Vecinos piden terminar contrato de la carpa del Juan Pablo II: aseguran que ocupa espacio público

Tras meses de denuncias y quejas, vecinos de la 70 le enviaron a Metroparques una solicitud de protección de derechos colectivos, en la que le piden que termine el contrato de arrendamiento que tiene con la empresa Cyan Eventos y Logística SAS, que permitió que en el Juan Pablo II se instalara la polémica megacarpa para fiestas y eventos. El argumento es que la estructura ocupa espacio público que hoy no puede ser aprovechado por la comunidad.

Desde que la instalación de la carpa los cogió por sorpresa, a mediados de este año, los residentes de Belén Las Playas se han quejado de que la vida les cambió ante la indiferencia de la administración distrital. Al espacio público que aseguran haber perdido se suma la pesadilla, casi cada ocho o quince días, por cuenta del bullicio, a veces hasta las 3:00 o 4:00 de la mañana, que hace retumbar las ventanas de sus casas y no los deja dormir.

Presentarán acción popular

La solicitud de terminar el contrato es la etapa previa a una acción popular que quieren presentar y fue enviada el pasado 15 de noviembre por Luis Humberto Guidales, de la Veeduría Transparencia y Anticorrupción, a Juan Carlos Gómez, gerente de Metroparques, en representación de los residentes de la zona e integrantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Belén Las Playas.

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Por medio de dicho acuerdo de arrendamiento, Cyan se lucra con la carpa al alquilarla para eventos como fiestas empresariales o presentaciones de agrupaciones musicales. Según los documentos que ha conocido EL COLOMBIANO, la empresa le paga cada mes a la administración por ese espacio $27’370.000 IVA incluido y, a su vez, puede obtener entre $80 y $100 millones por el subarriendo para una sola fecha.

El contrato, que le permite a Cyan usufructuar el espacio desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 30 de agosto de 2026, da cuenta de que se alquilaron dos espacios: uno de ellos denominado Plazoleta de Eventos N.° 1 y el otro, Zona Verde Plazoleta N.° 2.

Según la solicitud ciudadana a Metroparques, el contrato de arrendamiento está inmerso en una presunta nulidad porque parte de lo alquilado por la alcaldía sería espacio público que debe ser para el goce y disfrute de toda la comunidad y no para encerrarlo y alquilarlo a privados.

Por lo menos así lo considera Guidales, quien contó que llevan meses recopilando datos en sistemas públicos que les han permitido conocer las disposiciones sobre uso del suelo en el Juan Pablo II, y lograron determinar que la Zona Verde Plazoleta N.° 2 corresponde, en efecto, a terreno de espacio público que se habría intervenido con piso duro para la instalación de la carpa.

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Según los cálculos que han hecho, la zona verde equivale a unos 4.270 de los 9.300 metros cuadrados que componen el cerramiento con la carpa. “El espacio público como tal es de todos los ciudadanos, y existe una prohibición constitucional sobre que, como es el uso y gozo de todos, no se puede enajenar, vender ni alquilar”, explicó el veedor, quien agregó que cambiar la disposición de un espacio público no es tan simple e implica trámites en el Concejo de Medellín.

Este concepto lo incluyeron en la solicitud al gerente Gómez con la interposición de dos imágenes de la mencionada zona verde. “La imagen 1 es de enero de 2021 y nos muestra la zona verde que, según POT (acuerdo municipal 48 de 2014), es espacio público existente de la ciudad de Medellín; la imagen 2 es de mayo del 2023 y en ella se evidencia que se cambió la zona verde por un piso duro”, se lee en el documento.

En vista de que la Plazoleta de Eventos N.° 1 sí es un lote apto para arrendarse, al no tener categoría de espacio público, Guidales señaló que es posible que se mantenga el contrato, pero con menos metros cuadrados que podrían ser aprovechados por Cyan, que ha alquilado el espacio para eventos de hasta 12.000 asistentes.

Entre los argumentos que presenta la comunidad a Metroparques para que termine el contrato están algunas presuntas irregularidades que se cometieron desde la instalación de la carpa y que constan en respuestas que la misma alcaldía le dio al representante a la Cámara Daniel Carvalho.

Por ejemplo, en el cruce de informes de las entidades competentes en estos casos trascendió que hicieron falta licencias para el montaje y que la estructura no es móvil ni de fácil desmonte, como lo ha afirmado Mauricio Jaramillo, representante legal de Cyan, en tanto que la misma Subsecretaría de Control Urbanístico encontró en una visita al sitio, en mayo pasado, que la estructura metálica estaba “anclada con pernos a estructuras en concreto (zapatas y pedestales)”.

Estos aspectos y las actuaciones de las entidades que tuvieron algo qué ver con el proceso deberá tenerlas en cuenta Metroparques a la hora de responderle al veedor, lo que debería ser en los próximos días. Dependiendo de ello, procederán con la acción popular y, si el caso escala, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si se incurrió en presuntos delitos o faltas disciplinarias en este proceso contractual.

La Procuraduría tiene abierto un proceso por la instalación de la carpa, al parecer, sin permisos ni licencias. Y Jaramillo es uno de los contratistas incluidos por la Fiscalía en la lista de imputados por presuntas irregularidades en otro contrato que también involucra a Metroparques y al Inder. Probablemente, le toque al siguiente gobierno el desenlace de este tema que tiene al borde de la locura a los vecinos de la 70.