La Procuraduría por fin le puso la lupa a las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra varios funcionarios por establecer del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por presuntas irregularidades contractuales con la fundación Tenarco, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (ARCA).

El Ministerio Público le pondrá el ojo a los convenios de asociación con la fundación, de enero de 2020 a diciembre de 2023, en los que al parecer no se registraron los recursos de carácter obligatorio que debían ser aportados por esta según lo establecido por la ley; por tanto, se confirma si la suma faltante entre los años 2020 y 2021 supera los $6.500 millones.

También, al parecer las contrataciones suscritas con ACOPI, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, equivalen aproximadamente a $8.000 millones, sobre las cuales recaen denuncias de haber sido direccionadas para que su ejecución lo realizaran los directivos de la asociación.

El Ministerio Público corrobora las denuncias sobre los negocios jurídicos entre el Área Metropolitana y el ARCA para la vigencia 2019-2022, por posibles inconsistencias en el pago del 30% que le correspondía al contratista, en posibles pagos a la nómina de la asociación y en el convenio 202 de 2022 por $2.600 millones.

Es pertinente recordar que el ruido y las denuncias por un supuesto entramado de corrupción que estaría saqueando los recursos del Área Metropolitana surgieron desde hace meses. Incluso motivaron una explosiva carta que llegó hasta la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

La carta, con evidencia adjunta, señaló que “se están robando el Área Metropolitana de manera descarada y nadie hace nada para evitarlo”. El documento llegó a la Casa de Nariño a mediados de 2022 con detalles e información que sustentaban dichos señalamientos. Por ejemplo, contenía una compilación de una serie de contratos que se otorgaron sin apertura de concurso entre 2020 y 2022 con las entidades sin ánimo de lucro Tenarco, Arca, Cartama, Acopi y Fundaeventos, los cuales comprometieron recursos por más de $32.000 millones.

Sobre dichos contratos recaen serios indicios de un direccionamiento que obedecería a conveniencias políticas y vínculos familiares. Por ejemplo, Jorge Hernán Usme, director de la Fundación Tenarco, es uno de los hombres fuertes del exgobernador Luis Pérez, quien a su vez es aliado y guía político del alcalde Daniel Quintero y tiene a su sobrina Carolina Murillo Pérez trabajando como contratista del área administrativa y financiera.

En cuanto a Acopi, su director regional para el periodo en el que se suscribieron dichos contratos, es decir, entre septiembre 2020 y enero de 2021, era Gabriel Jaime Rico, perteneciente al círculo cercano de poder de Quintero y recordado por protagonizar el sonado escándalo por presunto mal manejo de recursos en Plaza Mayor cuando fue su director.

Pero el nombre que más suena en este presunto entramado es el de Miguel Quintero, el hermano del alcalde de Medellín y quien según varios funcionarios del Área Metropolitana es quien realmente maneja los hilos y cada decisión que se toma dentro de la entidad. Cabe recordar que el actual director del Amva, Juan David Palacio, comenzó su carrera política al lado de Quintero. Es vox populi que son amigos íntimos. Pero hay otras fichas cercanas a Miguel Quintero como Álvaro Villada -subdirector administrativo y financiero hasta septiembre pasado- y los que posteriormente lo han reemplazado.

La Procuraduría también decidió ponerle la lupa al nombramiento de la jefe de proyectos de la entidad, María Camila Salcedo Soto, por presuntamente incumplir con la experiencia exigida por la ley. El Ministerio Público determinará si el reglamento interno fue modificado para que la servidora asumiera el cargo. Salcedo Soto es una joven ingeniera civil oriunda del Eje Cafetero y que tenía solo 39 meses de experiencia cuando la nombraron jefe de proyectos, gracias a que, efectivamente, se cambió un reglamento que exigía como mínimo cuatro años de trayectoria profesional para ese perfil.

El plus con el que le ganó a otros aspirantes que contaban con la experiencia suficiente y una hoja de vida más afín al cargo fue su estrecha relación con Miguel Quintero.

Los avances en las investigaciones de la Procuraduría podrían romper lo que hasta ahora puede considerarse como un extraño letargo de los entes de control regionales para investigar a fondo lo que ocurre en el Área Metropolitana.

Y es que después de que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República le ordenara a la dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que hiciera una auditoría interna y al tiempo remitió el expediente en su poder a la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, no pasó absolutamente nada. Dicha Comisión es un organismo en el que tienen asiento las cúpulas de las contralorías de Medellín y Antioquia (junto a Fiscalía y Procuraduría), las mismas entidades de control que paradójicamente no han mostrado resultados ni avances significativos en todos los procesos e indagaciones contra la Alcaldía de Medellín y sus entidades cercanas.

En abril pasado la Contraloría de Medellín le respondió a EL COLOMBIANO que no tenía conocimiento sobre la solicitud de la Secretaría de Transparencia de la República. En cuanto a la auditoría interna en el Área, su director Juan David Palacio aseguró que esta no había hallado irregularidades, lo cual es más que extraño porque la información publicada por EL COLOMBIANO el pasado 12 de abril de 2023 demuestra lo contrario.