Personería abre indagación por contrato de casi $2.000 millones con plata del Presupuesto Participativo de Medellín

En medio de las denuncias por presuntos malos manejos de los recursos públicos en la administración del exalcalde Daniel Quintero, la Personería de Medellín abrió una nueva indagación previa de oficio alrededor de uno de los escándalos más sonados por estos días: la forma como se gestionó la plata de Presupuesto Participativo (PP) en los últimos cuatro años.

Tras el especial informativo publicado por este medio el pasado lunes 22 de abril, en el que se dio cuenta de las presuntas irregularidades que rodearon la ejecución de alrededor de $1,2 billones correspondientes al PP del cuatrienio pasado, el Ministerio Público le puso la lupa a uno de los contratos que mencionamos.

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Se trata del contrato que suscribieron el Colegio Mayo de Antioquia y Asercomunitaria, por un valor de $2.000 millones y con una duración de 45 días, con el fin, entre otras cosas, de que se promoviera en las comunas de la ciudad la oferta académica de las tres instituciones de educación superior del Distrito (Colegio Mayor, Pascual Bravo e ITM). Dicho contrato se firmó hace 16 meses (para ejecutar entre noviembre y diciembre de 2022), pero es una de las actuaciones sospechosas del manejo de los recursos de la gran bolsa del Presupuesto Participativo en la administración Quintero que está revisando la alcaldía de Federico Gutiérrez.

Y ahora también la revisa la Personería, a través de un proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria que apenas comienza contra funcionarios por determinar, y con el que buscan recaudar pruebas para determinar si hubo “un reproche disciplinario”, según explicó

Yenny Serna Montoya, personera delegada 20D.

El mencionado contrato tenía como objeto exacto la “operación logística para incrementar el posicionamiento de la marca Presupuesto Participativo convenio directo y lograr que más personas de las comunas que priorizaron para esta estrategia visualicen en la educación superior de los 3 IES de Medellín, una posibilidad de cambiar sus estilos de vida”.
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Y entonces entra aquí un elemento que llama la atención: aunque en la ciudad existen cientos de firmas con gran experiencia en el campo de la publicidad, el posicionamiento de marca y la logística de eventos, el Colegio Mayor eligió justamente a Asercomunitaria, organización manejada por la familia de Alexis Castrillón, quien es señalado de haberse vuelto todo un experto en cómo se mueve la “maquinaria” del PP, una estrategia que busca que las comunidades elijan en qué se invierte el 5% de los recursos de inversión del plan de desarrollo cada año, pero que parece haberse usado para beneficios particulares.

Esta organización, que efectivamente no es la de mayor experiencia para cumplir el objeto del contrato con Colmayor facturó entonces, en un mes y medio, $1.989 millones, una cifra que cualquier empresa hubiera querido para cerrar el año con la caja llena.

Además de lo curioso de que el contrato se adjudicara específicamente a Asercomunitaria, este medio encontró otras presuntas irregularidades que darían cuenta de cómo tenían gran afán para ejecutar el contrato antes de que caducara la vigencia fiscal del rubro designado. Recordemos que se ejecutó entre noviembre y diciembre, una época en la que la gente está pensando más en Navidad y Año Nuevo que en el objeto de ese contrato.

Asimismo, varias fuentes contaron que se habrían cambiado dos condiciones en el proceso de licitación para presuntamente favorecer a esta organización, dejando en desventaja a otros competidores, incluso con mayor capacidad y experiencia. Y llama la atención que hasta se haya presentado a competir otra empresa que pertenece a la familia de Castrillón.

Ahora, aunque el Colegio Mayor respondió que todo alrededor del contrato se ajustó a las normas y la ejecución al final llegó al 96% “según las evidencias (fotografías, videos, planillas, formatos, entre otros) y los informes presentados a la institución”, la Personería busca determinar si hubo o no irregularidades en el manejo de un recurso tan importante.

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“Esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables”, sostuvo la personera delegada. De encontrar posibles fallas, el Ministerio Público procederá a abrir formalmente una investigación disciplinaria y, “de ser el caso, la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso”.