Colombia está bajo la lupa de Fitch por las reformas y el gasto del gobierno

Richard Francis, senior director, co-encargado de soberanos para las Américas de Fitch, señaló este martes que si pasa alguna de las reformas presentadas por el gobierno (laboral, pensional y a la salud) la calificadora entrará a revisar cuál sería su impacto en las finanzas de la Nación.

Fitch es una de las tres grandes calificadoras que les pone nota crediticia a las empresas y a los países y, tal como ocurre con las personas, mientras mejor sea la puntuación, menos intereses le cobran al momento de tomar créditos.

Recientemente, la firma le había confirmado a Colombia una nota de BB+ (grado de no inversión especulativo) con perspectiva estable, pero a la luz de todas las coyunturas que atraviesa el país la valoración podría cambiar y deteriorarse.

Frente a las reformas, Francis apuntó que las de salud y pensiones implicarían más gastos, coincidiendo con las observaciones que Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) han hecho frente a estos proyectos. Este último, por ejemplo, indicó que el gobierno no detalló cuál sería el costo exacto de estas reformas ni cuáles serán las fuentes para financiarlo.

Lo cierto es que el experto comentó que “en este momento no está claro si el gobierno podrá aprobar alguna de estas reformas. Veremos cómo se mantiene su popularidad”.

En lo que sí se detuvo nuevamente fue en el tema del gasto público, dado que uno de los riesgos de la consolidación fiscal tiene que ver con las metas de recaudo que se tienen planteadas para la Dian y si se podrán cumplir. Aquí vale mencionar que, al presentar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024, el Ministerio de Hacienda indicó que el 63% de los recursos para fondearlo serían corrientes y provendrían de la mencionada entidad con base en mecanismos para combatir la evasión de impuestos.

Frente a ello, Andrés Velasco, director del Carf, expuso que ese mayor gasto se está apoyando en ingresos que no son permanentes y que además calificó como inciertos. Esos ingresos no tan firmes son los que se canalizarían con el llamado arbitramento de litigios, que totalizan unos $30 billones (dineros que la Dian recogería al ganar pleitos jurídicos o al llegar a acuerdos de pago con deudores).

En cuanto a la deuda soberana, Francis prevé que caiga gradualmente y se estabilice en 55% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), unos $805 billones.

Con este panorama, y en línea con el mercado, Fitch espera que el crecimiento económico se desacelere a 1,5% en 2023, desde el PIB de 7,3% en 2022, explicado por un endurecimiento monetario y un ajuste fiscal, incluida la reducción del subsidio a los combustibles.

De igual forma, se espera un crecimiento de a penas 1,2% en 2024, “dado el impacto rezagado de la política monetaria restrictiva que pesará sobre la demanda interna y un crecimiento global más débil que también afectará negativamente a las exportaciones y los precios del petróleo”.

“Creemos que la incertidumbre política probablemente pesará sobre la inversión en los próximos dos años. Esperamos que el crecimiento alcance 2,8% en 2025, ligeramente por debajo de nuestra evaluación del potencial, gracias a los recortes de tipos y al repunte del crecimiento global”, dijo la firma.