A la transición energética de Petro se le atraviesa el Plan

A la ya demorada transición energética de Colombia, le aparece un nuevo inconveniente. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, aprobado en primer debate por el Congreso de la República, frenaría el desarrollo de los proyectos eólicos y solares en el país.

De acuerdo al contenido del Plan, en su artículo 188 se busca adicionar un parágrafo al artículo 54 de la Ley 143 de 1994, para incrementar las contribuciones por concepto de transferencias del 1% al 6% “de las ventas brutas de energía eléctrica por generación propia”.

Así mismo, el aumento de la contribución se aplicaría de forma gradual una vez entre en vigencia el Plan y quedaría así: en el segundo año subirá al 3%, en el tercero al 4%, en el cuarto al 5% y en el quinto al 6%.

Cabe recordar que este impuesto del 1% en transferencia fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo del entonces presidente Iván Duque, para incentivar a las comunidades en las zonas donde se desarrollan estos complejos renovables.

Para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el incremento en el porcentaje de la transferencia es necesaria porque las comunidades, en particular las de los departamentos de Cesar y La Guajira, una vez pase la producción carbonífera deben disponer de una fuente de recursos que ya no tendrán con el mineral.

De igual manera, la ministra indicó que el incremento para este impuesto a las empresas que desarrollan los proyectos renovables “está direccionado a las zonas con mayor y mejores recursos solares y de vientos, porque ahí las compañías obtienen más ganancias, entonces están en capacidad de tributar más”.

Desincentivo a los proyectos

El incremento propuesto llama la atención si se tiene en cuenta que una de las banderas del gobierno Petro que es la Transición Energética Justa, se vería afectada por es tributo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que para voceros del sector y analistas consultados por EL COLOMBIANO desincentivaría el desarrollo de proyectos para la generación eléctrica renovable que están en diseño o en ejecución.

“Preocupa ya que al incrementarse este impuesto impactaría la viabilidad financiera de las iniciativas renovables, incrementaría el precio de la energía para los usuarios finales y los incentivos económicos por la pronta entrada de los complejos eólicos y solares ya no serían tan representativos”, señaló Alexandra Hernández, directora de la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia).

La líder gremial recalcó que tampoco tiene sentido que el artículo aprobado por el Legislativo en primer debate para aumentar el impuesto se justifique con el fin de incentivar la entrada rápida de proyectos (antes de los dos años) especialmente en La Guajira donde se registran importantes retrasos.

“Tampoco está claro cómo se vigilará el uso de esos recursos, sobre todo porque 40% de ellos se destinará a los gobiernos locales en departamentos como La Guajira, con los tristes antecedentes de corrupción que todos conocemos”, indicó Hernández.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), afirmó que la meta de llegar al 25% de penetración de estas tecnologías a la matriz está en juego con el incremento porcentual en la transferencia.

“Señales orientadas al aumento de la tributación de las empresas para las energías renovables (solar, eólica e hidroelectricidad), así como los problemas no resueltos que retrasan la entrada en operación de proyectos, van en contravía de los objetivos de la transición energética, que son un derrotero de política pública del actual gobierno”, señaló la líder gremial.

También recalcó, que el incremento afecta la confiabilidad del suministro de electricidad en el futuro cercano, dado que los balances de energía evidencian la necesidad de que los proyectos en desarrollo se culminen, de manera que los mismos puedan entregar energía que se requiere para atender la creciente demanda eléctrica nacional. “Si las condiciones para el inversionista cambian, los proyectos en curso podrían tornarse inviables”, advirtió.

Plantas asignadas, las afectadas

El incremento de la transferencia de las ventas brutas de energía de plantas eólicas y solares no afectaría en gran medida a los proyectos nuevos, ya que estos ajustarían los costos financieros al momento de su estructuración para que el usuario final asuma ese aumento.

“Si hacer proyectos renovables en Colombia por cuenta de la estructura tributaria lleva a aumentar la carga impositiva, entonces el precio de la energía que generan estos proyectos también será alto, y se traducirá en un mayor costo que deberán pagar los consumidores porque es la manera en que los inversionistas recuperan su capital”, explicó Liliana Alemán, consultora y experta del sector eléctrico.

La analista indicó además que los proyectos más afectados serían los que participaron y recibieron asignación en las subastas de contratos de largo plazo, en particular los eólicos de La Guajira, que además de enfrentar todas las dificultades sociales y de seguridad para su montaje, y de tener una estructura legal y financiera trazada para el desarrollo de las iniciativas, ahora con el incremento en el porcentaje de la transferencia, “se les alteraría todo el plan de costos operacionales, ya que el precio que ofertaron en ese momento de la subasta era atractivo para la empresa y competitivo para el usuario”.

La analista agregó que para los proyectos solares que ya están en operación, de aprobarse el incremento porcentual de la transferencia, se presentaría un aumento del 5% en el precio de la energía, que podría ser entre $10 a $12 por kilovatio hora (kwh).

Cuantificación en los impactos

Para las empresas con proyectos eólicos o solares, el incremento en el porcentaje de la transferencia (según el Plan), sumado a la tasa de tributación mínima de la reforma tributaria, quitan los beneficios establecidos en la Ley 1715 que incentiva el desarrollo de energías renovables.

“Con los dos se borra cerca del 75% de los incentivos que tenían estos desarrollos renovables con la Ley. Es decir, lo que se estimula por un lado, se elimina por el otro, lo cual refleja una inconsistencia”, señaló Ricardo Sierra, líder de Celsia.

Agregó que también se dificulta el cierre financiero de las iniciativas, así como la importación de insumos por la tasa de cambio.