Procuraduría requiere al Ministerio de Minas para que explique motivos de inspección a EPM

La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado de atención al Ministerio de Minas para que explique en profundidad los alcances y la justificación de la inspección que en semanas recientes solicitó en contra de EPM.

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El llamado se produjo a raíz de la demora de esa cartera para responder a un derecho de petición formulado por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, quien desde el pasado 12 de marzo había radicado un oficio preguntando por el tema.

Según se lee en el auto de la Procuraduría, pese a que el vencimiento de esa solicitud ya se produjo desde el pasado 19 de marzo, el ministerio aún no había contestado a la petición del congresista.

El pedido de información de Espinal se formuló en medio de una fuerte confrontación entre el gobierno distrital de Medellín y el Gobierno Nacional, que puso en centro de las tensiones a EPM.

La puja se desató desde el pasado 10 de marzo, fecha en la que se hizo pública la decisión de un juez de ordenar el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional por una suma de $83.309 millones.

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Dicho embargo se vinculaba a una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, por cuenta de la demora de la Nación para honrar sus compromisos en materia del pago de los subsidios al servicio de energía.

Este rezago ya había sido denunciado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien habló de un hueco de $1,25 billones en todo el Grupo EPM, con corte al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte entregado entonces, la casa matriz tenía un faltante de $227.000 millones, Chec (filial en Caldas y Risaralda) uno de $62.000 millones; Cens (Norte de Santander) uno de $148.000 millones; Edeq (Quindío) uno de $15.000 millones; Essa (Santander) uno de $117.000 millones; y Afinia (Caribe), uno de $695.000 millones, este último el más grande de todos.

“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, expresó en marzo pasado Gutiérrez, cuando informo del embargo.

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La decisión judicial no cayó bien en el Gobierno Nacional, desde donde, en respuesta a los reclamos de Gutiérrez, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos inspeccionar a EPM.

“En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales”, quedó plasmado en el documento que se filtró a la opinión pública el martes 11 de marzo.

Precisamente en medio de ese pulso, el representante Espinal envió un derecho de petición al Ministerio de Minas pidiéndole entregar los argumentos técnicos y jurídicos ante esa solicitud, sin hasta ahora recibir respuesta.

En su auto, emitido el pasado 26 de marzo, la Procuraduría le dio un término de cinco días hábiles al Ministerio de Minas para responder al requerimiento.