Ya son 96.000 hogares advertidos en Medellín: si derrochan agua van a pagar mucho más
EPM dio a conocer la lista de barrios donde los usuarios no pueden consumir más de 26 metros cúbicos de agua cada mes. Si lo hacen, pagarán el doble por lo que gasten de más.
El anuncio de EPM de que incluyó a 55.409 hogares nuevos de 43 barrios en una lista que ya tenía para cobrarles más si se sobrepasan con el consumo de agua, puso a penar desde ya a unos y a pensar en alternativas de ahorro a otros.
Ya había 41.179 abonados del área metropolitana bajo ese régimen desde enero y el fin de semana, el conglomerado de servicios públicos indicó que incluía en ese poco selecto “club” a otros 55.409, que en general se trata de habitantes de barrios periféricos de la ciudad.
Y no es “mala leche” que sea la gente más vulnerabilidad económica y social, pues el objetivo central no es recaudar más plata, sino desincentivar el consumo de agua en los sitios que están más propensos a la escasez con la sequía producto del fenómeno de El Niño, pues no están abastecidos por los embalses de Río Grande y La Fe sino de quebradas locales que se secan con mayor facilidad. O sea que si los más derrochadores no frenan ese comportamiento, en un momento dado, si las lluvias actuales no logran devolver las fuentes a su nivel normal, tanto ellos como los juiciosos sufrirán de sed.
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A principios de este año, EPM había anunciado que este costo recaería sobre los usuarios residenciales de los subsistemas de acueducto de Barbosa, San Cristóbal y Caldas, pero con los cambios en el nivel de consumo y la disminución de los caudales de las fuentes hídricas, hubo un ajuste en el cálculo.
En consecuencia, la medida se continuará aplicando para esos subsistemas y desde el primero de abril se le sumaron los circuitos La Montaña, La Honda, Villa Hermosa, Versalles y La Cascada, en el oriente de Medellín, lo mismo que Aguas Frías, en el occidente.
Ahora, los nuevos afectados están localizados en los barrios Versalles, N. 1 y N. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José, La Cima, N. 1 y N. 2 S.E., La Avanzada, María Cano-Carambolas S.E., La Salle, El Compromiso, La Esperanza, N. 2, Bello Oriente, La Honda, Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión; Batallón Girardot y Manrique Central N. 1 y N. 2.
También deberán pensarlo mejor antes de abrir sin medida los grifos en los barrios El Pomar, Campo Valdés N. 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés, Barrios de Jesús, Ocho de Marzo, Juan Pablo II, San Antonio, Villa Turbay, Villatina, La Sierra, Villa Lilliam, Santa Lucía Las Estancias y Las Estancias; y en el occidente de la ciudad diferentes sectores de los barrios Aguas Frías, Las Violetas y San Pablo.
El vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, Santiago Ochoa, explicó que el apretón no surge de la misma empresa sino que es una disposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Resolución 039) y que, de hecho, todos los operadores de acueducto del país la deben aplicar.
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Por esa norma, cada ciudad del país, dependiendo del piso térmico en que se encuentre, tiene un límite máximo de consumo, y el del Valle de Aburrá son 26 metros cúbicos, de manera que quienes estén en las áreas vulnerables, como los antes mencionados, no deben sobrepasar ese tope, porque si lo hacen les cobran el doble por lo demás que gasten.
Para entenderlo mejor, se puede tomar un usuario de estrato 4, que no recibe ningún subsidio pero tampoco le cobran sobretasas y por tanto paga el costo a ras del metro cúbico de agua, que está en 4.547 pesos. O sea que si gasta 26 metros cúbicos, le cobrarán $118.222 por lo que marca el contador, más el cargo fijo. Pero si gasta 10 metros más, por cada uno le facturarán un adicional de 9.094, o sea un subtotal de $90.940.
En el caso de las familias de estratos 1 al 3, es decir la mayoría de quienes han sido incluidos hasta ahora, los primeros 13 m3 son subsidiados, otros 13 son a tarifa plena y de ahí en adelante también serán al doble de tarifa plena.
Para el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Javier Gaviria, la tabla no es justa, pues en los sitios de la capital antioqueña donde se ha empezado a aplicar residen las familias más pobres, que por regla general son más numerosas y por tanto consumen más servicios públicos.
También son las áreas más receptoras de desplazados y migrantes extranjeros. Como si fuera poco, la crisis económica desatada tras la pandemia por el covid-19 obligó a muchas familias de una misma parentela a apiñarse bajo un mismo techo y lo mismo está ocurriendo por causa de la llamada gentrificación que puso por las nubes los arriendos.
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“Es injusto que la sanción recaiga sobre esos barrios; hay es que buscar la explicación y que la sanción sea por el derroche, no por obligación del consumo en virtud de una familia extendida”, puntualizó Gaviria.
Por lo pronto, en los barrios donde viven los “nuevos” afectados la noticia ha caído como un témpano de hielo.
Por ejemplo, Blanca Urrego, una habitante de Manrique Central, cuyo último recibo –de marzo- vino por 28 m3 y en febrero marcó 31 m3, se pregunta qué más hacer para rebajar el consumo, a sabiendas de que mete solo cada ocho días ropa a la lavadora, poco utiliza agua para lavar las aceras y está pendiente de acatar las recomendaciones que han dado para enfrentar la sequía que apenas comienza a ceder.
Solo que en su casa habitan seis almas: ella con su hijo, la hermana y el esposo, otro hermano y un sobrino. Entre todos apenas si sobreviven con una venta de parva en el andén de la residencia y con lo que ganan los hombres en oficios varios y esporádicos. “Tras de que cada mes suben los servicios y bien bravo que está esto, y ahora dicen que nos van a cobrar más”, exclamó.
Otro habitante de un barrio que también está en la lista y cuyo nombre se omite porque tiene vínculos con EPM opinó que la medida “es arbitraria, porque conozco muchas familias que se han juntado y viven varios en una misma casa y el consumo depende es de eso”.
No obstante, en su caso, asegura que tratará de ahorrar porque reconoce que tal vez tienen un consumo excesivo ya que son 9 personas –él con su esposa, con dos hijos, una hija y el novio de ella, más la suegra y una hermana con la hija-, se mudan a diario tanto la ropa de salir como las piyamas y, debido a eso, lavan todos los días una, dos y hasta tres veces –cuando cambian la ropa de cama–. De manera que el gasto en promedio son 32 y hasta 35 m3. Su intención es poner una caneca grande en el patio para reciclar el agua de la lavadora.
Según el ingeniero Ochoa, de EPM, la experiencia con el grupo de abonados que lleva tres meses bajo la medida que los lleva a medirse a la hora de abrir el grifo ha sido positiva, pues de los 41.179 los cobros solo han recaído más o menos sobre 1.400, es decir menos del 3% del total.
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“Aquí lo que se busca es promover el uso eficiente, muy responsable del recurso a través de una imposición de esta medida que lo que hace es pedirnos a nosotros recaudar ese dinero y trasladarlo al fondo FONAM (Fondo Nacional Ambiental) y luego ese dinero se distribuye en el país para actividades y estudios, investigaciones y programas encaminados a cuidar el medioambiente”, dijo.
Con relación a la posibilidad de analizar casos especiales, donde el consumo en familias ampliadas no se mida por el grupo sino por individuo, aseguró que no está en sus manos porque se trata de una medida nacional.