Corte aclaró cómo se debe cobrar el impuesto al plástico de un solo uso, y el gremio dice que muchas empresas se quebrarían

La Corte Constitucional tomó en la mañana de este jueves una decisión importante sobre los impuestos al plástico de un solo uso, que desde su establecimiento en diciembre del año pasado se ha prestado para muchas confusiones. Tanto fabricantes como importadores y comercializadores, tenían dudas con respecto a quién era el que tenía que pagarlo, pues la Corte zanjó el asunto y puso la responsabilidad en cabeza del fabricante.

La historia es así: el 13 de diciembre de 2022 fue promulgada la reforma tributaria Ley 2277, que creó, en los artículos 50-53, el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Este se planteó como un impuesto ambiental, con el propósito de incentivar soluciones sostenibles para los plásticos.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el próximo año deberían ingresar a las arcas de la Nación $250.000 millones por este concepto.

Hoy, la Corte Constitucional se pronunció en la materia, declarándolo exequible y precisando que el sujeto pasivo y responsable del impuesto es el fabricante e importador del envase, empaque o embalaje plástico de un solo uso.

Además, el Alto Tribunal señalo que “esta norma representa un avance importante en el esfuerzo por salvaguardar el medio ambiente y la salud, bienes estos constitucionalmente protegidos que se han visto severamente afectados con la masiva proliferación de plásticos de un solo uso”.

Aunque la decisión sienta claridades, no deja a todos contentos. Por ejemplo, Acoplásticos, la asociación que representa a estas industrias en Colombia, expresó su preocupación.

Según Daniel Mitchell, presidente del gremio, “tenemos tres grandes problemas. Primero, la decisión o aclaración llega 11 meses después de que entró en vigencia el impuesto, con lo cual el impacto de la confusión de estos 11 meses va a ser muy complejo de asumir para las empresas; segundo, con esta decisión, un producto importado que esté empacado o envasado en plástico no paga el impuesto, pero el mismo producto fabricado en Colombia sí; y tercero, las exportaciones podrían pagar el impuesto, lo cual haría inviable su competitividad en los mercados internacionales donde se enfrentan con bienes que no cargan con este tributo.”

El principal problema radica en que, como no había claridades, el sector entendió que eran las empresas usuarias de los empaques las que tenían que pagarlo, por ejemplo Coca-Cola, Postobón, Colanta, etc.; pero luego, frente a los conceptos de la Dian, pasaron a cobrarlo las empresas fabricantes de envases, empaques y embalajes plásticos.

Sin embargo, más adelante, hacia septiembre, el Consejo de Estado suspendió los conceptos de la Dian, con lo cual, nuevamente los usuarios de empaques y envases fueron los sujetos pasivos. Y ahora, con la definición de la Corte, esa responsabilidad pasa, otra vez, a los fabricantes de los productos plásticos.

Así las cosas, y ante esta incertidumbre, las empresas que hoy indica la Corte que son sujetos pasivos y responsables del impuesto no cobraron el mismo por varios meses, actuando de buena fe, y acogiéndose a lo establecido en la ley y en la orden del Consejo de Estado.

En consecuencia, la mayoría de las empresas no cuentan con la respectiva provisión para su pago, el cual está previsto para el próximo año. Es decir, según el gremio, existe un riesgo grande de que, cuando llegue la fecha de pago, las empresas no tengan la provisión necesaria y esto se traduzca en quiebra de negocios y despidos en la industria.

A esta difícil situación se suma que, a la fecha, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha reglamentado la certificación de economía circular, con la cual no se causa el impuesto, que, según la ley, ha debido ser expedida a más tardar el 14 de junio de este año.

Según Mitchell, “lo más urgente en este momento es que el Ministerio de Hacienda aplace el pago del impuesto y procure corregir las desventajas que este representa contra la industria nacional en las exportaciones e importaciones, y que el Ministerio de Ambiente reglamente y aplique la Certificación de Economía Circular”.

De acuerdo con Acoplásticos el valor de este impuesto equivale a cerca del 20% del precio final del producto plástico, lo cual es alto e impactará fuertemente el bolsillo de los colombianos. Además, dada la magnitud de la tarifa del impuesto, la consecuencia de toda esta situación sobre la inflación y sobre las empresas y el empleo de la industria puede ser alta.

Es de tener en cuenta que en el sector son más de 1.000 empresas fabricantes, y solo en empaques y envases generan cerca de 120.000 empleos.