Las nuevas pistas que emergen en el caso que enloda a Juan Pablo Ramírez
Comprobantes bancarios y nuevos testimonios complican la defensa de una de las manos derechas del exalcalde Quintero.
El reciente aterrizaje de Juan Pablo Ramírez en un cargo en el Ministerio de Hacienda terminó sacando a la luz pública nuevas piezas del caso que lo tiene bajo la lupa de la Fiscalía y la Personería desde 2021 por presuntamente haber liderado una operación al interior de la Alcaldía de Medellín para presionar a funcionarios y contratistas a meterse la mano al bolsillo para financiar el proyecto político del exalcalde Daniel Quintero.
Aunque durante los últimos años los procesos en ambos entes parecieran estar acumulando polvo, en una situación que dicen no entender muchos de los exfuncionarios que decidieron hacer públicas esas denuncias, tres nuevos elementos sensibles aparecieron sobre la mesa.
Las nuevas piezas van desde una serie de comprobantes bancarios en los que varios altos exfuncionarios del gobierno pasado aparecen financiando una cuestionada ONG, el tardío testimonio de una exsecretaria que admitió haber participado de esas donaciones, y dos grabaciones telefónicas en las que quedó registrado cómo una exfuncionaria habría sido puesta contra la espada y la pared para renunciar a su cargo luego de negarse a participar de la cuestionada operación.
A la luz del debate nacional todos estos elementos también han vuelto a poner sobre la mesa las razones que han llevado al gobierno de Gustavo Petro a abrirle la puerta a tantos alfiles del exalcalde, entre los que también se destacan el cuestionado exdirector de la EDU, Wilder Echavarría (ahora asesor del Ministerio de Minas y Energía), y hasta Jhonatan Villada, quien saltó de la vicepresidencia jurídica de EPM a una dirección regional de la Aeronáutica Civil.
Pese a que, en un comunicado de prensa redactado por sus abogados, Ramírez aseguró que el nuevo material estaría supuestamente “lejos” de dar cuenta de una “falta disciplinaria o un delito” y de que nunca habría existido “ningún tipo de coerción para realizar los aportes”, el cerco pareciera estrecharse cada vez más para el exsecretario.
Compañeros de barco
La relación entre Juan Pablo Ramírez y el exalcalde Daniel Quintero se remonta muchos años antes de la llegada de este último a La Alpujarra en 2020. Casi una década atrás, Ramírez comenzó a hacer sus primeros pinitos en política de la mano del exconcejal y hermano del exalcalde, Miguel Quintero, como parte de su unidad de apoyo en el Concejo de Medellín. Una tarea en la que trabajó codo a codo con Esteban Restrepo, otro de los integrantes del círculo más íntimo del exalcalde.
Tras su paso por esa unidad de apoyo, Ramírez comenzó a estrechar lazos con Daniel Quintero, acompañándolo en su paso por el Ministerio de las TIC, cuando fue viceministro, y en 2019, cuando gerenció su campaña a la Alcaldía y se convirtió en uno de los principales cerebros de la estrategia política del Movimiento Independientes.
Durante el cuatrienio anterior, según cuentan múltiples funcionarios que estuvieron bajo sus órdenes, esa cercanía lo hizo conocerse como el hombre “que le cargaba el maletín” al exalcalde; una descripción que se corresponde en varios puestos claves que ocupó: primero fue secretario de Participación Ciudadana, luego secretario de Inclusión Social, luego de Gobierno y hasta alcalde encargado en por lo menos cuatro veces.
Aquel viaje de secretaría en secretaría sólo estuvo interrumpido entre el 22 de marzo de 2022 y el 19 de septiembre de 2022, cuando fue uno de los líderes de una desbandada de secretarios que abandonaron sus escritorios para meterse de lleno en la campaña presidencial y apoyar a Gustavo Petro.
Aunque en medio de ese trasegar Ramírez también se ha visto salpicado por muchas otras denuncias, como la de un supuesto pedido de coima en un contrato ejecutado con recursos del Presupuesto Participativo que hoy es investigado por la Procuraduría y la Fiscalía, el caso más sensible ocurrió a mediados de 2021, cuando Ramírez asumió de Inclusión Social.
El aterrizaje de Ramírez en esa dependencia se produjo en medio de un caldeado ambiente político, cuando uno de los principales aliados del exalcalde Quintero, el concejal Luis Bernardo Vélez, se salió de su coalición de gobierno, poco después de negarse a aprobar una cuestionada reestructuración administrativa del Aeropuerto Olaya Herrera, que la Alcaldía quería convertir en una empresa comercial e industrial del estado.
Dicha ruptura, según señalan fuentes entonces cercanas a lo ocurrido, en el caso de la Secretaría de Inclusión Social se tradujo en la salida de la entonces secretaria Mónica Alejandra Gómez, quien tras liderar una gestión de tan solo 16 meses oficializó su renuncia el 3 de mayo de 2021.
Curiosamente, en una controversia que poco después fue cayendo en el olvido, en declaraciones entregadas a medios de comunicación el día de su renuncia, Gómez no se guardó su sorpresa por cuenta de una publicación realizada por el entonces secretario Esteban Restrepo dos días antes de oficializarla, en la que este salía recorriendo las calles con Juan Pablo Ramírez y presentándolo como secretario de Inclusión Social, pese a todavía no ser oficial el cambio.
Más allá de esa disputa, fue meses después de la llegada de Ramírez a Inclusión que salieron a flote las denuncias de funcionarios de esa dependencia de presuntas presiones.
Entramado de ONG
Los primeros indicios de la presunta operación que se estaría adelantando al interior de la Secretaría de Inclusión Social se conocieron en noviembre de 2021, cuando una exfuncionaria de esa dependencia decidió romper el silencio y denunció públicamente haber sido víctima de presiones para financiar el proyecto político del exalcalde Daniel Quintero.
Se trató de Maria del Pilar Rodríguez, quien para entonces había acabado de renunciar al cargo de directora de la Unidad de Niñez, una de las dependencias más importantes de la Alcaldía, en este caso bajo la sombrilla de la Secretaría de Inclusión, para el restablecimiento de derechos y la protección de los niños más vulnerables de la ciudad.
Según narró entonces Rodríguez, pese a venir desarrollando su trabajo sin tacha alguna, un día terminó siendo convocada a un extraño almuerzo, junto con otros 20 funcionarios aproximadamente, en un apartamento ubicado en El Poblado.
La cita terminó realizándose el domingo 8 de agosto de 2021 y en ella, según Rodríguez, Ramírez mandó a cerrar la puerta y a que todos los asistentes pusieran sus celulares apagados en una caja hermética, para luego pasar a exponer una operación con la que buscaban financiar la campaña a la presidencia de Daniel Quintero, a través de donaciones a una ONG conocida como El futuro se parece a nosotros.
Como parte de esa exposición, Rodríguez aún conserva una carta de presentación de dicha ONG en la que incluso aparecía un tarifario de los valores mensuales en los que debían incurrir los funcionarios y contratistas de acuerdo con su rango.
De acuerdo con Rodríguez, en aquella reunión fue que Ramírez empleó una metáfora con la que le explicó a sus subalternos que todos eran tripulantes de un mismo barco y el que no le siguiera el ritmo al proyecto político del exalcalde sería tirado por la borda.
Tal como lo contó este diario el 8 de noviembre de 2021, luego de verificar la información sobre esa ONG, supuestamente ubicada en un edificio entre las avenidas Oriental y La Playa, los empleados de ese edificio negaban conocer de una organización con ese nombre.
“(...) se han realizado varias reuniones con el equipo directivo y algunos contratistas, todas ellas enfocadas a consolidar el modelo social al que le estamos apostando. Lo que sí debe aclararse es que en ninguna de esas reuniones se ha exigido un aporte económico a favor de la mencionada fundación, ni de ningún otro particular”, dijo Ramírez en declaraciones entregadas a EL COLOMBIANO en enero de 2022.
¿Guardando polvo?
Pese a que tras esas denuncias, tanto en la Personería como en la Fiscalía se abrieron procesos, los años fueron pasando y desde ningún ente se anunciaron decisiones en contra de Ramírez y de otros funcionarios implicados, como el exsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín, quien también habría participado de la operación.
Paradójicamente, en el caso de la Personería, el 22 de febrero de 2024 el ente decidió archivarlo por considerar que no había material suficiente para probar una participación en política por parte de los implicados, en una medida que fue revocada de inmediato cuando llegó un nuevo personero a dirigir el ente.
En medio de ese panorama, en abril pasado, fue que se produjo la llegada de Ramírez al Ministerio de Hacienda, para el cargo de subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Tras su salto al Gobierno Nacional, el caso despertó el interés de algunos medios de comunicación nacionales y fue así que el pasado domingo 28 de abril el informativo Noticias Caracol reveló algunos apartes del expediente que reposa en la Fiscalía, en el que reposaban los comprobantes de transacciones bancarias hechas por varios exsecretarios a esa misma fundación.
Dentro de esos soportes financieros aparecían figuras como el exdirector de Planeación de Medellín, Sergio Andrés López Muñoz, la exsecretaria de Salud de Medellín, Andreé Uribe; el exdirector del Inder, Cristian Camilo Sánchez; entre otros.
Cuando dicho listado se hizo público, la exsecretaria de las Mujeres de Medellín, Ana María Valle –quien se quemó en su aspiración al Concejo pese a ser cabeza de lista del Partido Independientes– admitió en una entrevista con Noticias Telemedellín haber efectuado pagos similares para el Futuro se parece a nosotros, pero esta vez asegurando no saber en qué se utilizó el dinero.
Para salirle al paso a esas críticas, Ramírez publicó entonces un comunicado redactado por su abogado, en el que, en vez de negar dichos aportes económicos (como lo hizo en las declaraciones entregadas en 2022), ahora se mostró dispuesto a “esclarecer” los “hechos relacionados con los aportes que se hicieron a esa fundación”, negando la existencia de presiones contra subalternos suyos.
Tras esas declaraciones, la abogada Gloria Jaramillo publicó dos audios de una conversación sostenida entre el exsubsecretario Juan Daniel Pulgarín y la exdirectora Rodríguez en el que el primero le exigía con premura que radicara oficialmente su carta de renuncia.
Al ser consultada por cómo ocurrieron esas llamadas, Rodríguez apuntó que el afán expresado por Pulgarín para su dimisión no tendría otra explicación que la urgencia por conseguir un funcionario que sí estuviera dispuesto a acceder a sus pretensiones y prestarse al mismo tiempo para presionar a sus subalternos.
Sin importar todos estos ruidos, uno de los interrogantes que salen a flote se vincula a las razones del gobierno Petro para mantener en su silla a estos y más cuestionados aliados de Quintero, que aún siguen ejerciendo funciones públicas mientras en los órganos de control las investigaciones parecieran dormir el sueño de los justos para muchos.