Medellín

Lote en Las Palmas, el centro de un pleito por el que Colombia tendría que pagar más de $1 billón

Un tribunal de arbitramento internacional tendría listo un laudo condenatorio que sería anunciado en los próximos días acerca del terreno del proyecto inmobiliario Meritage.

18 de marzo de 2024

Aunque no se ha dado a conocer oficialmente el laudo arbitral al respecto, sería inminente que Colombia sea condenada a pagar el equivalente a más de un billón de pesos por un proceso de extinción de dominio de un predio en el Valle de Aburrá.

En un informe que publicó este lunes en la emisora La W, el periodista Daniel Coronell, reveló que el caso está relacionado con el litigio que tiene el Estado con quienes fueran los propietarios del megalote ubicado en el municipio de Envigado, y donde se comenzó a desarrollar el proyecto inmobiliario de lujo Meritage, el cual es tan inmenso que se dice que cabrían hasta tres centros comerciales del tamaño de El Tesoro.

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Son en total 56 hectáreas donde está planeado tener no solo locales comerciales sino apartasuites y casas campestres. Sin embargo, la construcción se paralizó en agosto de 2016 ante el problema legal.

El proceso se cumple ante un tribunal internacional de arbitramento, en Estados Unidos, y según Coronell, basado en fuentes diversas, entre ellas algunas de la propia Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ADJE), habría un fallo adverso, siendo esta la mayor condena económica en toda la historia del país.

Las pretensiones de los denunciantes, entre los cuales hay un norteamericano y varios colombianos, alcanzan la cifra de 310 millones de dólares, es decir que al cambio de hoy serían algo así como 1,2 billones de pesos.

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Detrás de todo hay un proceso de extinción de dominio de bienes que, de acuerdo con el expediente que abrió la Fiscalía, presumiblemente serían de la mafia. Concretamente, el propietario habría sido el presunto narcotraficante Iván López Vanegas, quien ha sido señalado como parte de la Oficina y que fue absuelto en un caso por narcotráfico en Estados Unidos. Y allí es donde surge el problema actual, porque Colombia no habría podido demostrar hasta ahora de manera contundente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés, con sede en Washington) que ese fue el origen del lote ni los vínculos de López con la organización delincuencial.

Superada la etapa en la que las partes presentaron sus pruebas para validar sus posturas, el caso se cerró el pasado 8 de marzo y posteriormente el ICSID le pidió hace apenas unos días a la Agencia de Defensa Jurídica el nombre de su titular, presumiblemente para el envío del fallo. Aquí vale la pena recordar que ese cargo está en interinidad desde la salida de Martha Lucía Zamora por diferencias con el presidente Gustavo Petro.

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De acuerdo con el informe de Coronell, los abogados de esta agencia dan casi que por hecho que se trata de una sentencia desfavorable para los intereses que defienden. Si así fuera, solo cabrían dos posibilidades: La primera es invocar un recurso de reposición, algo que de entrada cuesta 2,5 millones de dólares solo para que se considere la petición.

La segunda es un recurso de anulación bajo el argumento de que no se consideraron pruebas aportadas por Colombia y de que además cuentan con evidencias, como grabaciones, de que otro presunto mafioso, Javier García alias Maracuyá, estaría detrás de la financiación de este pleito contra Colombia.

El colofón del asunto o como quien dice la “tapa” es que existe la posibilidad de que el tribunal condene además al Estado al pago de las costas en que han incurrido los demandantes, algo que aunque mínimo comparado con la condena principal, se tasa igualmente en varios millones de dólares por el prestigio y costo los servicios de las firmas que han llevado el proceso por ambas partes.

La historia de este caso ha sido complicada. El argumento de los demandantes es que antes de iniciar el proyecto del Meritage, Corficolombiana, Colpatria y el Banco de Bogotá hicieron la debida diligencia para verificar que el predio no tuviera problemas, y para sustentarlo mostraron evidencias como el estudio que le hicieron al certificado de tradición y libertad en el que no hallaron indicios de un origen indebido. Luego, en septiembre de 2013, abogados del Grupo Aval hicieron un derecho de petición a la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, que también salió limpio.

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Sustentados en esos hallazgos, en 2013 los promotores negociaron el lote por 32.000 millones de pesos con la firma Palma Argentina. Solo que la versión de López Vanegas, quien niega que haya comprado el predio con dinero proveniente de las drogas, es que no lo vendió sino que fue despojado de él. Según dijo en 2014 y reiteró posteriormente, desde 2004 habría sido intimidado por miembros de “la Oficina” y que en febrero de 2015 lo obligaron a hacer el traspaso de la propiedad de la finca ubicada en la vereda El Perico, de Envigado. También de acuerdo con el relato de López habrían secuestrado a su hijo y lo obligaron a él a firmar un documento en blanco para liberarlo.

De acuerdo con Coronell, antes de llegar a manos de los empresarios que gestionaron el proyecto del Meritage, hay varias personas que no podrían acreditar cómo habrían conseguido los recursos para adquirir el terreno y también figura el reconocido narco-paramilitar Héctor Restrepo Santamaría alias ‘Perra Loca’.

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La versión que han dado los representantes de Meritage en el proceso es que son “tenedores de buena fe”. Además, adujeron que en 2014 López les pidió $2.000 millones para dejar que avanzaran con su proyecto y después elevó la suma a $60.000 millones “para no enredar el caso”. Así mismo, han alegado que la extinción de dominio sobre el lote ubicado a solo cinco minutos del peaje de Las Palmas ha habido corrupción interna en la Fiscalía y manifestaron su extrañeza porque, en cambio, otros predios de López no fueron afectados. En ese entendido, califican las medidas cautelares iniciales contra el terreno y la posterior extinción de dominio como una “expropiación indirecta”, por lo cual han invocado incluso que Colombia ha violado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

EL COLOMBIANO buscó la versión oficial de la Agencia de Defensa Jurídica, pero hasta ahora no se ha pronunciado.