Reforma a la salud dejaría sin recursos al sector en 6 meses

La sola construcción de 680 Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) en municipios que no cuentan siquiera con un centro de salud costaría alrededor de $50 billones, es decir más de dos reformas tributarias.

De este modo, Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), ejemplifica el elevado costo de implementar la reforma a la salud que radicó esta semana en el Congreso la ministra de Salud, Carolina Corcho.

“Esta no es una reforma. Es arrasar el sistema y arrancar de cero”, expresó Campillo, representante de la entidad dedicada a la protección de los derechos de los usuarios en salud.

Además, en uno de los anexos del proyecto se señaló que se fortalecerá el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de Empresas Sociales del Estado de carácter nacional, de alta complejidad e impacto, estratégicas para el tratamiento de enfermedades que requieren de una atención altamente especializada, con tecnología médica de avanzada.

Para esta tarea se contemplan inversiones por $11,3 billones entre 2023 y 2026, mientras que el artículo 32 de la iniciativa menciona la estructuración de un Plan Nacional de Equipamiento en Salud, que se actualizaría entre 5 y 10 años, el cual se financiará con los recursos de una cuenta, pero sin fijarse el monto (ver gráfico).

Otro ejemplo de cómo se aumentarán los gastos del sector salud tiene que ver con la diferenciación del valor actual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) planteada en la reforma. En este punto la intención es igualar los dos regímenes de salud, contributivo y subsidiado, y unificar el valor de la UPC, lo que demandaría otros $26 billones.

“Y no se están contando los planteamientos de los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales (Emit) que van a ir a las casas, unos 20.000, para darle cobertura a las regiones dispersas. Entonces, ¿cuánto cuesta un equipo de diez profesionales o técnicos de la salud?”, añadió Campillo, aunque vale insistir en que esta figura mencionada en diversos espacios por el presidente Gustavo Petro y la ministra Corcho no aparece en el proyecto, pero se incluye la Entidad de Salud del Estado Itinerante (Hospital Itinerante), para zonas dispersas.

Recursos finitos

El texto del proyecto de ley señala que el promedio de gasto en salud de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) fue 12,5 puntos porcentuales del PIB y el de América Latina y el Caribe es de 8,0%.

También señala que las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) pasaron en Colombia de 4,7% del PIB en 2018 a 5,4% en 2023 (año de partida de la reforma) y ascenderían 5,7% en 2026, año de finalización del gobierno actual.

Según esa cuenta, el gasto en salud en el país es de $63,5 billones al año cuando debería estar en $147,1 billones para estar en el nivel Ocde o en $94,1 billones para estar en el rango latinoamericano. No obstante, Campillo y otros expertos de la salud insisten en que el sector tiene, como mínimo, un déficit anual de 1 punto del PIB ($11,7 billones), lo que equivale a decir que el gasto debería estar al menos en más de $74,5 billones.

Pero, con la idea de esta reforma el gasto no se conoce y se vuelve indefinido y con “la inducción de una demanda desorganizada del sistema, podríamos estar agotando el recurso disponible en cinco o seis meses. ¿Y después qué?”, alertó Campillo.

Desde el Ministerio de Hacienda se indicó que actualmente el impacto financiero de esta reforma está en estudio, aunque hay quienes afirman que existen documentos que demuestran que ese impacto sería cero.

El personal

En los anexos del proyecto de reforma a la salud también se incluyó un análisis a la contratación en las 928 Empresas Sociales del Estado que mostró que el 27% de los trabajadores misionales y administrativos se encuentran formalizados (47.243), mientras que el 73% están vinculados por prestación de servicios (128.643).

“Dado que la formalización laboral en todas las instituciones públicas es ya una decisión de gobierno para 2023, se debe incluir en el presupuesto de este año y siguientes, los costos de la formalización”, se lee en el documento, según el cual se destinarán $9 billones para adelantar esa formalización, entre 2023 y 2026.

Pero Campillo advirtió: “Un especialista, que en nuestro medio es escaso, no se va a contratar con un hospital público para que le paguen $5 millones y en adelante, como empleado público, no pueda contratar con nadie más”.

Adicionalmente, la apuesta del Gobierno es ejecutar un Plan Nacional de Formación de Talento Humano en Salud que abarca la formación de 5.000 promotores de salud durante el 2023, con recursos del Estado que se proyectan en $15.000 millones, y la realización de un diplomado en Salud Pública y Atención Primaria en Salud que costaría $4.500 millones.

La estrategia de formación la complementa un esquema de incentivos para las instituciones de educación superior que establezcan formación adecuada a las necesidades de la salud ($22.650 millones entre 2023 y 2026), la creación de 4.000 nuevas plazas para el servicio social obligatorio ($250.275 millones por año) y un programa de becas-crédito para formación posgradual en Atención Primaria en Salud profesiones no médicas ($245.922 millones entre 2023 y 2026).

Soporte tecnológico

Desde la óptica del Ministerio de Salud, el nuevo modelo tendrá que desarrollar un sistema de información único, público, transparente, disponible en línea, usando los últimos recursos tecnológicos.

Se anticipa entonces que “el elemento principal de este sistema deberá ser la historia clínica única”, para lo que se requiere consolidar datos e información, y unos esquemas de interoperación, análisis, aseguramiento de los datos, entre otros aspectos que demandarían $73.000 millones al año.

Adicionalmente, la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) que asumiría la función de pagador único requerirá conformar siete regionales que contratarían una red y tendrían la asignación presupuestal para ordenar el giro por servicios de mediana y alta complejidad, y 33 oficinas departamentales.

En una propuesta conservadora este montaje requeriría inversiones por $1,01 billones, aunque el proyecto de reforma contempla un segundo escenario con recursos de $3,07 billones.