Las tres “perlas” que la Contraloría encontró en el presupuesto de la Alcaldía

La Contraloría Distrital de Medellín entregó esta semana el informe preliminar de auditoría financiera y de gestión de la Alcaldía de Medellín durante el 2022. Y si bien lo que más ha llamado la atención del documento fue el capítulo que le dedicaron a los Fondos Fijos del exalcalde Daniel Quintero, donde habría un detrimento de $117 millones con posibles sanciones fiscales y disciplinarias, con el paso de los días han salido a la luz al menos tres hallazgos que serían prueba de un despilfarro de recursos.

1. Los engañosos pasacalles de las tarifas

Es el caso, por ejemplo, de los $165 millones que se gastó la Alcaldía para colgar 250 pasacalles que decían que supuestamente el exalcalde Quintero había logrado congelar las tarifas de servicios públicos de los medellinenses. Esa plata salió de un acuerdo entre el Distrito y Plaza Mayor por $4.160 millones para “la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios y el desarrollo de estrategias de comunicación”. Los pasacalles medían siete metros por 80 centímetros y decían: “Es un hecho: el Alcalde Daniel Quintero congelará las tarifas de los servicios”.

Para el ente de control, la compra de esos pasacalles implica un presunto detrimento patrimonial pues ni el exalcalde Quintero, ni ningún otro, tenía facultades para “congelar” los servicios públicos. La Contraloría calificó el gasto de “innecesario” y fue contundente en afirmar que el mensaje era mentiroso: “Este beneficio (el congelamiento de las tarifas) no se materializó para ningún usuario y por el contrario se presentó una desinformación a la ciudadanía generando falsas expectativas”, se lee en el documento de 249 páginas. De acuerdo con el informe, no solo el exalcalde Quintero sino su exsecretario de comunicaciones, Juan José Aux, se extralimitaron de sus funciones, y por esto deberán responder disciplinaria y fiscalmente.

2. La fiesta de navidad en la Secretaría de Salud

Otra de las “observaciones” de la Contraloría sobre cómo se invirtieron los recursos públicos en Medellín durante el 2022 tiene en la mira a la Secretaría de Salud. Para el ente, en esta dependencia hubo debilidades en la supervisión y una violación del decreto de austeridad en un contrato interadministrativo que se firmó con Metroparques en diciembre del 2022 por más de $3.000 millones para que este seleccionara “un proveedor que desarrolle la operación logística, técnica y administrativa de las diferentes estrategias comunicacionales de la Secretaría de Salud”.

La Contraloría encontró que con la plata de ese contrato, que Metroparques le entregó por medio de invitación privada a la empresa Monta Eventos S.A.S., se pagaron los refrigerios para la novena navideña de la secretaría. De igual forma se reportaron gastos como los refrigerios del equipo de comunicaciones y planeación estratégica de los “eventos de fin de año 2022 y principios de 2023”. También de ahí se sacaron más de $110 millones para comprar “elementos de posicionamiento de marca de la secretaría de Salud de Medellín”, entre los cuales hay USB y botiquines, así como 190 porciones de torta negra y 190 tarjetas para los funcionarios de la Secretaría.

Los gastos de refrigerio y de los eventos de fin de año, dice la Contraloría, no estaban autorizados ni en los estudios previos ni en la minuta del contrato y van en contra del decreto municipal de austeridad del gasto (1198 del 2006) que establece que: “se prohibe la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las secretarías con cargo al presupuesto general de Medellín”. En los gastos de “elementos de posicionamiento de marca”, también se habría violado la ley, pues el mismo decreto prohibe explícitamente la destinación de recursos públicos “para la impresión, suministro, utilización de tarjetas de presentación, conmemoraciones y/o navidad, con excepciones de las que se ordenen o autoricen desde el despacho del alcalde”.

Sobre este caso, la Contraloría concluye que pudieron representar un daño patrimonial, por el que la exsecretaria de Salud, Milena Lopera, tendría que responder fiscal y disciplinariamente por $123 millones que habrían sido malgastados.

3. Souvenirs y refrigerios: $180 millones sin soporte

Los gastos de los eventos decembrinos y los regalos navideños no fueron lo único irregular que encontró la Contraloría en el contrato entre Metroparques y la Secretaría de Salud. De la plata de ese convenio también se pagó una factura de $170 millones para la compra de 2.600 souvenirs para un evento de campaña de prevención de líquidos calientes y pólvora en diciembre. Cada suvenir le costó a los medellinenses $55.000 IVA incluido. Sin embargo, de los 2.600 que se compraron, solo quedó registro de que se entregaron 774, el 29%.

Esto a pesar de que el contratista se había comprometido a entregar las listas con las firmas de las personas que recibieron el recordatorio. Pues bien, hay 1.826 suvenires que no se sabe a quién ni cuándo se entregaron. El valor de estos es de poco más de $119 millones, que también significarían un detrimento patrimonial, y por el cual los responsables también deberán responder fiscal y disciplinariamente.

Para la Contraloría esto es muestra de una pobre supervisión al seguimiento y a la entrega del contrato, una falta de “controles adecuados”.

La Contraloría tampoco ha encontrado el soporte de la entrega de unos refrigerios, que a diferencia de los que se compraron en Navidad, sí estaban estipulados en el contrato. Eran 7.715 refrigerios, de $6.722 cada uno, para entregar en los barrios en el marco de la realización de charlas y talleres sobre estilos de vida saludables. Para el ente de control, “no hay evidencia donde se demuestre que en los sitios donde se realizaron las actividades se haya hecho la entrega conforme a los listados de asistencia requisitos y evidencias tal como se determinó en los estudios previos”.

Si en los cinco días hábiles que tiene la Alcaldía para responder a las observaciones de este informe preliminar, no encuentra evidencia que pruebe que estos refrigerios sí fueron entregados a quienes asistieron a las actividades, los responsables deberán responder por $61 millones.