Las insólitas razones de la Alcaldía para zafarse del feminicidio de la hermana de Susana Boreal

Buscando zafarse de una reparación de víctimas, la Alcaldía de Medellín está envuelta en una polémica por señalar a una víctima de feminicidio de ser la responsable de su propio crimen por “faltar” al “autocuidado”.

En un caso que ha reavivado el debate por los protocolos y capacidades de las instituciones locales para atender los casos de violencia de género, los familiares de la víctima, entre los que está la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Gómez, rechazan que la Alcaldía se rehuse a responder por múltiples negligencias que se habrían cometido en su caso y, por el contrario, haya optado por una estrategia legal que los revictimiza.

Las claves del caso

El comienzo de esta historia se remonta al 8 de noviembre de 2017, cuando Claudia Patricia Gómez Castaño, hermana mayor de la hoy parlamentaria, acudió a la Comisaría de Familia de la Comuna 12 (La América) y denunció a su esposo tras sufrir décadas de maltratos.

Según reposa en los expedientes del caso, luego de sufrir un episodio violento que la llevó a disolver definitivamente su matrimonio, la mujer de 40 años acudió a las autoridades para solicitar una medida de protección por violencia intrafamiliar.

“El 7 de noviembre ella tuvo una discusión con su esposo, con el que tuvo once hijos en una relación de 20 años, en el que él le pegó muy fuerte. Hubo un problema grande en la casa, ellos llamaron a la Policía y él finalmente accedió a irse de la casa. Al día siguiente mi hermana fue a la comisaría y le puso la denuncia”, reconstruye María Clara Gómez, hermana menor de Claudia.

Pese a que en esa diligencia, la Comisaría profirió una resolución en la que ordenó a González mantenerse alejado a una distancia de 200 metros de su esposa, no volver entrar a su casa y pagar una cuota alimentaria para sus hijos, una semana después, el 15 de noviembre de 2017, el hombre irrumpió a las 3:00 de la madrugada en la vivienda de Gómez y con un arma de fuego le quitó la vida frente a sus hijos.

González se entregó luego a las autoridades y posteriormente fue condenado a 33 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas.

Pese a la condena impuesta por un juez, María Clara explica que para la familia este solo sería el comienzo de un complejo proceso, no sólo para asumir la pérdida de su hermana, sino para asumir el cuidado de los hijos que dejó la pareja.

“Han sido cinco años muy difíciles para la familia, tanto psicológicamente, como económicamente”, expresa, señalando que en el proceso para afrontar el duelo, sanar las secuelas que dejó el episodio y apoyar a los hijos que se quedaron sin sus padres la familia se quedó sola.

Además, María Clara señala que la familia quedó con un sinsabor por la forma en cómo las autoridades llevaron el caso, ya que pese a que Claudia tuvo la valentía de denunciar a su pareja, las medidas de protección nunca se desplegaron, ya que la Policía ni siquiera fue notificada.

Sobre este punto, uno de los hechos claves consiste en un oficio que la Comisaría tenía que entregar a la Policía, pero que nunca llegó por problemas logísticos de esa primera entidad, generando que los uniformados nunca fueran alertados de la crítica situación de seguridad de Claudia.

Buscando respuestas por esas negligencias, la familia Gómez interpuso una demanda para ser reparados, que fue admitida en enero de 2020 y que terminó derivando en la insólita respuesta de la Alcaldía de Medellín.

Según se lee en un oficio firmado por el alcalde Daniel Quintero, que fue entregado la jueza administrativa que lleva el caso el pasado 8 de marzo, la administración distrital argumentó que cumplió con su deber al proferir las medidas restrictivas en contra de González Montoya y que habría sido su esposa, Claudia Gómez, la que habría “accedido a verse con él”, “faltando de esta manera al autocuidado”.

En declaraciones entregadas al periódico El Espectador, que dio a conocer el caso ayer, Quintero le endilgó la responsabilidad a la administración de Federico Gutiérrez por el caso, ya que los hechos ocurrieron durante su mandato.

Pese a que el proceso judicial comenzó en 2020, al ser interrogado por ese diario por la revictimización que implicaba la postura formulada por la Alcaldía, Quintero señaló estar de acuerdo “en lo personal” con esa interpretación. “(..) yo tengo que responder lo que planteó Federico Gutiérrez en su administración y lo que quedó consignado como hechos de la Secretaría de Seguridad de ese momento en una defensa judicial”, expresó a ese medio.

Para profundizar en esa versión, este diario consultó con la Secretaría de Seguridad, que señaló que la Alcaldía ya había dado las explicaciones del caso para ese medio y que una respuesta adicional debía tramitarse con el despacho del alcalde.

Por su parte, María Clara Gómez y la representante Susana Gómez, señalaron que al dar conocer su caso buscan que se evidencien los rezagos institucionales y culturales que aún arrastra Medellín para atender las violencias basadas en género.