Firma amiga de Petro ahora reclama $26.700 millones por cuestionado contrato con Emvarias
Themac, la empresa propiedad de gente cercana al Presidente, le está pidiendo a Emvarias $26.000 millones por haber echado para atrás el contrato de cargue lateral.
Administrador sin ejercicio y periodista sin sección
Themac, la empresa de los españoles amigos del presidente Petro que hizo hasta lo imposible por quedarse con los $199.600 millones del contrato de cargue lateral que la administración de Quintero se empeñó en entregar a pesar de las críticas y advertencias sobre su inviabilidad, le está ahora reclamando a la empresa $26.000 millones por echar para atrás un acuerdo que estaba casi listo.
Este es otro caso que pondría de manifiesto una amenaza a la que se enfrenta la actual administración de la ciudad: el pago por demandas y reclamaciones contra el distrito que se dispararon en la pasada administración: entre 2020 y 2023 las demandas contra la ciudad aumentaron un 140% en comparación con el cuatrienio anterior (2016-2019), y el valor de las pretensiones económicas de las mismas se subió un 138%, llegando a $8,7 billones, que es más que el presupuesto anual que tiene la ciudad para funcionar.
Un poco de contexto sobre el caso en cuestión: el pasado 10 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente de EPM, John Maya, anunciaron que el cuestionado acuerdo que la administración de Quintero y Themac habían hecho ya no iba pues además de los cuestionamientos sobre la viabilidad del proyecto, la empresa no había cumplido con algunos compromisos que eran determinantes para estamparle la firma al contrato y dejarlo en firme.
Todo el cuento entre Emvarias y Themac comienza en el 2022 cuando el entonces gerente de Emvarias, Carlos Borja, fue a la junta directiva a pedir $135.383 millones de vigencias futuras excepcionales para contratar una serie de vehículos que, a diferencia de los carros actuales que recogen la basura con contenedores traseros y con apoyo manual, tienen su acopio a un costado y lo hacen de manera mecánica levantando unos contenedores especiales anclados al pavimento. Un piloto que solo funcionaría en las comunas 10 y 11 (Centro y Laureles) y tardaría siete años, según Borja porque por las características de los vehículos no sería rentable una operación por un periodo menor a siete años.
Para el proceso Emvarias invitó a cinco compañías a participar pero Themac fue la única que mandó propuesta y lo hizo por un valor muy superior a lo que se pensaba inicialmente: $251.000 millones. En ese punto fue que aparecieron las críticas por el valor, pues una inversión de ese tamaño podía llevar a que los usuarios tuvieran un alza en las tarifas para que fuera rentable. Esto sumado a las voces de expertos que decían que un modelo así funcionaba en ciudades de geografía plana como Buenos Aires o Barcelona, pero no en lugares como Medellín. De ahí que el piloto solo se contemplara para dos barrios de la ciudad. ¿Valía la pena gastarse ese platal para recoger los residuos de solo dos de las 16 comunas de Medellín?
Hasta el exgerente de Emvarias, Carlos Borja, se dio cuenta de que la respuesta era que no y en una junta directiva del 30 de octubre del 2023 presentó un informe en el que aseguraba, entre otras cosas, que “dadas las proyecciones financieras de la empresa y la tarifa aprobada por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (Cra), se considera un riesgo elevado perfeccionar el contrato, pues la tarifa no cubre los costos del proyecto, dejando unas proyecciones financieras desfavorables”. Un día después de presentar ese informe, el primero de noviembre, la junta directiva de Emvarias declaró a Borja insubsistente y lo sacó de la entidad.
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Lo curioso de ese informe es que el mismo Borja, 45 días antes, el 15 de septiembre del 2023, le envió a Camilo Andrés Torres, representante legal de Themac, una carta de aceptación de la oferta por un valor de $199.600 millones al que llegaron después de varias negociaciones. En ese documento quedó establecido que la duración del contrato sería de 2.555 días calendario, sin embargo, había otros aspectos de la negociación que en ese punto seguían pendientes, como el plazo para la entrega de los vehículos, que dependía de que Themac entregara un cronograma y Emvarias lo aprobara. También quedó por definirse la forma de pago del contrato. Además, Themac se comprometía a entregar las garantías y las pólizas del contrato para que este pudiera quedar en firme.
Pues bien, esos pendientes son los que hicieron falta para que un acuerdo que estaba “prácticamente” listo se finiquitara, y ese fue el argumento que utilizó la actual administración para ponerle, primero freno de mano, y después, reversa.
En una presentación al Concejo distrital el viernes de la semana pasada, el actual gerente de Emvarias, Gustavo Castaño, explicó que esa carta de aceptación era “condicionada” y que la empresa no cumplió con las solicitudes que le había hecho la entidad en los plazos que estima la norma. Sin embargo, a pesar de no responder, el 15 de diciembre Emvarias le envió una minuta del contrato a Themac, que a su vez respondió que no estaba de acuerdo con algunos de los aspectos que no se habían negociado y pidió suspender la negociación. Entre enero y febrero de este año, Themac pidió reanudar las negociaciones y la respuesta de Emvarias llegó en abril con el anuncio de la terminación del proceso contractual.
En respuesta, Themac insistió en que ya había acordado un contrato con Emvarias y en consecuencia, el pasado 10 de mayo radicó la petición para una audiencia en la Procuraduría para pedirle al distrito que le pague $26.782 millones. La diligencia ocurrió el pasado jueves 20 de junio y en ella no se llegó a ningún acuerdo.
Desde Emvarias consideran que durante el proceso de negociación hubo cuatro ofertas: dos de parte de Themac (la inicial y la posterior a la etapa de negociación directa) y dos de Emvarias (invitación a ofertar y la aceptación condicional), remitida luego de recibir la segunda oferta de Themac, y que ninguna de ellas fue aceptada plenamente por la contraparte. Themac, dice Emvarias, tenía un plazo de la ley de seis (6) días para aceptar la última oferta si quería perfeccionar el contrato, pero no lo hizo, por lo cual “no se estructuran los elementos de la responsabilidad contractual, ante la inexistencia del contrato y además la improcedencia de los perjuicios solicitados”.
La suma de los $26.000 millones que pide la empresa es por lo que consideran “daño emergente por los gastos incurridos en la estructuración y presentación de la oferta, utilidades dejadas de percibir con el desarrollo del negocio, penalidades y sumas de dinero que se deben reconocer por parte de Themac a proveedores del negocio y daño reputacional”.
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Ahora que no hubo conciliación, lo más probable es que la compañía demande al distrito. Sobre qué tan bien cubierto está Medellín para no perder esa plata, desde Emvarias respondieron que aunque los resultados de los procesos judiciales son inciertos, en compañía de EPM han hecho “un análisis jurídico muy juicioso respecto a la existencia o no del contrato y conforme a la norma se puede concluir que para el mes de abril de 2024, no existía negocio jurídico perfeccionado, lo cual a la luz del manual de contratación es posible dar por terminado el proceso contractual”.