 millones de pesos), Andrés Rebolledo Cobo (98,5 millones de pesos), César Augusto Arango Isaza (998 millones de pesos), Carlos Alberto Martínez Cruz (210 millones de pesos), Jaime Vargas López (206,8 millones de pesos) y Santiago Salcedo Borrero (1.089 millones de pesos).
Según la SIC, los investigados, adelantaron negociaciones con ingenios bolivianos a fin de controlar sus excedentes y procurar que estos no exportaran “ni un grano de azúcar a Colombia”, y así evitar que los mayoristas y comerciantes colombianos accedieran al producto a través de importaciones y a menores precios.