Daniel Quintero extiende sus tentáculos en el gobierno de Gustavo Petro

Sin importar las múltiples denuncias de corrupción y los cada vez más pronunciados choques con líderes del petrismo, los tentáculos del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúan expandiéndose a través de múltiples entidades del Gobierno Nacional.

Luego de su fallida aspiración a la Gobernación de Antioquia y a escasas semanas resultar salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo Taborda, terminó esta semana convirtiéndose en el más reciente exfuncionario de Medellín en lograr subirse al barco del gobierno de Gustavo Petro.

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Con el aterrizaje de Restrepo, quien ahora hace parte del Ministerio de Justicia en calidad de director de Asuntos Internacionales, ya son por lo menos once los antiguos alfiles de Quintero que encuentran refugio en Bogotá tras el cambio de gobierno, sin que a muchos de ellos los afecte una larga estela de controversias y hasta graves señalamientos de corrupción.

Pese a no manejar un perfil muy visible desde su fallida aspiración a la Gobernación de Antioquia, en la que terminó en la cola de candidatos con poco más de 232.000 votos, Restrepo ya había emprendido una avanzada para hacerse a un cargo en la administración central desde hace varios meses.

En los círculos políticos capitalinos trascendió por ejemplo que el exsecretario no solo habría orbitado alrededor del Departamento para la Prosperidad Social, para su desgracia ya en manos del exsenador Gustavo Bolívar, sino hasta en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

Su paso por las oficinas de esta última entidad, según denunció el director de la misma Carlos Carrillo, estuvo por cuenta de varias reuniones en las que, sin ser funcionario de ninguna otra institución, lideró, con otros aliados de Quintero como el representante a la Cámara por Antioquia Alejandro Toro, varias reuniones con alcaldes durante el periodo de Olmedo López.

Según quedó registrado en varias planillas de ingreso publicadas por Carrillo, Restrepo acompañó a encuentros a puerta cerrada a los alcaldes de Andes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí y Segovia, este último uno de los únicos dos municipios en los que ganó en las elecciones pasadas.

Si bien esas visitas fueron presentadas como un supuesto espacio para articular los planes de desarrollo de esos municipios a las políticas nacionales y así conseguir financiación, las mismas coincidieron con la estructuración de unos giros presuntamente irregulares que Carrillo frenó en seco.

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“No tengo ni la más mínima idea, habría qué preguntarles a qué vinieron el 31 de enero (de 2024), cuando ya Alethia no estaba. No sé si vinieron a traer la hoja de vida de la señora Gómez Villegas. Habría que preguntarles a ellos qué fue lo que hicieron, pero hay otra cosa que es bien curiosa y es que ellos vienen con unos alcaldes de Urabá (Apartadó, Carepa, Necoclí y Chigorodó) y el señor Sneyder Pinilla el 29 de febrero le entrega a Corpourabá un fondo de inversión colectivo por $43.500 millones que no es una cifra menor, y ese fondo es básicamente un cheque en blanco y lo hacen de una manera bastante irregular”, denunció Carrillo en mayo.

“El 29 de febrero, cuando Olmedo ya no debía estar aquí, le envían $100.000 millones a Corantioquia, a través de la misma figura, y una de las personas que aparece firmando los certificados de disponibilidad presupuestal dice que nunca los firmó, por lo que ahí podría haber una falsificación. Pero además, la persona que realiza el acto administrativo es un abogado que nunca fue contratado como un abogado sino como ingeniero de sistemas y que nunca le entregó ni el título ni la tarjeta profesional a esta entidad”, añadió Carrillo.

En este punto aparece otra de las antiguas funcionarias cercanas a Quintero que también puso sus pies en Bogotá, la exdirectora del Dagrd, Alethia Arango Gil, quien desde junio de 2023 había asumido como subdirectora para la Reducción del Riesgo.

Pese a que Arango luego fue descabezada, Carrillo aseveró que en la fila para reemplazarla ya estaba parada la exsecretaria de Infraestructura de Quintero, Luisa Fernanda Gómez Villegas.

Aunque al final Restrepo no terminó entrando a la Ungrd ni a Prosperidad Social, su llegada a Bogotá vino por cuenta del Ministerio de Justicia.

Este nombramiento ha despertado de entrada controversia por mostrarse alejado del perfil profesional del exsecretario de Gobierno, quien pese a tener un pregrado en Negocios Internacionales culminado en 2015, una especialización en gerencia terminada en 2021 y estudios de maestría en tecnologías de la información y la comunicación, no exhibe en su hoja de vida preparación académica alguna en el mundo del derecho.

El caso de Restrepo no es el único en despertar este tipo de suspicacias. En semanas recientes otro nombramiento que levantó ampolla en Bogotá fue el del cuestionado exsecretario de Inclusión Social y de Gobierno Juan Pablo Ramírez, otra de las manos derechas de Quintero y considerado durante el gobierno pasado como el hombre que le “cargaba el maletín” al ex alcalde.

Pese a estar enlodado con graves denuncias desde 2021, que lo señalan de haber montado una operación al interior de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín para financiar el proyecto político de Quintero, presionando a funcionarios y contratistas a donar de sus salarios, dichos antecedentes poco importaron al Ministerio de Hacienda para nombrarlo como subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

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Sin todavía terminar de desempacar en Bogotá, Ramírez fue incluso citado el pasado 10 mayo al búnker de la Fiscalía en Medellín en el barrio Caribe, para rendir versión libre por cuenta de una investigación adelantada por ese ente en la que se revisan los movimientos financieros ocurridos al interior de una ONG identificada como El Futuro se Parece a Nosotros, que vendía supuestas membresías a funcionarios y contratistas, pero que presuntamente tendría el objetivo de ir acopiando recursos para la campaña presidencial de Quintero.

Según trascendió incluso a finales de abril pasado, el expediente en poder de la Fiscalía es tan sensible que contiene comprobantes de transferencias bancarias efectuadas por altos exfuncionarios de la Alcaldía como el exdirector de Planeación de Medellín, Sergio Andrés López Muñoz; la exsecretaria de Salud de Medellín, Andreé Uribe; y el exdirector del Inder Medellín, Cristian Camilo Sánchez.

En medio de ese caso, otra exfuncionaria que se sumó a las denuncias por esas donaciones presuntamente irregulares fue la exsecretaria de las Mujeres Ana María Valle, ahora divorciada del proyecto político de Quintero y quien aseguró haber donado dinero a esa misma fundación sin saber para qué serían utilizados los recursos.

Pese a estar también involucrado en ese caso, que además tiene en la Personería una investigación abierta, otro de los funcionarios que por poco logra hacerse a un puesto en la burocracia nacional fue Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social, señalado de participar de esas mismas coerciones y que mandó su hoja de vida a la Agencia Nacional de Tierras, desde donde le dieron un portazo luego de que su postulación se hiciera pública.

Sin embargo, casos como el de Pulgarín bien parecen ser más la excepción que la regla.

Junto a Ramírez, otros dos exfuncionarios que parecieran estar arropados con una capa impermeable a las denuncias desde el Gobierno Nacional son el polémico director de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Wilder Echavarría, y el exvicepresidente de Asuntos Legales de EPM, Johnatan Estiven Villada.

Echavarría, quien ahora es asesor del Ministerio de Minas y Energía, es recordado principalmente por ser uno de los artífices de las modificaciones en el manual de contratación de la EDU, que dentro de sus cambios más sensibles levantó onstensiblemente el tope de la entidad para realizar contratos a dedo, pasándolo de $454 millones a $9.085 millones.

Tal como lo denunció la nueva gerencia de esa entidad, dichos cambios no solo habrían concentrado la contratación en un grupo pequeño de empresas e interventorías con vasos comunicantes, sino que habrían terminado metiendo a la institución en un infierno administrativo que todavía no logra sortearse.

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Pese a que desde entonces Echavarría fue duramente cuestionado, luego pasó a la vicepresidencia de Proyectos e Ingeniería de EPM, dependencia a cargo de proyectos como Hidroituango, y de ahí luego al Ministerio de Minas y Energía.

Villada, quien por su parte llegó a la Aeronáutica Civil con el cargo de director aeronáutico de la regional Noroccidente, también estuvo implicado en otros cambios de manuales de contratación, como el del Hospital General de Medellín, en donde esas movidas permitieron por ejemplo que la entidad tuviera margen para hacer adiciones de hasta el 50% en el valor de los contratos.

Al igual que Echavarría, Villada también terminó en EPM con el cargo de vicepresidente de Asuntos Legales y hasta llegó a ser gerente encargado, justo por los días en los que la empresa se embarcó en el supuesto plan de congelamiento en las tarifas de energía, desmentido por expertos y que agrandó el hueco financiero que dejó el mecanismo de la opción tarifaria.

La lista de nombramientos polémicos también está integrada por otros ex funcionarios como el exdirector de Planeación, Sergio Andrés López, quien además fue una de las cabezas de la estructuración del metro ligero de la 80, hoy sumido en un lío a varios frentes no solo por un faltante de $1,1 billones (compuesto por un desfase financiero de $0,5 billones y una serie de intercambios viales aún no cubiertos por $0,6 billones), sino por tener a uno de sus contratistas inmerso en un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría que ya tiene cargos.

Luego de salir de la alcaldía, López no solo fue precandidato a la misma por el partido Independientes el año pasado, sino que se desempeñó como el gerente de la campaña a la Gobernación de Antioquia de Esteban Restrepo.

Tras esas fallidas incursiones electorales, López fue nombrado asesor del Ministerio de Salud el pasado mes de marzo.

En el grupo de pupilos también aparece la exsecretaria de Salud, Andreé Uribe Restrepo, quien pese a señalar haberse distanciado de Quintero en las pasadas elecciones, figuró como contratista de la Ungrd en diciembre de 2023 y hasta se tomó fotos posando con la camiseta de la entidad.

Esta semana se conoció que Uribe enfrenta una investigación en la Fiscalía por presuntas irregularidades en las adecuaciones que se hicieron en la Clínica de la 80, por la que el municipio es señalado de presuntamente incurrir en un detrimento patrimonial de aproximadamente $12.007 millones.

Otra de las funcionarias nombradas salpicadas en ese mismo caso también resultó siendo nombrada en la Agencia Nacional de Minería. Se trata de Natalia Jiménez, quien no solo se desempeñó como secretaria general de la Alcaldía sino de Telemedellín, este último canal también investigado por presuntamente crear nóminas paralelas y remunerar a contratistas que no trabajan para el ente sino para el partido de Quintero.

Regresando a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) otros dos funcionarios que comparten entidad con el exsecretario Juan Pablo Ramírez se tratan de Edwin Muñoz y Marelbi Verbel Peña.

Mientras Muñoz es recordado por su paso por la gerencia de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), señalada de presuntas irregularidades en contratos y de movidas para atornillar funcionarios; Verbel Peña lo es por su paso como subgerente de esa misma entidad. Muñoz fue nombrado como director de Gestión de Tecnología de la Información y Vebel como directora de Soporte y Desarrollo Organizacional.

Para completar la oncena, la última funcionaria faltante se trata de la exsecretaria de Medio Ambiente Juliana Colorado, quien aterrizó en el gobierno Petro desde diciembre de 2022 en el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) en el cargo de directora regional.

Allí llegó también luego de una gestión que fue criticada en el Concejo por tener un bajo impacto y dejar crecer líos como el mantenimiento de las quebradas de la ciudad.

Pese a tomarse fotos durante sus primeros días, luego de que su nombramiento se hiciera público y en medio de los embates de esa entidad, Colorado posteriormente renunció a su cargo.