Planes complementarios y prepagada serían impagables

Las empresas y los gremios del sector están preocupados, no solo porque producto de la reforma a la salud existe la posibilidad latente de que desaparezcan las Empresas Promotoras de Salud, EPS, sino también de que lo hagan otros servicios que están atadas a ellas.

Se trata de la medicina prepagada y de los planes complementarios de salud, que permiten a sus afiliados tener servicios adicionales al Plan de Beneficios tradicional.

Según cálculos de los gremios de las EPS y de Fasecolda (el de las aseguradoras), en Colombia 4,7 millones de personas contratan algún tipo de plan voluntario de salud, pero muchos no podrán pagarlos si se acaban las EPS, pues se pondrían mucho más costosos.

Paula Acosta, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió que, particularmente, la eliminación de estas figuras no solo ralentizará el acceso a los sistemas de salud básicos a los ciudadanos, sino que prevé que los gastos para las familias se incrementen, así como las tarifas de medicina prepagada.

“Por la falta de coordinación de planes consolidados en el sistema actual quedarían sin bases para funcionar. Dejan de existir los planes complementarios en los que hay más de un millón de usuarios, y es previsible que la medicina prepagada suba de precio, ya que no habrá coordinación entre estos planes y el sistema público de salud”, afirmó Acosta.

Esto significaría un incremento de precios por la logística de atención al paciente adscrito a un sistema oficial, pero con las necesidades de un plan adicional.

Además, en caso de que se acaben las EPS, muchas familias y personas quedarían desamparadas en salud, por lo que recurrirían a un sistema prepagado, lo que haría que la demanda aumente y los precios de estos servicios suban.

Desde el Gobierno no hay alguna consideración con los usuarios de los planes voluntarios, la reforma dice: “Las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios, bajo las reglas y normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen. Los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Salud, al cual tienen derecho”.

Mejor dicho, que quien quiera pagar pague por el servicio que la aseguradora pueda ofrecerle, pero al margen del sistema público que va a empezar a operar poco a poco.

Incentivo a la informalidad

De otro lado, si no existe diferencia entre pagar la cotización al sistema de salud y no hacerlo, porque de igual forma se recibirá la atención por parte del Estado, no habría incentivo para la formalización.

La reforma trata de zanjar este tema cuando habla de la “obligatoriedad de los aportes” que indica que “los aportes al Sistema de Salud son obligatorios para todos los trabajadores, empleadores, pensionados y rentistas de capital a excepción de lo establecido en la presente ley”, pero ¿dónde quedan los independientes? Los independientes, al igual que los contratistas, aparecen más adelante cuando habla de los aportantes del sistema, pero ya no tienen la carga de obligatoriedad. “Todo contrato laboral incluirá los costos de la cotización”, se lee en el texto de la reforma.

Luis Hernán Sánchez, presidente ejecutivo de Aesa, el gremio de los hospitales públicos de Antioquia, explicó que esta reforma podría convertirse en un incentivo perverso para la informalidad: “¿Qué necesidad tendría un independiente de afiliarse al sistema de salud y pagar sus aportes, si finalmente va a recibir el mismo servicio que será universal? El pago lo harían únicamente los empleados vinculados formalmente a una empresa”, expresó.

En ese mismo sentido, habló de las dificultades que atravesarían las aseguradoras para sostener servicios adicionales como los planes complementarios, pues perderían esa calidad de “complementarios” porque los servicios de base no serían atendidos por ellos